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Mientras el Directorio de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU) impulsa medidas para revertir el deterioro financiero de la institución, sus autoridades tienen entre manos otro asunto polémico: el tope legal a los sueldos altos que ya entró a regir el 1º de enero.
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La Ley de Presupuesto vigente estableció que ningún funcionario de cualquier dependencia estatal o entidades en la que el Estado posee “participación mayoritaria” puede tener un sueldo mayor al de un subsecretario de Estado. Este tema es uno de los que integra el orden del día de la sesión de directorio de hoy, jueves 17, informó a Búsqueda el director Fernando Rodríguez Sanguinetti. Su opinión, que es compartida por otros directores, es que se debe “aplicar la ley” y reducir los salarios en la CJPPU que superan el tope.
“Es un tema difícil”, dijo a Búsqueda el representante de los pasivos, Odel Abisab, porque hay una “colisión” entre dos normas: los convenios colectivos, que impiden una rebaja salarial, y la disposición marcada en el Presupuesto. “Hay derechos que no se pueden avasallar”, comentó.
Para profundizar en este asunto, la CJPPU solicitó dos informes en 2021. Uno al abogado laboralista Mario Garmendia y otro a su Asesoría Jurídica. Los dos estudios concluyen que el artículo del Presupuesto que establece los topes salariales “no es aplicable” a este instituto paraestatal.
Ambos informes fueron enviados al MTSS, pero la interpretación que hacen del artículo en esa secretaría de Estado es diferente, según un documento ministerial al que accedió Búsqueda.Una asesora de la Dirección Nacional de Seguridad Social concluyó –en un nota enviada al titular de esa área, Daniel García Zeballos– que en la disposición del Presupuesto “quedan comprendidas” las personas del derecho público no estatal, una categoría entre las que “se encuentra incluido” el instituto. De esa forma, la CJPPU “deberá dar cumplimiento a la norma legal”, escribió la técnica del MTSS en un informe que pidió que sea enviado a la caja, y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La discusión atañe al sueldo del gerente general de la caja —que en 2020 superaba los $ 700.000 mensuales— y otros mandos gerenciales, lo que ha sido motivo de frecuentes cuestionamientos por distintos órdenes vinculados al instituto.
Medidas
El miércoles 10, los directores de la CJJPU aprobaron por mayoría enviar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una serie de propuestas para concretar esos cambios estructurales. Esos planteos incluyen el aumento de aporte de los profesionales, una “contribución de los pasivos”, la eliminación de beneficios y una cuota anual de quienes no ejercen (Búsqueda N° 2.161).
El ministro Pablo Mieres fijó una reunión para el 22 de febrero con las autoridades de la institución paraestatal para “recibir los planteos” y ver “cuál es el siguiente trámite”, según declaró en la diaria del martes 15. “Es una buena señal que el directorio esté actuando proactivamente en la presentación de las propuestas”, comentó el jerarca, y remarcó la “urgencia” que tiene reformar la CJPPU.
La votación de las propuestas en el directorio de la semana pasada fue seis a uno; el único que estuvo en contra fue el representante de los pasivos. Abisab dijo que no comparte “las medidas que suponen restricción de derechos” porque “son injustas” y significan “un altísimo riesgo para los intereses de la caja”, ya que pueden generar “una corrida” entre quienes aportan de forma voluntaria. Agregó que durante la sesión insistió con su propuesta del período anterior –que incluía la solicitud de un préstamo y hacer una “campaña de captación” entre los posibles afiliados a la caja– para enfrentar la crisis, pero que, esta vez, la mayoría de los directores se opusieron.
El director Rodríguez Sanguinetti, por su parte, sostuvo que las medidas planteadas por Romero son “ideas generales”, pero que ninguna “salva a la caja” sino que “le estiran la agonía”, dijo. En su opinión, se debe tomar una “medida de fondo”: afiliar a “todos los profesionales” al instituto, incluso a los que trabajan como dependientes.
