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“El tema que nos convoca hoy refiere nada más y nada menos que a la vida y la muerte de la gente”, dijo el periodista y moderador Gabriel Pereyra y tiró la primera cifra: “Estamos mandando a los presos a un lugar 20 veces más peligroso que la calle”. Enseguida, Beatriz Abizanda, especialista española del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mostró estadísticas sobre el gasto y la administración de las prisiones, que en Uruguay absorbe el 1,25% de su Producto (PBI). Mientras, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) del Ministerio del Interior precisa US$ 2 millones para atender en condiciones aceptables a las 6.400 personas que son liberadas por año, pero solo recibe US$ 300.000, según su responsable, Jaime Saavedra. “¡Es una vergüenza que se paguen 300 lucas a la Dinali por año en un ministerio que gasta 800 palos verdes!”, protestó el dirigente sindical Richard Read, embanderado en su causa “por la educación de los más jóvenes y más pobres” para evitar que “salgan de caño” (a delinquir) y que “el lunes estén de vuelta” en la puerta del celdario.
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Uruguay tiene una de las tasas de prisionización más altas de la región: 320 personas cada 100.000 habitantes, con un nivel de reincidencia “altísimo”, que supera el 60%, informó Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior, y agregó: “Uruguay viene de más de dos siglos de cárceles con absoluto, estrepitoso y rotundo éxito en el fracaso”.
Por su parte, el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit aseguró que quienes transitan por el sistema carcelario reflejan lo que pasa afuera, en la sociedad, pero “mucho peor”.
“Cuando uno recorre la cárcel y observa lo que pasa en la calle percibe un continuo, una circularidad: venganzas, extorsiones, ajustes de cuenta… Mi sensación es que hay una guerra civil no declarada en Uruguay”, afirma. Para Petit, que uno de cada 100 jóvenes uruguayos esté preso es “una cifra escalofriante”.
Al cierre de octubre había 11.380 personas privadas de libertad en Uruguay.
Algunos de estos datos y relatos centraron el jueves 5 un conversatorio organizado por la Red de Centro Pensamiento y Propuesta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en el que participaron varios de los principales referentes en el tema cárceles. La Red elaborará un documento con “propuestas para la reinserción social de personas liberadas del sistema carcelario” que presentará en el primer semestre de 2020 al gobierno entrante, dijo a Búsqueda María Dolores Benavente, presidenta de la Academia Nacional de Economía, que integra la Red. Además forman parte la Universidad Claeh, la estatal Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI) y las academias nacionales de Ingeniería, Medicina y Derecho, entre otras instituciones. En la actividad del jueves participó también la decana de Ciencias Sociales, Carmen Midaglia, y el politólogo Adolfo Garcé, mientras que el designado ministro de Desarrollo Social por el Partido Nacional, Pablo Bartol, asistió como oyente.
Total crudeza
El responsable del organismo de apoyo a los liberados afirmó que Uruguay tiene motivos “más que suficientes” para sentirse orgulloso de su política pospenitenciaria. Pero requiere un “fortalecimiento institucional”, y ese esfuerzo en términos financieros y de recursos humanos es “residual” para el Estado, sostuvo. Con un video institucional, Saavedra describió la situación: 20 personas salen de las cárceles uruguayas por día, la mayoría son varones, pobres y jóvenes —entre 18 y 34 años—, sin experiencia laboral ni casi formativa —entre el 20% y 30% son analfabetos— y suelen estar afectados por el uso problemático de drogas.
Las mujeres representan menos del 10% de los presos, aunque en la última década la prisión femenina aumentó casi un 600%.
Para atender a las 6.400 personas liberadas al año, la Dinali cuenta con 73 funcionarios, pero Saavedra sostiene que necesita 150 para responder en condiciones. En términos comparativos, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) cuenta con 1.780 trabajadores para atender a 283 menores privados de libertad y a otros 60 con medidas alternativas.
Estas condiciones dificultan el proceso de integración de los liberados en la comunidad, afirmó Saavedra.
Las cárceles cuestan al Estado uruguayo US$ 117 millones. Eso representa un promedio anual de US$ 10.750 por preso: 29 dólares por día. “Es poca plata”, afirmó la directora del Instituto de Rehabilitación. Juanche aseguró que hoy “la cárcel no sirve para disuadir ni para rehabilitar, solo para consolidar las trayectorias delincuenciales”. Y aportó otro dato: ocho de cada 10 presos declararon haber delinquido en los últimos seis meses para comprar droga.
“Invertir en reinserción es invertir en seguridad pública”, insistió la jerarca.
Para la especialista del BID, Uruguay tiene un problema “muy serio” dado por la explosión del delito, un endurecimiento de las condenas y un mayor número de penas con prisión, todo lo cual constituye una “tormenta perfecta”. La solución pasa por “medir y evaluar” las políticas carcelarias, sostuvo Abizanda.
Sin embargo, el director de la Unidad 6 de la cárcel de Punta de Rieles, Luis Parodi, recela de las recetas del organismo internacional. “Yo estoy en contra de los programas del BID. Hay que cambiar la cabeza”, dijo y apuntó a la educación como forma de integrar a los presos. “Hay una concepción ideológica que premia el castigo” y quienes dirigen estas políticas son los sectores menos democráticos, el Ejército y la Policía, cuando el centro debe ser lo pedagógico”, afirmó.
Y agregó: “Con total crudeza, la sociedad uruguaya con respecto a los pobres tiene dos concepciones: una es que son un desastre y entonces hay que matarlos a todos, y otra es que son fantásticos... ¡Puta, son seres humanos! Jodidos, envidiosos, brillantes... Si los vemos como ajenos, estamos liquidados”.
