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En el año 2016 la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) realizó una auditoría interna para analizar la gestión del Hospital de Bella Unión con relación a los controles aplicados a los servicios tercerizados. La empresa de traslados Siemm no formaba parte del objeto de investigación, que se detenía más bien en los servicios de lavadero, vigilancia, mantenimiento de áreas verdes, conserjería y apoyo a registros médicos. Sin embargo, pese a no formar parte de la auditoría, los investigadores señalaron que el gasto aproximado de $ 15 millones en esa empresa “estuvo viciado en su origen, por inhabilitación del Ministerio de Salud Pública, y varios indicios de conflicto de interés”.
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Un año después, en 2017, cuando las irregularidades de Siemm ya habían tomado estado público, ASSE hizo una nueva auditoría de seguimiento a las empresas tercerizadas y nuevamente excluyó a esta empresa de traslados en el objeto de la investigación. Además, según el expediente, el seguimiento se realizó por cuestionarios vía correo electrónico y telefónico y sin concurrir al Hospital de Bella Unión. El caso de Siemm está siendo investigado en Crimen Organizado. Según un informe policial que le fue entregado al fiscal Luis Pacheco, en noviembre de 2013 se advirtió que el Hospital de Bella Unión “no se encontraba capacitado” para contratar a Siemm ya que su entonces director, Marcos García, integraba la sociedad de propietarios de manera informal. El informe policial también reveló que la empresa facturó IVA por duplicado y trasladó a pacientes “inexistentes”. Ambos puntos fueron rebatidos en la Justicia por la defensa de los propietarios de la empresa.