Poner en marcha una actividad empresarial en Uruguay requiere de cinco trámites, dos más que en Singapur. Llevan una semana y tres días en una u otra economía, y los costos de ese procedimiento equivalen a una cuarta parte del ingreso per cápita y son casi nulos, respectivamente.
Una vez iniciado el negocio, las diferencias pueden ser todavía más notorias, sobre todo en lo que refiere a la burocracia y los costos para la tramitación de permisos de construcción, el registro de la propiedad, el pago de tributos, las operaciones de comercio exterior y el cumplimiento de los contratos.
Esa brecha regulatoria es la que ubica a Singapur como el país con mejores condiciones para hacer negocios entre los 185 comparados por el Banco Mundial (BM), y a Uruguay en la posición 89ª, según la edición más reciente de esta investigación publicada el lunes 22. Una posición más arriba está Barbados y una por debajo Jamaica.
De todos modos, mientras Singapur se estancó Uruguay tuvo un pequeño progreso al comparar con el año anterior. Es que facilitó el pago de impuestos al introducir un sistema mediante el cual pequeñas y medianas empresas pueden completar y pagar online sus declaraciones de impuestos. Además realizó mejoras en los procesos de puertos y aduanas, reduciendo así el tiempo necesario para importar. Entre los procesos se destacan la introducción del pago electrónico y el sistema de declaración previa para Aduanas.
Esas dos medidas le permitieron a Uruguay subir un peldaño en el ranking que elabora el BM.
“Las mejoras en el entorno de negocios en Uruguay son producto de reformas graduales y sostenidas”, afirmó el representante de ese organismo en el país, Peter Siegenthaler, en un comunicado. Y agregó que las mismas “están reduciendo los tiempos y recursos necesarios para procesos administrativos y legales, lo que es particularmente relevante para pequeñas y medianas empresas”.
Sin haber hecho reformas regulatorias en su economía en el último año, Singapur volvió a encabezar el ranking mundial. Sobre una superficie de apenas 710 kilómetros cuadrados y con una población de 5,2 millones de personas, la economía —el Producto Bruto Interno anual— de este territorio isleño en Asia ronda los U$S 240.000 millones, conforme con datos del BM.
Respecto a ese país Uruguay es más extenso en territorio (unos 176.000 kilómetros cuadrados) pero chico en población (3,4 millones) y en tamaño de su Producto (cerca de U$S 46.700 millones en 2011).
Regulación inteligente
La investigación, más conocida por su nombre en inglés Doing Business, llegó este año a su décima edición, aunque en sus inicios no tuvo el formato de un ranking y sufrió cambios metodológicos y en la cantidad de países abarcados, lo que distorsiona las comparaciones.
La cantidad de trámites para abrir una empresa, que eran 11 en el primer informe difundido en 2004, bajó a cinco y el tiempo requerido pasó de 45 días a una semana. El costo se redujo a la mitad, al pasar del equivalente a 51,3% del ingreso por habitante a 24,3%.
También se abarató la gestión de permisos de construcción, aunque se mantuvo el número de procedimientos requeridos. La demora fue de 234 días en la última edición del informe.
Asimismo, la tasa impositiva total sobre las ganancias se redujo de 71,4% en 2006 a 42% en 2011.
En materia de comercio exterior, bajaron los tiempos pero subieron los costos tanto de exportación como de importación.
Los niveles de recuperación en situaciones de quiebra empresarial aumentaron desde 2004 (de aproximadamente 12% a 43,4%).
En el primer informe difundido en 2004 se evaluaba entre otras cosas la facilidad para contratar y despedir trabajadores. Uruguay figuraba como uno de los de mayor flexibilidad para cesar personal en el mundo. De todos modos, las regulaciones laborales eran vistas entonces como uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la productividad en el país, consignaba esa publicación.
El informe del BM, inspirado en la premisa de que es necesario remover los obstáculos para el crecimiento económico, analiza las regulaciones que se aplican a las empresas durante su ciclo de vida, incluyendo la creación y la operación, el comercio transfronterizo, el pago de impuestos y la protección de inversionistas. El agregado de las clasificaciones globales sobre la facilidad de hacer negocios se basó en la última edición en 11 indicadores, frente a cinco en la primera, mientras que la cobertura pasó de 133 a 185 economías).
Doing Business no mide todos los aspectos del entorno regulatorio que afectan a las empresas y a los inversores y, por ejemplo, no considera variables como la seguridad, la estabilidad macroeconómica, la corrupción, el nivel de especialización ni la solidez de los sistemas financieros, aclara el organismo.
El BM aboga por una regulación “inteligente” (simple, adaptable, pertinente y transparente), no necesariamente escasa. Unas 2.000 reformas fueron introducidas desde su primera publicación, en especial en países de Europa del Este y Asia Central.
Análisis citados en su nuevo informe subrayan que una regulación óptima para los negocios tiene efectos benéficos sobre el crecimiento de las economías y en la atracción de inversión extranjera directa, a la vez que una mayor transparencia regulatoria acota los riesgos de corrupción.
Singapur, sin haber hecho cambios regulatorios en su economía en el último año, volvió a encabezar el ranking mundial por séptima vez. Le siguen Hong Kong, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Corea del Sur, Georgia y Australia. Grecia y otros países europeos que enfrentan severos desajustes macroeconómicos introdujeron varios cambios para favorecer el entorno para los negocios, destaca el organismo.
Chile es el país sudamericano mejor ubicado (37º), seguido por Perú (43º) y Colombia (45º), considerado por el BM como un caso de estudio por el carácter sostenido que han tenido las reformas en las últimas décadas. Paraguay (103º), Argentina (124º), Brasil (130º) y Venezuela (180º) están en la parte baja del ranking.
Cinco países africanos cierran la lista: República Democrática del Congo, Eritrea, República del Congo, Chad y República Centroafricana.
