Una vez aprobada, el gobierno quiere explicar el alcance de la ley para personas trans y pide paciencia para poder aplicarla

La ley generó polémica no solo en el Parlamento. Se recolectaron firmas en contra y a favor del proyecto. Desde el Partido Nacional, hubo voces contrarias a la iniciativa y se denunció que con esta medida se está privilegiando solo a una parte de la población.

A diferencia de lo ocurrido en el Senado, donde solo votaron a favor el Frente Amplio y el Partido Independiente, en Diputados también hubo apoyos de legisladores blancos, colorados y de Fernando Amado.

La ley tiene por objetivo asegurar el derecho de las personas trans a “una vida libre de discriminación y estigmatización”, para lo cual se plantean “mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación”.

En la ley se incorpora la variable “identidad de género” a todos los sistemas oficiales de recolección de datos, como encuestas continuas de hogares y censos.

Se establece además que toda persona podrá solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre y una reparación pecuniaria para todas las nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que “acrediten en forma fehaciente que por causas relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral o físico”. Esa partida mensual será de tres Bases de Prestaciones y Contribuciones ($ 11.544 al valor actual) y se otorgarán becas y apoyos para que ingresen en el sistema educativo.

El director de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, dijo a Búsqueda que las becas y apoyos para estudiar son los puntos que más rápido se podrán implementar.

Aseguró que es probable que a fines del año próximo haya personas que puedan estar recibiendo la prestación especial. “Tenemos que determinar qué vamos a definir como pruebas fehacientes junto con el Ministerio del Interior. Hay lugares donde las anotaciones o los legajos son muy claros, que tienen precisión, pero en otras localidades del interior no”.

Otro tema será la posibilidad de ingresar al Estado mediante cupos. Graña explicó que durante el año electoral no pueden ingresar personas al Estado. “Eso hará que el artículo que obliga a los organismos estatales a tener un 1% de trabajadores trans no pueda ser aplicado hasta el próximo período de gobierno. Esa situación la tenemos que comunicar muy bien y muy responsablemente. En su momento, una de las premuras de que se aprobara esto era para hacer el ejercicio de aplicar la ley en algunos organismos del Estado para comenzar la implementación en esta gestión. Pero los tiempos fueron estos y nos dejan con escasísimos márgenes para hacer un llamado”, manifestó Graña. El jerarca dejó en claro que “no puede pasar que la implementación frustre a las personas”.

Salir a explicar.

Uno de los artículos más polémicos del proyecto era el referido a la posibilidad de iniciar tratamientos quirúrgicos por parte de personas menores de 18 años. Para poder realizar esta intervención se necesitará la autorización de los padres o tutor legal. Graña dijo que se debe explicar a la población cómo se realizarán estos tratamientos. Coincidió con el diputado De los Santos respecto a la necesidad de explicar el alcance de la ley y “por qué era necesaria”.

“Hay un sector mayoritario al que le puede preocupar si la ley es justa o necesaria; después hay otro que por más que les comuniques, no van a estar de acuerdo. A esta última población no hay que dirigirse, porque hay personas que no creen que los trans deben tener derechos”.

Durante el debate en Diputados, De los Santos admitió que lo que estaban votando tal vez “no represente a la mayoría de la sociedad uruguaya”.

“Quizás, como sucedió en la marihuana, la decisión de la mayoría parlamentaria abrió un debate y permitió que la sociedad evolucione y hoy haya un 50% de acuerdo. Yo creo que estamos dando un paso parecido en materia de derechos y cuando pase el tiempo veremos la dimensión real de lo que estamos decidiendo”, dijo.

En el caso de la producción y comercialización de la marihuana, luego de casi seis años de aprobada la norma, se revirtió la visón negativa de la población. En marzo de este año se supo que el 44,3% de los uruguayos está de acuerdo con la ley, mientras que el 41,4% está en desacuerdo, según un estudio de la consultora Factum contratado por Monitor Cannabis en coordinación con investigadores de la Universidad de la República, la Universidad Católica, la Universidad de California, la Universidad ORT y el Observatorio Uruguayo de Drogas. Encuestas anteriores reflejaban un rechazo a la ley que rondaba el 60% y 70%.