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Al comienzo de este año el peso de la deuda pública no registró cambios sustanciales al comparar con diciembre, y una reciente operación le permitió al gobierno de José Mujica obtener financiamiento por adelantado y hacer más liviano el cronograma de amortizaciones. Mientras Uruguay disfruta de una situación de endeudamiento relativamente cómoda, su vecino rioplatense está luchando en estos días por escapar a un nuevo incumplimiento de pago de su deuda (default).
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La situación de Argentina es seguida con atención por la administración de Mujica y, según reconoció en un informe adosado al proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento el lunes 30, se trata de un factor de “incertidumbre” con potenciales efectos negativos para la economía uruguaya.
En línea con los gestos de otros países latinoamericanos, desde el gobierno uruguayo se expresó respaldo a las autoridades argentinas en su intento por frenar las acciones de fondos de inversión que pretenden cobrar la deuda impaga desde 2001 en las condiciones originales más intereses —amparados en los últimos días por la Justicia estadounidense—, lo que ha sido criticado por dirigentes de la oposición política.
Isaac Alfie, quien fue ministro de Economía en la administración de Jorge Batlle, defendió en una columna publicada el lunes 30 en el suplemento “Economía & mercado” de “El País” el camino seguido por Uruguay para salir de su crisis de deuda y que, según dijo, le dio “enorme prestigio como país cumplidor de reglas (...) y la recepción de inversiones internacionales, muchas de las cuales antes iban a Argentina”.
“El resultado fue que mientras en mayo de 2003 teníamos el camino despejado, Argentina hasta 2005 no pudo hacer nada y allí impuso una quita enorme” a los inversores, añadió el economista colorado.
Ambos países rioplatenses atravesaron por una crisis de deuda en 2001-2002 de la que salieron de forma distinta.
En 2003, estando en riesgo de default, Uruguay optó por ofrecer un canje de bonos al que los inversores pudieron adherir voluntariamente que incluyó una quita y casi todos lo consideraron razonable. Cerca de U$S 5.000 millones (aproximadamente 95% del total) fueron reestructurados dando más plazo de pago, y así el país salvó la reputación de buen cumplidor de sus compromisos y pudo rápidamente volver a acceder al crédito en los mercados internacionales.
El Banco Central del Uruguay informó el lunes 30 que a fines de marzo la deuda pública uruguaya ascendió a U$S 33.184 millones, un 59,6% con relación al Producto Bruto Interno (PBI) de un año. Ese monto es U$S 89 millones mayor que a fines de 2013 y en términos del “tamaño” de la economía el aumento fue mínimo, de 0,3 puntos.
Si se descuentan de esa deuda los activos de reserva del sector público, se llega a que el endeudamiento “neto” era de U$S 12.552 millones en marzo y 22,6% del PBI. Ello significa una baja de U$S 454 millones frente al cierre del año pasado (0,75 punto menos con relación al Producto).
En el informe remitido junto a la Rendición de Cuentas el Poder Ejecutivo destacó que el plazo promedio de vencimiento de la deuda del gobierno central en marzo era de casi 12 años y uno de los más prolongados del mundo, y que el porcentaje de los pasivos en moneda nacional llegó a 55%, superando en 10 puntos la meta que había sido fijada para 2014.
El camino del default.
En 2001, Argentina tomó la opción de declarar un default —por U$S 102.000 millones, la mayor cesación de pagos de la historia— que le impide acceder a nueva deuda. En 2005 su gobierno procuró recomponer relaciones con los mercados ofreciendo sendos canjes de títulos que implicaron quitas estimadas entre 60% y 75% del valor inicial de la deuda. Pero no todos los tenedores de sus bonos aceptaron, y en 2010 hizo una nueva propuesta a la que no adhirió el 7,6%; los que quedaron afuera (holdouts) son los que hoy están poniendo en apuros a Argentina respaldados por un proceso judicial.
El juez estadounidense Thomas Griesa, que actuó en la causa, emitió un fallo en febrero de 2012 amparando el reclamo de los holdouts, también llamados fondos buitre por el gobierno y la prensa argentinos porque en su momento compraron los bonos aprovechando una situación desesperante del Estado argentino. La sentencia fue apelada por las autoridades, hasta que el 16 de junio pasado la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el recurso; esto puso otra vez en riesgo de default a Argentina, ya que en los últimos años el país perdió reservas en un contexto de incertidumbre política y económica.
El fallo de Griesa obliga a pagar U$S 1.300 millones a dos fondos de inversión con el argumento de que deben ser tratados de igual manera que quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Pero el problema es mayor: ese pago da derecho a los otros tenedores de deuda no reestructurada a reclamar iguales condiciones, lo que elevaría el monto a pagar a cerca de U$S 15.000 millones (la mitad de las reservas del Banco Central argentino).
A su vez, una cláusula dispuesta en las reestructuras hechas en la década pasada establece que los acreedores que sí aceptaron el canje pueden pedir que se iguale la mejor oferta de pago del gobierno, es decir que se reconozca el antiguo valor de la deuda (lo que significa unos U$S 120.000 millones más). Esa cláusula vence al cierre de 2014, por lo que Argentina busca estirar los plazos de pago a los holdouts lo más posible; una delegación del gobierno viajó a Nueva York el lunes 30 para negociar contrarreloj.
Los fondos de inversión aseguraron que quieren cobrar la deuda completa en efectivo y parte en bonos, o todo en títulos aceptando una quita, las fórmulas que aceptó el gobierno de la presidenta Cristina Fernández en la negociación de su deuda con el Club de París y por la estatización de la petrolera Repsol-YPF. “Son muy buenos modelos”, comentó Jay Newman, estratega del fondo Elliott Management, a la cadena estadounidense CNBC.
Mientras, el fallo de Griesa dispuso que se embarguen los fondos del pago de intereses que el gobierno argentino realizó esta semana a los tenedores de bonos reestructurados. Si no abona también a los fondos buitre no podrá cumplir con los demás —para lo cual tiene plazo hasta fin de este mes—, lo que configura un default técnico.
Según el último dato oficial disponible, la deuda pública bruta de Argentina asciende a U$S 201.001 millones, lo que representa poco más de 30% de su Producto.
