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    Uruguay gestiona cambio en su estatus de país de renta alta

    La cuenta es básica: se divide el ingreso nacional bruto (INB) entre la cantidad de habitantes. Si el resultado es una cifra de hasta U$S 975 per cápita un país es catalogado como de renta baja, entre U$S 976 a U$S 11.905 se lo clasifica como de ingreso medio, y por encima de ese monto corresponde a una categoría alta, según el Banco Mundial (BM).

    El actual ciclo de crecimiento económico puso desde 2013 a Uruguay en esa última clasificación, que varios organismos internacionales y gobiernos tienen en cuenta al momento de decidir a qué países y en qué condiciones dar préstamos o colaboración financiera. La administración del presidente Tabaré Vázquez formalizará a la brevedad un pedido para que, en la órbita de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), se cree una comisión que revise el criterio basado exclusivamente en el ingreso por habitante e incorpore más variables al análisis, además de que se deje en suspenso —mediante una moratoria hasta 2030—la actual categorización del país que lo relega al momento de recibir dinero del exterior al direccionarse más hacia economías pobres.

    Las clasificaciones según el nivel de ingreso per cápita tienen validez anual (del 1º de julio al 30 de junio, el ejercicio económico del BM).

    La directora ejecutiva de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Andrea Vignolo, dijo a Búsqueda que si un país permanece por tres años en una misma categoría, la misma queda ratificada. Eso ocurriría en este 2016.

    Ante tal perspectiva, se empezó a trabajar en esas gestiones junto a Chile, que está en la misma situación que Uruguay. Con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, además de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se acordó enviar a la brevedad una carta al presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, informó. La nota estará firmada por los cancilleres, y tendría además el respaldo de otros países de la región.

    La solicitud apunta a que se cree un grupo dentro de ese comité que “evalúe otras alternativas como criterios de clasificación, más allá del ingreso per cápita. Podrían tomar quizás los criterios que generó el propio comité, como los estudios multidimensionales” de cada país, planteó Vignolo. El 2030 como plazo que se pedirá como moratoria para las categorías actuales coincide con el horizonte establecido para la agenda de desarrollo de Naciones Unidas.

    “Estamos convencidos de que hay buena disposición. También el propio comité se está replanteando su forma de trabajo por la agenda de 2030, que involucra a otros actores, entre ellos países asiáticos”, agregó.

    Para Uruguay, ser considerado un país de renta alta tiene “varios impactos, en distintas cosas. En materia de cooperación internacional, hace que no sea elegible por parte de los países tradicionales porque no pueden computar dicho apoyo en ese 0,7% de su Producto Bruto comprometido” como colaboración al desarrollo, explicó.

    En 2014 se ejecutaron en Uruguay 483 iniciativas de cooperación internacional no reembolsable para el desarrollo que involucraron unos U$S 34 millones, según un informe presentado el martes 26 por la AUCI —dependiente de la Presidencia de la República— en un evento que conmemoró los cinco años de su creación. La Unión Europea, España, el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y Japón son los que más dinero entregaron ese año.

    En un mensaje leído en esa conferencia, el canciller —y director de la AUCI— Rodolfo Nin Novoa señaló que la cooperación internacional “sigue siendo necesaria” para Uruguay.

    Juan Andrés Roballo, prosecretario de la Presidencia y titular de la AUCI, reclamó a su turno una “mirada multidimensional, más sofisticada” para la categorización de los países.

    Precisamente, un estudio multidimensional sobre Uruguay publicado el año pasado por la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe constató una mejora en el bienestar de la población del país, pero también desafíos en áreas como la educación y en financiamiento a la actividad empresarial, entre otras.

    Renta.

    El INB suma el valor agregado generado por agentes residentes más los impuestos a lo producido (descontados los subsidios) y las remuneraciones de empleados e ingresos por propiedades del exterior. Según el BM, para Uruguay era de U$S 55.369 millones en 2014, lo que por habitante da U$S 16.350.

    Son casi 80 los países de renta alta —según la cuenta que hace ese organismo—, como Argentina, Australia, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Guinea Ecuatorial, Alemania, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Latvia, Nueva Zelanda, Holanda, Puerto Rico, Polonia, Portugal, Suecia, España, Singapur, Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

    En el otro extremo, son de ingreso bajo aproximadamente una treintena de economías, la mayoría africanas, como Rwanda, Chad y Uganda.

    El BM aclara que la categorización con el criterio del INB per cápita no refleja necesariamente el nivel de desarrollo de los países.

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