Si Uruguay adopta reformas para mejorar la incorporación de tecnología en su producción, elevar la calificación de su capital humano y lograr una integración comercial más profunda, el ingreso por habitante convergería con el de España en nueve años, lo haría en 16 con el de Irlanda y en 25 con el de Corea del Sur. Para igualar a Singapur se requeriría algo más de medio siglo (53 años).
“La política fiscal ha funcionado como un ancla de estabilidad en la última década. No obstante, este rol (...) ha comenzado a debilitarse desde 2011, ya que los saldos estructurales generales se han deteriorado de manera considerable (de –1,5% en 2010 a –3,2% del PBI en 2013)” como resultado de una “posición fiscal procíclica”, afirma el organismo. Plantea como un “desafío clave” reducir el déficit mediante una “mayor eficiencia y priorización del gasto”, junto con medidas para captar más ingresos.
Modelo de bienestar
Según el BM, el “modelo de desarrollo económico de Uruguay” aplicado en los últimos 10 años incluyó un “sólido contrato social” que “favoreció las políticas de distribución y aumentó la prestación de servicios a los pobres, así como otras orientadas a la estabilidad y el crecimiento.
El “capital institucional” del país es “alto” comparado con América Latina y también con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La población tiene una “gran confianza” en el gobierno y la percepción sobre los niveles de corrupción son bajos.
Pero para el BM, a pesar de la “notable reducción de la pobreza en la última década” y la existencia de “buenos programas sociales”, aún persisten “importantes vulnerabilidades”, en particular para los hogares con bajo nivel de instrucción y aquellos con mayores probabilidades de quedar excluidos del sistema de subsidios estatales. “Aun con transferencias, lo más probable es que los hogares con niños que eran pobres sigan siendo pobres”, dado que estos reciben menos educación preescolar y tienen tasas de deserción mayores después de la educación primaria, enfatiza.
La desigualdad y los “desafíos de la pobreza podrían exacerbarse con el aumento de los delitos y la violencia que afectan a los grupos socioeconómicos más bajos de manera desproporcionada”, alerta en uno de los informes.
Productividad
Desde una perspectiva de largo plazo, el organismo considera necesario que Uruguay haga reformas que ayuden a elevar la productividad para acelerar el crecimiento económico y hacerlo sostenible. Las recomendaciones en este plano son: fortalecer el capital humano mediante un mejor acceso a la educación y su calidad; políticas de competencia en el mercado; la modernización de la infraestructura para abatir costos; y la adopción de una política de integración externa “eficaz” que le permita transformarse en un proveedor de productos de mayor valor agregado. Sobre ese último aspecto, sostiene que “tras décadas de una estrategia de crecimiento orientada al exterior, la base de la integración externa de Uruguay sigue siendo muy limitada”.
Educación.
El país presenta una “deficiencia de capital humano considerable en comparación con algunos de sus pares” y las economías de rápido crecimiento, plantea el BM. Aunque poco novedoso, su diagnóstico es contundente: “En vez de invertir en un modelo basado en competencias, el sistema uruguayo se basa en una modalidad de enseñanza enciclopédica. Está fragmentado en distintos niveles, y los mecanismos institucionales generan considerables problemas de coordinación. Los planes de carrera y profesionalización docente son desestructurados, y las condiciones del mercado laboral de Uruguay generan dificultades adicionales. Las ineficiencias en materia de gastos son considerables: los recursos se han cuadruplicado en los últimos 20 años sin que se registren aumentos correspondientes en los principales resultados escolares. Por último, las herramientas y la flexibilidad necesaria para la gestión adecuada de los establecimiento escolares son limitadas”.
En una de las notas, Diego Ambasz, Miguel Székely, Sergio España y Denise Vaillant proponen una “modernización de fondo de la política educativa” que incluya la definición de un “perfil de egreso” y de un marco curricular común articulado a lo largo de los distintos niveles de enseñanza; establecer un perfil docente y directivo; y adoptar sistemas de acreditación escolar y evaluación de los alumnos.
País extractivo.
Si se materializan las oportunidades que están apareciendo en el sector extractivo —minería, petróleo y gas— será prioritario “establecer estructuras de buen gobierno” para evitar que el país enfrente el riesgo de la “maldición de los recursos” y también impactos macroeconómicos no deseados, como el “síndrome holandés”.
En caso de que el proyecto Aratirí no se concrete, sugiere que el gobierno licite la explotación de hierro “en vista de que ya se dispone de un cúmulo significativo de información acerca del potencial minero”.
El agro y el agua.
En los últimos años la agricultura hizo una “importante contribución” al crecimiento del PBI. Eso implica un “riesgo” para el país, dado que el sector “depende en gran medida de los precios internacionales de los productos básicos, actualmente altos, pero posiblemente inestables”, lo mismo que el clima, marcan Kate Kennedy Freeman, Holger A. Kray y Rémi Tier en otro de los informes.
Destacan que Uruguay puso en marcha una “política agrícola muy adecuada” pensando en términos de la sostenibilidad de la explotación de los campos.
En relación a la conservación de los recursos hídricos, analizada en otro de los documentos, el BM sugiere establecer pagos por servicios de los ecosistemas como mecanismo para financiar el fortalecimiento institucional y una gobernanza adecuada. En una comparación con otros cinco países (Brasil, Chile, Francia, México y Perú) planteada allí, Uruguay no sale muy bien parado en esa materia.
Logística.
Los servicios logísticos y de transporte locales se comparan positivamente con otros países y Uruguay está “erigiéndose como un centro de distribución” de la región, afirma Gregoire Gauthier. Sin embargo, sostiene en otra de las notas que los costos logísticos uruguayos “siguen siendo altos y podrían frenar la competitividad”.
En Uruguay, la “matriz de transporte carece de equilibrio: hay una participación muy fuerte” de los camiones y la de los trenes es “totalmente marginal”.
Desde el 2000 se dio un “descenso generalizado en las condiciones (calidad) de las carreteras”, y la situación es “particularmente crítica para la red vial nacional secundaria y terciaria, y para la red departamental”, analiza. En ese contexto, y con un transporte carretero de carga “altamente atomizado” (con 62.000 empresas y 652.000 camiones registrados), la eficiencia del sector es “baja” en una comparación internacional.
También es baja la eficiencia del ferrocarril uruguayo: 0,12 Mt-Km/Km en 2013, frente a 1,23 de Chile. La modernización de este modo de transporte que pretendió impulsar el gobierno de José Mujica no arrojó todavía “ganancias de eficiencia” o un aumento del tráfico, señala el investigador. “Hoy por hoy la reforma está incompleta, en parte por asuntos sociales vinculados con la transformación de la AFE y la modernización todavía insuficiente de la herramienta de producción (infraestructura, material rodante)”. Se necesita “un plan de recursos humanos más ambicioso y más radical”, y se podría seguir el modelo de concesión de trenes adoptado por Brasil en los noventa, propone.
El sector portuario, en cambio, mejoró sustancialmente su eficiencia, en particular en Montevideo. Según el documento, su principal desafío será poder mantener una ventaja competitiva en el Río de la Plata.
Mientras la concreción del puerto de aguas profundas de Rocha sigue en duda, la navegación fluvial y de cabotaje “son prácticamente inexistentes”, si bien han surgido iniciativas “prometedoras”, dice Gauthier.
Competencia.
Martha Martínez Licetti y Graciela Miralles Murciergo plantean en otro informe que “a pesar de los avances, el nivel de competencia en los mercados de Uruguay aún resulta escaso”. Cambios en esta área son “clave” para diversificar y sofisticar las exportaciones, alegan.
Con sus 35.000 empleados, las empresas públicas “cumplen una función dominante” en áreas que suelen estar en manos de privados, afirman. En base a indicadores de regulación del mercado de productos, calcularon que el Estado uruguayo controla “al menos una empresa en 21 de los 39 sectores y mercados encuestados”, lo que supera el promedio de 16 en los países de la región.
De acuerdo con las mejores prácticas, la ley de competencia debería aplicarse a todos los sectores y agentes económicos, sean privados o públicos, afirman las autoras. Y postulan la necesidad de garantizar “condiciones equitativas”.
También sugieren “evaluar si alguno de los mercados reservados a los monopolios estatales puede abrirse a la competencia”.
En otro análisis se marca como un “desafío” de los últimos tiempos las pérdidas que arrojaron algunos de los principales entes. Entre otros aspectos, el BM propone establecer un “código marco de gobierno corporativo”; la introducción de informes sobre riesgo fiscal y pasivos contingentes; la creación de un mercado de capitales para las empresas públicas, y la institucionalización de una entidad central que las supervise, una suerte de holding como el que piensan desde la OPP.
