Uruguay es uno de los países con mayor porcentaje de detenidos sin condena de América, con registros similares a los de Haití, Venezuela, Paraguay y Bolivia, y lejos de los países como Canadá, Estados Unidos o Chile.
Si bien en la mayoría de los países del continente americano entre el 10% y el 40% de toda la población encarcelada se encuentra tras las rejas sin una condena, en Uruguay esa cifra supera el 60%, según un artículo publicado en la última edición de “Americas Quartely”, una prestigiosa revista editada en Estados Unidos.
“La detención previa a juicio tiene un propósito importante en el proceso judicial, pero en la práctica su uso excesivo y arbitrario atrapa a personas inocentes en un limbo legal, forzando la capacidad de las ya superpobladas prisiones y socavando el respeto hacia el sistema de justicia penal”, señala el informe elaborado por los periodistas Richard Aborn y Ashley Cannon.
Uruguay ya recibió una observación por parte de organismos internacionales debido a las altas tasas de detenidos sin condena y también por el tipo de proceso penal que aún mantiene vigente, que según diversos especialistas es violatorio de algunas garantías individuales.
En particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó al Estado uruguayo por el “excesivo” tiempo de prisión sin condena que los hermanos Peirano Basso estuvieron recluidos.
De acuerdo con los datos que maneja la publicación estadounidense, en 2012 el 64,6% de población carcelaria no tenía condena. En Haití esa cifra es del 67,7%, en Venezuela 66,2% y en Bolivia 83,6%.
En la vereda opuesta, Estados Unidos tiene apenas 21,5% de detenidos sin condena, seguido de Chile (22,1%), Brasil (36,9%) y Canadá (37%).
Peor aún.
La posición de Uruguay es aún peor si se tiene en cuenta la tasa estimada de personas detenidas sin juicio por cada 100.000 habitantes, debido a la escasa población del país (3,4 millones) y al alto número de presos (9.450).
Según ese criterio, Uruguay ocupa el segundo lugar en América con 180 detenidos sin condena cada 100.000 habitantes, solo superado por Panamá cuya tasa es de 223. Estados Unidos, el país con la mayor cantidad de presos en el mundo (2.266.832), registra una tasa de 157 presos sin condena cada 100.000 habitantes
Si bien el estado de las cárceles uruguayas es objeto de crítica por parte de organismos internacionales, hay países que tienen mayores problemas de hacinamiento. Según el artículo, en Canadá la población carcelaria es equivalente al 94% del total de plazas disponibles, mientras que en Uruguay es del 119,9% y 335% en Haití.
Datos oficiales del Ministerio del Interior indican que el 59% de los presos en Uruguay es reincidente y el 41% es primario. Asimismo el 94% de los privados de libertad son hombres y el 6% mujeres.
La cárcel que presenta el mayor número de penados es el Centro de Recuperación Carcelario Nº2 (un establecimiento de mínima seguridad en el que los presos manejan un tambo) que tiene 84,4% de penados y 15,6% de procesados sin pena. En segundo lugar se ubica la unidad penitenciaria Nº8 con 75% de presos penados y un 25% de procesados.
Las peores cárceles en ese rubro son las de San José con un 18% de penados y un 82% de procesados, el Centro de Rehabilitación Femenino con 27,6% de penados y 72,4% de procesados, el Comcar con 29,9% de penados y 70,1% de procesados y el Penal de Libertad con 44,7% de penados y 55,3% de procesados.
Preocupante.
En el artículo, titulado “Prisiones: Encerrados sin sentencia”, los periodistas advierten que cada año “en todo el mundo hay millones de personas en la cárcel sin ser condenadas mientras esperan un juicio”.
“Resulta preocupante que, a pesar de que los derechos a la libertad, seguridad e igualdad ante la ley son pilares de los sistemas judiciales en todo el continente americano, la detención previa a juicio se esté utilizando a una tasa dos a cinco veces mayor que el promedio internacional y su uso continúe creciendo libremente”, sostuvieron.
“En la mayoría de las jurisdicciones del continente americano, la ley les exige a las autoridades que presenten al individuo arrestado ante el funcionario judicial dentro de 24 a 72 horas del arresto. Si el acusado no recibe la libertad provisional bajo palabra o no puede pagar la fianza, puede pasar meses detenido mientras su caso está en espera”, señalaron.
“Resulta devastador —continúa el artículo— que en algunos países los informes de las organizaciones de derechos humanos y de los gobiernos reporten que los detenidos pueden pasar largo tiempo presos, esperando incluso que se presenten cargos”.
En Argentina, donde la ley permite la detención preventiva con fines de investigación hasta por dos años, los individuos pueden pasar en cambio de tres a seis años antes de ser juzgados.
“Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la causas de estos incumplimientos van desde la corrupción judicial y los escasos y sobrecargados defensores públicos hasta el seguimiento inadecuado de los casos”, asevera el artículo.
Incluso, indica que muchas personas que han pasado largo tiempo detenidas pueden ser absueltas sin ser juzgadas. En Estados Unidos, por ejemplo, al 20% de los detenidos “eventualmente les fueron suspendidos sus casos o fueron absueltos”. En Argentina “después de la larga espera por un juicio el 30% de los detenidos fueron absueltos”.
Además, el informe señala que debe tenerse en cuenta la exposición a la violencia a la que son sometidos los detenidos. “Los presos en Bolivia han sido obligados a pagarles a otros presos un ‘seguro de vida’ para que cesen las golpizas y torturas. Los Estados Unidos han calculado que por lo menos 13% de los presos han sido agredidos sexualmente”.
Por si esto fuera poco, la detención preventiva trae aparejada una serie de costos personales, sociales y financieros. Según el informe, “tiene un impacto no deseado sobre factores correlacionados con futuros delitos criminales como el empleo y la oportunidad de socializar”.
“La detención puede causar la pérdida del sueldo o el empleo, lo que acarrea consecuencias colaterales severas para el individuo, su familia y la sociedad en general”, agrega. “La prisión preventiva también crea un círculo vicioso: muchos de quienes se encuentran atrapados en ella ya son pobres e incapaces de pagar una fianza, lo que dificulta aún más su capacidad de obtener la asistencia legal que les ayude a negociar los escollos del sistema judicial”.
