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La Unidad Penitenciaria Nº 8 —más conocida como cárcel de Domingo Arena por la calle del barrio Piedras Blancas donde está ubicada— fue construida durante el gobierno de Tabaré Vázquez gracias a un acuerdo por el cual fueron alojados los primeros militares y policías procesados por la Justicia por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
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Aunque solamente se conocieron algunos detalles del acuerdo, se supone que el entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, negoció con los militares algunas condiciones, que incluyeron cierta colaboración en la búsqueda de detenidos desaparecidos para no ser extraditados a Argentina, que los reclama por delitos cometidos en ese país. La construcción de la cárcel se hizo en reserva y el establecimiento fue puesto en un régimen especial. Está dentro de un predio militar —el ex regimiento de caballería Nº 6— pero la custodia directa de los detenidos se realiza por parte de funcionarios del Ministerio del Interior bajo la dirección de un comisario.
En la cárcel de Domingo Arena no hay presos civiles, como se dijo al principio que habría. El régimen de visita es amplio y además los internos disponen de mayores espacios que los de otros penales y reciben la comida militar y atención médica.
Uno de los internos, el teniente general Gregorio Álvarez, que tuvo problemas de convivencia con algunos de sus ex camaradas de armas, recibió desde el año pasado un trato aún más especial: fue alojado en una pequeña casa prefabricada exclusiva con más comodidades que el resto.
Entre los detenidos en Domingo Arena estuvo el coronel Carlos Calcagno, un oficial de inteligencia militar acusado de la desaparición de dos uruguayos en Paraguay. Cuando era capitán del batallón Florida, Calcagno fue el jefe de la patrulla que detuvo al presidente José Mujica en el invierno de 1972. Por orden judicial, el oficial recibió el derecho a prisión domiciliaria poco antes de fallecer en mayo de 2013.
“Existe la obligación de garantizar la vida y la integridad física de ellos y de los demás presos. Hay que entender esto, como se entiende que no se puede poner a los policías procesados con el resto de los presos”, declaró el entonces ministro del Interior Juan Faroppa en setiembre de 2006 para justificar la construcción de una cárcel especial.
La entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, también defendió la construcción: “No todos los reclusos son iguales por las distintas características. Un profesional formado en la inteligencia y en la contrainteligencia y un copador de casas de Carrasco, no son exactamente lo mismo en la convivencia”. En la cárcel fueron recluidos, además de Álvarez y Calcagno, los militares retirados Jorge Silveira, Ernesto Ramas, José Gavazzo, Luis Maurente, Ernesto Soca, Juan Carlos Larcebeau, y los policías retirados José Sande y Ricardo Medina. También se encuentran los oficiales en situación de retiro Gilberto Vázquez y Ricardo Arab.
A fines de 2007 se produjeron denuncias que el presidente Vázquez derivó a Berrutti, para que investigara la transparencia del proceso de contratación de la empresa que construyó la cárcel.
El ex comandante del Ejército Carlos Díaz dijo en “El Observador” que la cárcel fue construida con “recursos extrapresupuestales que el Ejército tenía (...) por la empresa del proveedor del Ejército, Eduardo Coronel, a quien la obra se le adjudicó directamente, sin pasar por un proceso licitatorio”.
Coronel estuvo vinculado con el hermano del vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, Gonzalo Nin Novoa. Vázquez, que había autorizado la construcción a instancias del teniente general Díaz, visitó el lugar en diciembre del 2006, cuando las obras estaban casi culminadas.