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Aunque con matices respecto a su urgencia o cómo implementarla, en el sistema político parece haber consenso en torno a la necesidad de reformar el régimen previsional. Ayer miércoles 6, Mario Bergara, designado como ministro de Economía de un eventual gobierno presidido por Daniel Martínez, dijo que su primer medida sería convocar a un diálogo sobre ese asunto, ya que “toda otra medida va a ser totalmente insuficiente” para enfrentar el déficit fiscal.
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También hay coincidencia en ciertos ámbitos académicos y técnicos de que Uruguay debe revisar su seguridad social para hacerlo financieramente sostenible, entre otras cosas ante una evolución demográfica que quita aportantes y engrosa la cuenta de beneficiarios. Desde afuera, en los últimos días se sumó un documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) titulado Los sistemas de pensiones en la encrucijada. Desafíos para la sostenibilidad en América Latina, escrito por Alberto Arenas de Mesa, asesor de ese organismo y exministro de Hacienda de Chile en el último gobierno de Michelle Bachelet. Plantea como “denominador común” que los sistemas de capitalización individual introducidos en varios países en los años noventa no lograron “los resultados esperados en cuanto a cobertura, suficiencia de las prestaciones y efectos fiscales en la región”. Uruguay fue de los que, en 1996, creó ese pilar —con las AFAP administrando ahorros en cuentas de cada trabajador afiliado— en convivencia con otro de reparto en manos del BPS.
Arenas repasa cambios más recientes introducidos al régimen y arriesga un vaticinio sobre lo que cree que vendrá. “En el caso del Uruguay, país de larga tradición pública en su sistema de pensiones, y en la maduración de la reforma estructural de 1996, todas las medidas tomadas en esta última década refuerzan el sistema público de reparto, tanto en cobertura como en su financiamiento. En este contexto, y de concretarse las proyecciones que indican que el 90% de los beneficios del sistema de reparto serían superiores a las prestaciones ofrecidas por la capitalización individual, se reimpulsará el debate sobre la viabilidad del mecanismo de ahorro individual. La solución que ofrece este mecanismo (al igual que en el caso de la experiencia chilena), solo es adecuada para una baja proporción de los sectores de altos ingresos. En vista de que el mecanismo de ahorro no será capaz de ofrecer prestaciones suficientes al resto de la población, será necesario contar con la protección social estatal y volver al sistema público de pensiones. Este escenario es el más probable, por lo que será fundamental estimar los posibles efectos fiscales de un movimiento en esta dirección para asegurar la viabilidad de las futuras reformas del sistema de pensiones en el Uruguay”.
Según la publicación, la tendencia en la región en la última década ha sido volver a acercarse a “modelos más tradicionales y públicos”.