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Tras haberse llegado a un acuerdo preliminar con Panamá para implementar un intercambio automático de información sobre cuentas financieras, que estará en condiciones de quedar operativo en setiembre próximo, el gobierno uruguayo excluirá a ese país de su lista de “paraísos fiscales”.
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La decisión está enunciada en un decreto fechado el martes 24, que de todos modos está condicionada a dos medidas que debe tomar el Poder Ejecutivo panameño. Primero, que identifique y notifique a Uruguay como socio para el intercambio automático de datos bancarios con anterioridad al 15 de mayo de 2018, y que dicha información incluya la correspondiente a 2017. Segundo, que saque al país de la lista de “retorsión” emitida el mes pasado a modo de “contraataque”.
Uruguay tiene a Panamá en su nómina de jurisdicciones con baja y nula tributación junto a países como las Repúblicas de Malta, Mauricio y Chipre, Grenada, las islas de Man, Vírgenes Británicas, Antigua y Barbuda, Bahamas, entre otros que en total superan la treintena. El decreto de 2009 que instauró dicha lista prevé que sean sacados cuando se establezca la vigencia de un acuerdo de intercambio de información y que, además, por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de datos del fisco uruguayo. La Dirección General Impositiva está facultada a ampliar esta nómina.
La “retorsión” prevista por el gobierno panameño contra Uruguay “no es proporcional, porque excede lo tributario y va a temas arancelarios, lo que afecta el comercio exterior y llega a medidas migratorias y laborales contra los nacionales uruguayos”, había evaluado en Búsqueda Rodrigo Barrios, director del Departamento de Asesoramiento Impositivo de EY Uruguay (ver Nº 1.962). “El ojo por ojo no le sirve a Panamá ni a los otros países”, agregó.