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    Uruguay debe pensar en sustentabilidad y digitalización al orientar sus inversiones en infraestructura, afirma un experto

    Aunque Uruguay “verifica” actualmente todos los ítems que hacen a un país “atractivo” —estabilidad, seguridad de los contratos y claridad de planes–, puede mejorar en ciertos aspectos. Por ejemplo en el último punto, que refiere al grado de previsibilidad con que los inversores pueden hacer una planificación a futuro: se necesita desarrollar la “canalización” o secuenciación de proyectos, dijo a Búsqueda el responsable global de KPMG en temas de infraestructura y sustentabilidad, Richard Threlfall.

    “Cualquier país que quiera ser serio debe atraer capital privado” para infraestructura, “origen” de la civilización, añadió. Aun así, en todos los casos de éxito las iniciativas privadas se concretaron en simbiosis con el sector público, acotó. De hecho, el rol del Estado es “importante” también desde un punto de vista social, para lograr una “transición justa”, observó. Sirviéndose del ejemplo de Chile para ilustrar un caso en que esto no se cumplió, Threlfall abogó por alcanzar un nuevo contrato social en que sean los ricos quienes “contribuyan” a pagar este cambio. Se deben “poner más impuestos sobre las empresas” para contribuir a “combatir la desigualdad”, afirmó el experto en políticas de infraestructura que en los años 90 trabajó para el Departamento de Transporte del Reino Unido.

    Para él, Uruguay debería focalizar sus inversiones en otras dos “grandes tendencias” a escala global en materia de infraestructura: la sustentabilidad y la digitalización. La estrategia actual, ¿es a prueba del futuro?, planteó.

    Sectores y energías

    Una posibilidad es el transporte —en particular el terrestre—, donde Threlfall pone como ejemplos los casos de algunas ciudades de Noruega, además de Bogotá y Los Ángeles.

    Contó que, para estimular el uso de autos eléctricos, en Noruega se dieron incentivos fiscales, se estableció la gratuidad de los servicios de ferry, del estacionamiento y los peajes. “Claro que es importante ser rico” para poder llevar a cabo estas transiciones, afirmó, y vio como una “ironía” que muchas veces estos países lo sean gracias a sus yacimientos de hidrocarburos.

    Uruguay no tiene esas holguras. Sin embargo, para el especialista de KPMG, en los últimos años se registraron reducciones “fenomenales” de los costos de energía renovable a escala global, lo que da “esperanza” de que la tendencia se profundice mientras la demanda y la tecnología continúan progresando. Opinó que si bien incentivar otros tipos de transporte —como las bicicletas— “no puede ser la única opción”, sí tiene aspectos positivos sobre el sistema de salud y el transporte público.

    En todo caso, para Threlfall, el cambio en la matriz energética hacia modalidades de generación renovable “lo vale a cualquier costo”.

    Sobre la pertinencia a futuro de tener una empresa pública dedicada al refinamiento de crudo como Ancap, se limitó a decir que, más allá del debate sobre el carácter público o privado, si se observa lo que pasa con las petroleras “muy grandes” a escala global es que “se comprometieron públicamente a transitar un cambio hacia las energías renovables. Quieren ser parte del futuro, pero también saben que es lo que está bien”. Esto, principalmente, por lo que él llama el “debate intergeneracional”.

    Según Threlfall, para la maquinaria utilizada en el sector agropecuario aplican las mismas lógicas que para el transporte, puesto que “en principio cualquier mecánica puede cambiarse” con fines ambientales. Sin embargo, las cantidades de energías fósiles utilizadas en el campo son “insignificantes” en este rubro.

    En cambio, consideró que Uruguay tiene el “desafío” de aumentar la productividad para reducir las toneladas de emisiones contaminantes por vacuno, y para ello debe buscar soluciones basadas en la naturaleza.

    Con una perspectiva global, afirmó que el sector financiero —especialmente en los bancos— tiene un papel “crítico” en la transición energética. “Es el principal punto de presión” sobre los proyectos no sustentables. Allí, los gobiernos “tienen que tomar esto y requerirlo, forzar” la transparencia a la hora de reportar resultados y los préstamos diferenciados.