—Luego de algunos años de mejoras, el índice de Gini (indicador de desigualdad) se estancó. ¿A qué pudo deberse eso?
—Allá por 2013-2014 el índice dejó de caer, efectivamente. Eso seguramente venga dado porque las políticas redistributivas agotaron su efecto —una parte de ellas tiene efectos que son por única vez, salvo que sufran modificaciones— y, además, se dio de la mano con que la economía empezó a crecer más lentamente, y también los salarios.
—¿O sea que el mercado de trabajo puede ser un determinante de este estancamiento?
—Sí, ciertamente. Los salarios son una parte muy importante de los ingresos de la población. Entonces, lo que suceda con el mercado de trabajo es de máxima relevancia. Y naturalmente el crecimiento económico, si bien no es condición para la reducción de la desigualdad, sí la facilita, porque en la medida que la torta crece, la reducción de la desigualdad no se convierte en un juego suma cero, en el cual para que unos ganen otros tienen que perder. Hay que tener en cuenta igual que también lo que suceda con los ingresos por capital es relevante. Es en esta combinación de factores donde se termina resolviendo el partido de la desigualdad.
—Como en todo mercado, a mayores precios menor demanda. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre salario real y empleo?
—El equilibrio va a depender muchísimo de en qué fase esté la economía. Hemos visto episodios en la economía uruguaya de crecimiento del empleo y de los salarios simultáneamente y por períodos prolongados. Hay que estudiar cada sector en particular, cuáles son las condiciones, y no creo que haya que plantear como una verdad revelada que cualquier crecimiento del salario real va a implicar una caída del empleo. Ese trade-off puede no ser tan evidente en todos los escenarios.
—¿La productividad es un factor para incorporar?
—Si, naturalmente. Un componente del salario real tiene que ver con la productividad. Eso es muy claro y es una cosa que tiene que ser parte de la negociación. Creo que nadie se opone a ese punto. El asunto es que, si estamos preocupados por la pobreza, por la vulnerabilidad, por las cuestiones asociadas a la desigualdad, no es la única consideración que hay que hacer: si los salarios crecen al mismo ritmo que la productividad o el PBI (Producto Bruto Interno), la relación entre capital y trabajo se va a mantener estable en el tiempo.
—¿De qué forma y hasta dónde debe intervenir el Estado en busca de este equilibrio?
—El Estado debe intervenir muy fuertemente, porque justamente es un espacio de resolución de conflictos, pero además un espacio en el que se define buena parte de lo que van a pautar las condiciones de vida de la población. Por tanto, el Estado tiene que tener un rol fundamental de mediación, pero a la vez de pautar patrones de crecimiento económico que sean en beneficio de la mayoría.
—¿Ve en la negociación por empresa una solución?
—Esa es una discusión muy grande. Como regla general, cuanto más centralizada sea la discusión es mejor, en la medida que logra internalizar más adecuadamente los problemas agregados de la economía, de forma tal que ninguna pauta se desalinee de los objetivos generales de la economía y de poder promover el crecimiento del empleo. Parto de la base de que es más justo, y a la vez más eficiente, negociar a nivel un poco más centralizado que de empresa.
—Recién relacionaba los ciclos económicos, y en que fase se esté, con cómo se desarrolla el mercado de trabajo. ¿La indexación de los salarios a la inflación es un problema en algún punto?
—Es que la indexación de los salarios es lo que justamente permite que no haya una pérdida de poder adquisitivo del salario real. En ese sentido no, no lo visualizo como un problema...
—Porque, a la vez, puede causar problemas de empleo...
—En ese caso es donde se pueden procesar, a través de la negociación colectiva, caídas de salario ordenadas de forma de asegurar el empleo, pero (solo) si es condición para asegurar que el empleo no se reduzca, que tampoco parece ser el escenario en el que estamos ahora. La salida tiene que ser muy negociada, muy conversada, y en ese sentido la negociación colectiva es un elemento muy importante.
—Ahora el Poder Ejecutivo propuso un año “puente” en los Consejos de Salarios. ¿De qué forma cree que puede afectar los niveles de desigualdad?
—Este 2020 va a ser el primer año después de muchísimos años en el cual la desigualdad presente un incremento marcado.
Los anuncios que se han hecho públicos hasta ahora dan cuenta de una voluntad, al menos del gobierno, de una reducción del salario real, al menos por un año. Una caída del salario real con incremento del desempleo —que es probablemente el escenario donde vamos a estar parados en este 2020 y 2021— va a redundar casi automáticamente en un incremento de la desigualdad. Eso es una muy mala noticia.
—¿Cómo evalúa las acciones que está tomando el gobierno en este sentido?
—Del punto de vista de la temporalidad el gobierno actuó muy rápido, y eso está muy bien. Primero, porque es más efectivo y, además, mucho más barato. Eso lo aprendimos en la crisis de 2002. Ahora, la suficiencia de las medidas es mucho más cuestionable: las transferencias monetarias son muy acotadas. Son políticas que no van a lograr mover la aguja ni de los hogares ni de la economía en su conjunto.
—¿A qué mecanismos se puede recurrir para poder financiar estas mayores transferencias?
—Uruguay cuenta con líneas de crédito contingente con organismos multilaterales de las que podría hacer uso para financiar estas transferencias monetarias en lo inmediato. Evidentemente, esto va a requerir, después, procesar alguna reforma tributaria para poder financiar este tipo de políticas. La respuesta adecuada sería secuenciarlo de esta forma: endeudamiento para financiar la crisis, reforma tributaria para financiar el endeudamiento.
—Una vez pasada la crisis, ¿qué flancos debería atacar el gobierno si se busca retomar la senda de caída en la desigualdad?
—Hay una primera preocupación que es reactivar el crecimiento económico, el incremento de los niveles de empleo y la disminución del desempleo e incremento del salario real. En esos tres elementos hay una pata muy importante de una trayectoria futura de reducción de la desigualdad a la que hay que sumarle otro conjunto de cosas muy importantes. En particular, un refuerzo de las transferencias monetarias a los hogares más vulnerables y modificaciones en el régimen tributario. En esos elementos hay tres ejes grandes de trabajo en los cuales podríamos avanzar como país para retomar una senda de reducción de la desigualdad en el Uruguay.
—Desde el gobierno y algunas consultoras se habla de una recuperación económica en “V”. Si esto se confirma, ¿es posible revertir también de forma rápida los efectos que haya tenido esta crisis del Covid-19 sobre la desigualdad?
—Primero, ojalá sea en “V” la recuperación: yo creo que es un supuesto optimista, dado el escenario. Si es así, el efecto sobre la desigualdad dependerá de si se recuperan en “V” todas las variables. Porque suele suceder que los salarios reales caen igual de rápido que el PBI, pero crecen mucho más lento posteriormente, salvo que haya una actuación decidida por parte del gobierno, de que acompañen. Si la recuperación del PBI se traduce en recuperación en “V” de los ingresos de los hogares, podemos tener un escenario en que al menos neutralicemos buena parte de los efectos negativos o transitorios de esta crisis.
Resultan a veces contradictorios algunos discursos que ponen mucho énfasis en la pobreza y desigualdad, pero a la vez se oponen a cualquier agenda redistributiva. Insisto: el crecimiento económico importa, pero no es suficiente. Para que una persona con ingresos de $ 20.000, por ejemplo, los duplique, se requieren 30 años de crecimiento económico al 2,5% ininterrumpidamente. Incluso en ese escenario —que Uruguay nunca experimentó—, a la gente con ingresos muy bajos le estamos diciendo: “bueno, ta, vas a tener que esperar una generación entera para llegar a un ingreso que sea mínimamente razonable”. Es decir, apuntar solamente al crecimiento económico es efectivo pero es muy lento. Una agenda que de verdad tenga preocupación por la pobreza y la la vulnerabilidad debe incluir un componente redistributivo.
—¿Ve una preocupación del gobierno por estas cuestiones?
—La desigualdad como variable objetivo de la política es problemática porque requiere de esfuerzos concertados. No de un ministerio, no de una parte de la política pública, sino del conjunto de las políticas públicas. Reducir la desigualdad es muy difícil: para hacerlo hay que tenerlo entre ceja y ceja. En ese sentido, salvo que haya una voluntad explícita, muy vigorosa, va a ser muy difícil que efectivamente se confirme. En principio no parece ser esa la voluntad manifiesta, hasta ahora, del gobierno.
—Antes dijo que las políticas a favor de la equidad se fueron agotando. ¿Falló la administración del Frente Amplio en este sentido?
—Eso es parte de una evaluación que tendrá que hacer la propia fuerza política y, más en general, la sociedad uruguaya. Lo que sí hubo de alguna forma fue una cierta noción de que la desigualdad había caído, la pobreza había caído, y por lo tanto eran problemas que habían pasado a un segundo plano. En ese sentido, sí creo que hubo una desatención al problema de la desigualdad.
Vamos a tener que apuntar a un conjunto de políticas que no dependan de un solo gobierno, que sean políticas de largo aliento, porque esto es un partido que se juega en el largo plazo. Pero el largo plazo y el corto plazo empiezan el mismo día.