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    Una estimación preliminar costeó en US$ 11,6 millones el “chiche nuevo” para la reforma salarial dentro del Estado

    En la charla bajo el título Reformas estructurales del servicio civil uruguayo: cambiando un modelo agotado, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, repasó por Zoom ante varios colegas de otros países los avances de esa transformación en la función pública. “Los modelos tienen piedras fundacionales y los paradigmas van cambiando”, alegó, y dijo que Uruguay utilizó uno que “funcionó durante mucho tiempo”, pero no se revisó por “más de cuatro décadas” y hoy enfrenta varios problemas: la desmotivación de los empleados públicos debido a la “terrible” falta de movilidad; pagarles distinto por hacer lo mismo en otra área del Estado; evaluaciones sin “mucho sentido”; y mandos altos designados por confianza política.

    “Hemos optado por ir por un sistema híbrido”, un “mix”, tratando de combinar las garantías del “modelo weberiano (por el sociólogo alemán Max Weber) con la flexibilidad del new public management”, describió el jerarca ayer miércoles 9, en una ponencia organizada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

    Explicó que el actual gobierno está enfocando esa reforma en los ministerios, que con unos 25.000 funcionarios civiles —y 75.000 en total— tiene un peso relativamente menor, “pero es donde están los nervios” de la burocracia pública. En todo el Estado los vínculos laborales superan los 300.000.

    Hay un modelo que es “necesario reinventar y que está agotado”, enfatizó Ramos.

    Entre los problemas actuales están las “importantísimas diferencias salariales” derivadas del hecho de que el sueldo base no es más de la cuarta parte del total y el resto son compensaciones que varían según el organismo, indicó. Además, dijo, la administración central remunera mejor las “ocupaciones básicas, con poco valor agregado”, y menos a las de mayor valor, lo que hace difícil captar y retener especialmente a los jóvenes y a los más capacitados.

    Hay, por otro lado, “problemas funcionales” a raíz de que casi 68% de los empleados no tiene un “descriptor de lo que hace” como tarea, y se los categorizan en escalafones según la cantidad de años de estudio. Tampoco se conocen sus perfiles. Según Ramos, la consecuencia es que los ministerios “tienden a requerir” personal sin saber qué necesitan, lo que deriva en un “incremento inercial de funcionarios públicos”.

    Contó que, tras casi dos años de trabajo para ir a “otra lógica”, la ONSC llegó a la descripción de 126 ocupaciones. Para cada una, se definirá una escala salarial única aplicable al personal que ingrese a partir del 2023. “Estamos salarizando casi 1.000 compensaciones. Es un estudio brutal”, señaló.

    Parte del análisis relacionado con ese aspecto de la reforma implicó calcular los costos de esa transición. “(Se buscó determinar) Cuánto nos iba a salir este chiche nuevo. Nos sale 0,02% del PBI, o sea que es fiscalmente sostenible avanzar hacia este modelo. Porque lo que estamos haciendo más es salarizando compensaciones. La nueva persona que entre en 2023, entra en la nueva escala de ocupaciones”, explicó.

    Tomando el dato del PBI anual a setiembre, el costo de esa transformación indicado por Ramos son unos $ 503 millones o US$ 11,6 millones. Ese monto —una estimación“muy preliminar”, acotó una fuente oficial— abarca a la administración central, excluyendo a policías, militares y el actual escalafón de servicio exterior.

    El jerarca se había referido a la cuestión del costo en declaraciones a Búsqueda en julio del año pasado. “La proyección que tenemos del neto es un gasto en el período t0, donde nadie pierde salario y en todo caso habrá que acomodar algo, y ahorros en el t1, t2, t3, hasta que se llega a la situación a que se les paga a todos lo que corresponde” por las nuevas ocupaciones definidas (Nº 2.133).

    Por otro lado, Ramos planteó que también hay deficiencias en las evaluaciones del personal y hoy “la tendencia es a calificar a todo el mundo con el máximo”, lo que “no tiene mucho sentido”. Agregó: “Estamos yendo a un sistema donde eliminamos los puntajes”, y lo que habrá será “compromiso de gestión con los funcionarios para reducción de brechas de competencias”. Eso se implementará a través de un proyecto de ley que se enviará próximamente al Parlamento, como “primera parte” de “un cambio de paradigma muy importante en este tema de evaluación”.

    Mandos altos

    A nivel de jerarcas, más del 80% son funciones dadas mediante designación directa. Eso supone un “problema enorme desde el punto de vista de la meritocracia y la carrera”, sostuvo el director del ONSC.

    “En este período de gobierno no nos hemos dispuesto a dar una batalla para disminuir los cargos de confianza a nivel ministerial (…). Sí en el nivel más abajo, las gerencias que dependen de esos directores nacionales (…), que en los últimos 15 años fueron designados directamente por confianza política o personal, y se eliminaron los concursos”, afirmó. “Estamos tratando de restablecer los concursos a nivel de esos cargos, del cuerpo gerencial jerárquico”, que estarán atados a compromiso de gestión y podrán ser removidos, insistió. “Esa es nuestra apuesta a la alta dirección pública”.

    Gasto e investment grade

    En el espacio de preguntas, desde Argentina le inquirieron sobre qué aplicación tuvo el decreto que, al inicio del período de gobierno, limitó a un cargo de cada tres los que pueden ser cubiertos ante la vacante o fallecimiento de un funcionario.

    El “tres por uno” funcionó como forma de frenar el gasto, sin dejar “desmanteladas áreas clave” del Estado, valoró. “Eso —añadió Ramos— tenía que ver con contención de gasto público y racionalización de la gestión humana”. Se explayó: “Teníamos hace unos 15 años atrás el 17% de la PEA (población económicamente activa) como funcionarios públicos; hoy estamos en cerca del 20%. Con un déficit fiscal que se consideró insostenible si queríamos conservar el grado inversor” —o investment grade—, se adoptó ese decreto, salvo para el personal de seguridad, salud y educación, repasó.

    Según el jerarca, Uruguay es el único país con su ratio de deuda en relación con el PBI que logró conservar el investment grade durante la pandemia de Covid-19.