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A principios de 2018 la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó la extradición desde Argentina del coronel retirado Manuel Cordero, preso en ese país por violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del llamado Plan Cóndor.
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El fiscal Ricardo Perciballe pretende investigar a Cordero en la causa sobre abusos sexuales y torturas cometidas contra 28 mujeres en centros clandestinos durante la dictadura (1973-1985).
Como primer paso del trámite, la Justicia uruguaya comunicó a Argentina que iniciaría el proceso de extradición. A partir de entonces se dispuso el arresto preventivo de Cordero para que esté a disposición del juicio de extradición.
Luego de que se ordena el arresto preventivo, el Estado requirente tiene un plazo de 30 días para presentar la solicitud formal.
Sin embargo, ese plazo venció sin que Uruguay enviara el pedido. Por eso, semanas atrás la Justicia del país vecino informó a la Fiscalía que había dispuesto el levantamiento del arresto preventivo, informaron a Búsqueda fuentes judiciales.
Perciballe confirmó la información. El fiscal explicó a Búsqueda que la extradición de Cordero depende, entre otras cosas, de que Brasil la autorice. Eso se debe a que el militar retirado estuvo detenido en ese país y desde ahí fue extraditado a Argentina. Entonces, si un tercer país lo requiere, es el Estado que habilitó su traslado inicial quien debe aprobarlo. Uruguay aún no obtuvo esa autorización y por eso no pudo enviar el pedido formal a tiempo, dijo el fiscal.
Perciballe dijo que el hecho de que haya vencido el plazo para presentar el pedido formal “no inhibe que el proceso de extradición se mantenga”.
“Una vez que eso se solucione, y si Brasil autoriza, se podrá entregar toda la documentación en forma y así iniciar el pedido formal”, sostuvo.
Además, señaló que el levantamiento del arresto preventivo en este caso no tiene consecuencias graves, ya que Cordero se encuentra en prisión domiciliaria, cumpliendo su condena en Argentina. Por eso, dijo, no hay riesgo de fuga. “La situación es de mayor preocupación si la persona requerida está libre. En este caso está sujeto a la Justicia argentina”, añadió.
Cuando la Fiscalía fue notificada por la Justicia argentina del levantamiento del arresto, Perciballe emitió un dictamen pidiendo al Juzgado que reitere la solicitud de autorización a Brasil.
El responsable de tramitar las comunicaciones con los poderes judiciales de países extranjeros es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Perciballe dijo que desconoce si la Cancillería se demoró en enviar la solicitud a Brasil o si fue el Estado brasileño que no respondió a tiempo. “(En la Fiscalía) no tenemos contacto con lo que pasa en Cancillería con los exhortos”, afirmó. “Sí sabemos que el pedido fue enviado desde el Juzgado y está en manos” del ministerio, añadió.
Al tratarse de una comunicación con Brasil es necesario traducir la solicitud y la información relevante sobre el caso que investiga Uruguay. Eso, dijo Perciballe, tiene un costo en tiempo y dinero que pudo haber demorado los trámites más de la cuenta.
Pedido uruguayo
La extradición de Cordero no está pedida solo en la causa sobre los presuntos abusos sexuales de mujeres militantes en los centros de detención. También fue pedida por Perciballe en el caso que investiga el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien, hijos de los desaparecidos Victoria Grisonas y Roger Julien.
Cordero fue detenido en Brasil en febrero de 2007 y extraditado a Argentina en enero de 2010, en el marco de la investigación sobre el Plan Cóndor, un esquema conjunto de las dictaduras de la región para coordinar la represión de los opositores. En mayo de 2016 el exmilitar uruguayo fue condenado por el Tribunal Federal Oral Nº 1 de Buenos Aires a 25 años de prisión por formar parte de la asociación ilícita responsable de la desaparición forzada de 105 personas.
De acuerdo a la sentencia, Cordero fue “partícipe necesario” de la privación de libertad de 11 personas. Una de ellas es María Claudia García, madre de Macarena Gelman, exdiputada por el Frente Amplio y nuera del poeta argentino Juan Gelman.
El fiscal Perciballe explicó que uno de los puntos a dirimir una vez que inicie el juicio de extradición —si se obtiene la autorización de Brasil— es si los delitos por los que se quiere juzgar a Cordero en Uruguay están comprendidos en la causa argentina. El juez argentino podría considerar que ya fue juzgado por esos hechos y negar la extradición. “Nosotros sostenemos que no se trata de los mismos delitos. Los abusos sexuales del grupo de mujeres denunciante no están comprendidos en el Plan Cóndor”, dijo Perciballe.
