Un conventillo

No se trata de hechos antojadizos, artificiales, ni generados desde afuera. Son los propios jueces, fiscales y policías quienes los abonan mediante acusaciones, respuestas, aclaraciones y reproches públicos relacionados con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en vigor desde noviembre del año pasado.

La balacera cruzada desde las trincheras es variada: problemas para aplicar el CPP, excesos en la carga laboral, tanto con el nuevo como con el viejo código, la necesidad de modificar algunas normas, la morosidad para aplicar otras, cambios en el sistema de trabajo y en la asignación de funciones, y la falta de coordinación, entre otras.

Poco importa quienes accionan los gatillos porque todos tienen derecho al pataleo y a la libertad de expresión. La cuestión es que esos conflictos, aun dentro de ese marco de libertades, generan perjuicios para el sistema. Desconfianza, incertidumbre.

Algunos priorizan sus intereses mientras la amplísima mayoría no entiende el fondo del debate. ¡Cómo pretender que la gente comprenda problemas complejos si apenas sabe la diferencia entre los códigos procesal y penal! Tampoco les importa demasiado. Cuando las papas queman solo se aspira —y es natural que así sea— a que el sistema los proteja de los delincuentes y que los sancione. Es una inocultable demanda social que trastabilla con los enfrentamientos.

Hay que observar con preocupación una reciente encuesta de Opción Consultores. Dice que 39% de los uruguayos no confían en el sistema judicial para castigar delitos. El 29% confía “poco” y el 17% “algo”, una suma de 85% contra el 12% que confía “mucho”. La Suprema Corte de Justicia irrumpió ante esa información para recordar un argumento del exministro Ricardo Pérez Manrique: hablar de “sistema judicial” no refiere solo a los jueces penales que tienen a su cargo solo el 20% del total del proceso, sino también a los otros actores: fiscales y policías.

Este panorama se asemeja cada vez más a los programas de chimentos: los panelistas superponen sus opiniones, se retrucan, se enojan, pretenden imponer su verdad y en la calle nadie entiende el debate.

¿Realmente creen los jueces, fiscales y policías que los ciudadanos conocen los plazos procesales, qué significa “formalizar” una investigación y los acuerdos entre fiscales e imputados? ¿Tiene la gente información como para diferenciar qué porcentaje de responsabilidad tiene cada uno en el fracaso, o es puro marketing? ¿Acaso imaginan que a la gente le importa si los magistrados tienen mucho o poco trabajo, o en cambio le preocupa su eficiencia? ¿Es posible que alguien entienda las diferencias entre la aplicación de ambos códigos, ya que también en el viejo hay sobrecarga de trabajo? ¿A alguien le interesa si la Policía no sabe si puede actuar sin una orden de los fiscales? ¿Hay fiscalías y fiscales de primera y fiscalías y fiscales de segunda? ¿Pretenden que la gente de a pie entienda esos debates cuando los especialistas estuvieron más de diez años para definir el nuevo código y todavía se discute?

Todo cháchara. La gente pretende soluciones.

El conventillo deja al descubierto perjuicios colaterales. Hace varios años, la contadora Florida Ríos, que fue directora general del Poder Judicial, me comentó, luego de renunciar, que pese a haberse desempeñado durante mucho tiempo en otros cargos en la administración nunca había visto “más chismes” que los que circulaban en el sistema judicial. El Poder Judicial era lo que conocía, pero no era ni es diferente a lo que ocurre hoy incluso entre los fiscales y los policías.

Los enfrentamientos y acusaciones recíprocas han alimentado una ola de rumores, bromas e ironías mediante el boca a boca o por WhatsApp. Unos atribuyen a otros generar líos para beneficiarse luego en la actividad partidaria; alguno se empeña en recordar —con certeza— antecedentes de sumarios con la correspondiente sanción y rebaja de categoría; también, aunque sin identificar a nadie con nombre y apellido, citan casos de acoso entre magistrados. Puede ser cierto o falso, pero de lo que no hay dudas es de que los rumores corren como reguero de pólvora y contaminan.

Aunque haya asuntos que (por ahora) no han cobrado dimensión pública, dañan la seriedad, la credibilidad en los magistrados y en la Policía. Y cuando en una pareja alguien golpea al otro por primera vez, la marcha atrás y la recomposición es casi imposible. Para peor, aquí los golpes se triangulan.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, preocupado por la cuestión, convocará al Parlamento a las tres instituciones involucradas. Afirma con razón que se ha generado “un clima muy malo que solo empeora la situación de inseguridad que se vive en Uruguay”. No será sencillo modificar el actual estado de cosas. ¿Alguien encontrará el camino para buscar soluciones con mesura y prudencia?

?? Vocero no, lector