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    Uruguay destaca en algunos aspectos de la inclusión financiera, pero tiene “margen para mejorar” en costos y transparencia

    Según una consultoría que compara con la región, realizada para la Cepal y el gobierno

    En materia de beneficios fiscales e interoperabilidad en las redes de POS, Uruguay se distingue positivamente de otros países de la región, ya que bajan el costo para los usuarios y, además, fomentan la competencia en el mercado de pagos electrónicos. Pero en otros aspectos —como los plazos y condiciones de pago a los comercios, transparencia y comisiones de adquirencia— “todavía queda margen para mejorar”, por ejemplo, a través de un modelo alternativo al de las tarjetas, plantea una consultoría realizada para la oficina en Montevideo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

    Desde hace algunos años, de la mano de la llamada Ley de Inclusión Financiera (Nº 19.210) que empezó a implementarse durante el anterior gobierno y continúa en el actual, el uso de las tarjetas de débito se ha ido masificando en Uruguay. Ya no solo en la función de retiro de billetes de los cajeros automáticos sino como medio de pago, descontando el dinero desde la cuenta bancaria del consumidor del bien o servicio.

    También están creciendo otras alternativas de pagos digitales, promovidas en el mismo marco. El gobierno busca con esta política bajar los costos de transacción en la economía, permitir el acceso a los servicios financieros a sectores de la población que estaban excluidos y tener un mayor control de los pagos, para reducir la informalidad. Un beneficio adicional es que, al haber menos manejo de dinero físico, el riesgo de robos se reduce y favorece la seguridad pública.

    Pero no todos los actores están satisfechos con la inclusión financiera y sectores comerciales se quejan de los costos que les implica incorporar el equipo procesador de pagos con tarjeta (conocidos con la sigla POS, del inglés point of sale) —pese a que el Estado ofrece subsidios para arrendamiento y compra— así como por las comisiones o aranceles que les cobran los emisores de los plásticos y el tiempo que demora en llegarles el dinero de la venta. Desde Maldonado surgió una recolección de firmas contra la ley, hasta ahora con relativamente baja adhesión.

    En el marco de un convenio de cooperación técnica de la Cepal con el gobierno, el consultor Martín Cricco comparó los mercados de pagos electrónicos de Uruguay y de otros seis países de la región en cuanto a los aranceles cobrados, el nivel de concentración y las condiciones de pago a los comercios que aceptan tarjetas. El documento está fechado en noviembre.

    Este mercado involucra a un conjunto de usuarios de tarjetas que interactúan con los comercios y, por otro lado, a los comercios interconectados con las redes, adquirentes (la empresa encargada de afiliar a los comercios), procesadores (la administradora de los medios de pago que se encarga de autorizar la transacción) y los sellos emisores de las tarjetas.

    El consultor resalta que la evolución del mercado uruguayo “se ha visto muy marcada” por la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Financiera en 2014, que entre otras cosas hizo obligatorio el pago de remuneraciones a través de instrumentos electrónicos. En términos de desarrollo, está por encima de Brasil y Paraguay, con 88 tarjetas de crédito y 75 de débito cada 100 habitantes —con Visa, MasterCard, American Express, Diners, Cabal, OCA y ANDA como principales sellos—, y transacciones por US$ 4.739 millones en enero-junio de 2018, según cita en el análisis.

    Costos

    La tarea de los adquirentes es la de atraer a ambos lados del mercado sin perder dinero, explica el consultor. En Uruguay, si bien es cierto que la adquirencia está concentrada en los mayores jugadores, a través de la interoperabilidad prevista en la Ley 19.210 se eliminó la posibilidad de integración vertical total. Esto permite que más empresas puedan entrar a competir al mercado de redes, subraya.

    La comisión de adquirencia máxima en Uruguay es igual al promedio de la región en el caso de tarjetas de crédito y se encuentra por debajo para las de débito, según el comparativo. El Poder Ejecutivo anunció en diciembre un acuerdo para rebajar desde febrero próximo los aranceles a 4% para los consumos mediante créditos y de 1,5% para los débitos.

    Los costos que soporta un comercio uruguayo surgen, entonces, del alquiler del POS (que según el consultor es de US$ 11,2 más IVA) —al que debe restársele el subsidio estatal del 70% del valor— más una comisión de adquirencia (de 4,5% por transacción sobre tarjetas de crédito y de 2% para débitos).

    Los beneficios fiscales contribuyen a abaratar considerablemente el costo de alquiler de POS al comercio y el uso de medios de pago electrónicos a los usuarios. Estos beneficios existen solo en Uruguay y hacen que sea el país con alquiler de POS más barato, enfatiza. La tarifa mensual de arrendamiento de esos equipos es de US$ 9,5 en Colombia, US$ 10 en Perú, y superior a US$ 20 en Chile, Paraguay, Brasil y Argentina.

    Además, la interoperabilidad en las redes de POS prevista en la Ley de Inclusión Financiera contribuye a la competitividad en el mercado de redes, permitiendo que una pueda aceptar varios sellos. Esto no sucede en otros países de la región, lo que obstaculiza la entrada a nuevos competidores al mercado de redes, señala Cricco.

    Sin embargo, entiende que el mercado uruguayo puede mejorar en tres aspectos.

    Si bien se encuentran aproximadamente en la media de la región, las comisiones de adquirencia pueden ser bajadas cambiando aspectos de la estructura del modelo de negocio, posibilitando que los comercios puedan conectarse directamente a la cuenta del usuario para obtener sus pagos por ventas, bajo la supervisión del Banco Central. Sobre ese punto, mencionó que en Europa y en India se propuso un “nuevo ecosistema en el cual es el usuario quien tiene la decisión de cuál medio de pago utilizar”. En ese esquema deben existir las llamadas empresas proveedoras de servicios de pagos. También Argentina se propuso implementar una plataforma de pago en la cual el usuario paga al comercio a través de su smartphone facilitando la transferencia, agrega.

    Por otro lado, los plazos de pagos a los comercios son de 21 días para tarjetas de crédito, los más largos de la región (48 horas en Paraguay, Perú y Chile, tres días en Colombia, y de 2 a 30 en Brasil). “Es recomendable reducir este plazo y de esta forma abaratar el costo de financiamiento que finalmente recae sobre los comercios”, aconseja el consultor de la Cepal.

    Observa, además, un déficit en materia de transparencia. Y afirma que países como Colombia y Chile han adoptado leyes que permiten que cualquier persona pueda acceder a la estructura de costos globales asociadas al funcionamiento del mercado de pagos electrónicos.