Una nueva era política y legal asoma en las Américas para los gays

Rita Segato, una antropóloga argentina fundadora del núcleo de estudios sobre diversidad sexual en la Universidad de Brasilia, dijo que suele haber una “dimensión electoral” asociada a los temas de derechos gays. “Esas personas son votantes y la estadística muestra que en realidad son minorías importantes en términos electorales”, explicó en diálogo con Búsqueda.

Claro que hay importantes diferencias en estos temas entre América Latina y Estados Unidos (EEUU), donde el movimiento por los derechos gays existe desde fines de los años 60, cuando su objetivo primordial era que se establecieran normas anti-discriminatorias. Aunque en el país del norte este tema está enmarcado hoy en la denominada “guerra cultural” entre liberales y conservadores, la afirmación de Obama a la cadena ABC en cuanto a que “las parejas del mismo sexo deberían poder casarse” representó un mojón histórico para la causa de los homosexuales. Esta semana, la revista Newsweek publicó en su portada una foto de Obama con una aureola en los colores del arcoiris que identifican a esa comunidad y un título polémico: “El primer presidente gay”.

Ya hay ocho estados de EEUU. donde el matrimonio homosexual es legal, pero hay otros estados donde ha sido rechazado o se ha votado para prohibirlo, como ocurrió a comienzos de mes en Carolina del Norte, en una señal de cómo el tema divide a ese país.

Pero algunas partes de América Latina recientemente se han aproximado o incluso han ido más lejos en estas cuestiones que su vecino del otro lado del Río Bravo. El caso más notorio es Argentina, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo y con derecho a la adopción de hijos fue legalizado en 2010. En Ciudad de México también es permitido desde diciembre de 2009, con el aval de la Suprema Corte de Justicia mexicana, que este año desestimó un recurso contrario a esa habilitación presentado por los estados de Jalisco y Baja California.

Otros países latinoamericanos han autorizado las uniones civiles homosexuales. El primero en hacerlo fue Uruguay, con su ley de “unión concubinaria” de 2007. En Brasil, el país con más católicos, la “unión estable” de personas del mismo sexo fue reconocida como entidad familiar hace un año por el Tribunal Supremo (que sin embargo evitó tomar una posición respecto al matrimonio) y en junio se celebró el primer casamiento civil homosexual, en São Paulo, e incluso ha aumentado la cantidad de iglesias dirigidas a creyentes gays. En Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido recientemente beneficios de seguridad social a parejas del mismo género. La Constitución ecuatoriana rechaza la discriminación por orientación sexual desde 1998. El asunto también se volvió tema de discusión electoral el año pasado en Perú, donde el actual presidente Ollanta Humala prometió garantizar la igualdad de derechos de personas más allá de sus preferencias sexuales y obtuvo el apoyo de organizaciones gays.

La ola de estos cambios ha tomado una dimensión tal que incluso el ex mandatario cubano, Fidel Castro, ha procurado ajustarse a la misma medio siglo después que su gobierno comunista emprendiera una campaña de persecución a los homosexuales, tachándolos de “contrarrevolucionarios” y enviándolos a campos de trabajos forzados. En una entrevista con el diario mexicano La Jornada publicada en 2010, Castro asumió su responsabilidad por esos hechos, admitió que “fueron momentos de una gran injusticia” y dijo carecer de “ese tipo de prejuicios”. Su sobrina Mariela Castro, una sexóloga hija del actual presidente Raúl Castro, sugirió el fin de semana al encabezar una marcha contra la homofobia que su padre es favorable a las uniones civiles entre homosexuales. El Partido Comunista que controla la isla decidió este año terminar con la discriminación por la orientación sexual, pero los activistas sostienen que eso está lejos de ocurrir.

“Guerra de Dios”

Las modificaciones políticas y jurídicas en América Latina respecto a la homosexualidad han contado con una oposición activa de la Iglesia Católica. En Argentina, un cardenal llegó a definir la campaña de oposición al matrimonio del mismo sexo en 2010 como una “guerra de Dios” y en México se advirtió que los homosexuales que se casaran en la capital quedarían “al margen” de la institución religiosa. También han sido organizadas manifestaciones contra ese tipo de uniones.

Un estudio realizado en 2010 por el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (LAPOP por sus siglas en inglés) de la universidad estadounidense de Vanderbilt concluyó que las opiniones sobre el matrimonio del mismo sexo en la región varían de acuerdo al grado de religiosidad de las personas: los más creyentes tienden a estar más en contra. Aunque en general el nivel de respaldo latinoamericano a ese tipo de uniones es menor al de EEUU, la encuesta arrojó que Argentina y Uruguay llegaban a superarlo. El trabajo también encontró evidencia de que el desarrollo económico y el grado de educación de los países “aumenta la tolerancia por los derechos de los homosexuales”.

Esta semana, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) acusó a la Iglesia Católica de transmitir posiciones fundamentalistas a las sociedades respecto a estos temas. El informe señaló a Europa como la región del mundo donde los derechos de los homosexuales son más atendidos, mientras que en otras partes los gays son castigados, en cinco países incluso con pena de muerte. Respecto a América Latina, ILGA expresó inquietud por el aumento de los casos de violencia contra los homosexuales, en particular en Centroamérica. También notó que los reconocimientos recientes de derechos en la región han surgido más bien desde la justicia y pidió a los países que legislen contra la homofobia para evitar que esos crímenes queden impunes.

Eso fue lo que hizo Chile con su nueva ley, que aún debe ser promulgada, donde se tipifica como un delito la discriminación de las personas en función de su orientación sexual, raza, etnia, religión, género, apariencia o capacidades. “Es un cambio cultural tremendo en el país”, definió el senador oficialista Alberto Espina en alusión a la norma, que muchos definen como “ley Zamudio” por el homosexual de 24 años muerto con traumatismo de cráneo, fracturas y esvásticas marcadas en su cuerpo con objetos cortantes.

Esta misma semana, miles de homosexuales se congregaron en Santiago para celebrar la aprobación de ese cambio legal y reclamar nuevas medidas de igualdad. Aunque el presidente Piñera sostiene que el matrimonio debe ser exclusivamente entre una mujer y un hombre, también ha presentado un proyecto para regular las uniones de hecho entre parejas de diferente o del mismo sexo. “Existen múltiples formas y expresiones de familia”, declaró.

La ley aprobada en Argentina señala que cualquier persona está habilitada a cambiar su nombre, sexo y foto en su documento nacional de identidad, para garantizar “la vivencia del género tal como cada persona la siente, corresponda o no con el sexo asignado en el nacimiento”. La ley (votada el mismo día en que el Congreso de ese país sancionó otra norma que regula la “muerte digna” de pacientes terminales admitiendo su derecho a rechazar procedimientos médicos) permite que los mayores de 18 años se sometan a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales de cambio de sexo y establece que los centros de salud públicos o privados deben garantizar esos derechos.

Germán Lodola, profesor de ciencia política en la universidad argentina Torcuato Di Tella y uno de los coordinadores de la encuesta de LAPOP, dijo que es posible ver en la región “una especie de ola en la dirección de los reconocimientos de las minorías, que no se había dado antes”. Pero advirtió que la situación varía en cada país en función de elementos como el grado de secularización de las sociedades o el peso político de grupos religiosos como los evangélicos, que en Brasil tienen una bancada poderosa en el Congreso. A su juicio, la pregunta es en qué medida los gobiernos serán capaces de transformar estos temas que se han instalado en la agenda en políticas públicas concretas. “Hay países que van a ser muy resistentes en incorporar este tipo de cuestiones”, sostuvo Lodola en diálogo con Búsqueda. “Haciendo un ejercicio de proyección, veo que va a haber un avance en esa dirección, pero también va a haber claroscuros”.