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Uruguay actúa como un centro financiero para extranjeros básicamente por la estabilidad económica y las disposiciones que garantizan la reserva. Según la Red para la Justicia Tributaria Global, este último atractivo está cambiando, si bien el “secreto bancario continúa planteando problemas” y el país “todavía debe hacer mayores progresos para ofrecer niveles satisfactorios de transparencia financiera”.
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Esa organización publicó el jueves 7 su índice de Secreto Financiero, que este año abarcó a unas 70 jurisdicciones. Lo construye en base a 15 indicadores, entre ellos la transparencia de la información sobre cuentas bancarias y de los balances de las empresas, las prácticas contra el lavado de dinero, la eficiencia de la administración de impuestos, los tratados de intercambio de información tributaria con otros países y la automaticidad de su aplicación.
Uruguay figura con un índice de 331. Los extremos son Suiza (con un índice de 1.879,2) y Dominica (12,5).
Una segunda categorización tiene una base cualitativa y se relaciona con las leyes, regulaciones, la cooperación para el proceso de intercambio de información tributaria con otros países. Uruguay califica con una puntuación de 78, en un rango que va de un mínimo de 1 (totalmente transparente) a entre 91-100 (extremadamente opaco). Igual puntaje fue asignado para Suiza y a San Vicente y Granadinas.
La mejor puntuación en esta categorización la tienen España (34), Irlanda (44) y Letonia (45).
De la combinación del índice y el puntaje, y de la participación de cada jurisdicción en los servicios financieros off-shore en el mundo, la Red elabora un ránking. Uruguay aparece en la posición 30ª.
Suiza encabeza la nómina y le siguen Islas Caimán, Luxemburgo, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, Jersey, Japón, Alemania y Baharein. Dominica (71º) cierra el ránking.
Este ránking tuvo dos ediciones previas, en 2009 y 2011 (aunque no son estrictamente comparables debido a cambios metodológicos y en la cantidad de países). Uruguay ocupó la posición 30ª en el primero y la 26ª en el de 2011.
Uruguay off-shore
La Red publicó el jueves 7, junto con la nueva edición de su ranking, un reporte para cada una de las jurisdicciones analizadas.
Sobre Uruguay afirma que su economía “depende fuertemente de las exportaciones con base agropecuaria, pero también ofrece un centro de abastecimiento de servicios financieros off-shore para clientes de América Latina, especialmente para la clase media argentina”.
“El centro off-shore uruguayo está basado en dos pilares principales: la estabilidad económica del país y las disposiciones relativas al secreto”, sostiene la organización. La proximidad con Argentina y los “limitados requerimientos para abrir cuentas bancarias es ampliamente utilizado —no sólo por los ricos, sino también por muchas personas de clase media que simplemente puede tomar un barco hacia Uruguay con sus valijas con dinero”, agrega.
“El secreto bancario uruguayo continúa planteando problemas”, según la Red.
Agrega que Uruguay no cuenta con mecanismos automáticos de intercambio de información impositiva, lo que dificulta a las autoridades tributarias extranjeras conseguir evidencia sobre evasión por inversiones no declaradas en sus países. Aunque el Foro Global de Transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos notó algunos avances relacionados con el acceso a la información bancaria con el propósito del intercambio de datos, los “problemas persisten”, reitera. Señala como ejemplo que cualquier pedido de información debe ser notificado previamente al involucrado, aun si ello puede poner en riesgo la investigación. La no retroactividad de las solicitudes de datos es otra limitación, conforme con la Red.
Luego se refiere al allanamiento en junio pasado de las oficinas de la representación en Uruguay de Royal Bank of Canada a pedido de la Justicia de Argentina, en el marco de una causa sobre supuesto lavado de activos que el mes pasado fue archivada. Según el reporte, ese tipo de instituciones “facilitan la evasión tributaria y otras actividades ilegales”.
También menciona que compañías de Uruguay fueron usadas para recibir pagos por acuerdos de patrocinio por el futbolista argentino Lionel Messi en España.
La Red para la Justicia Tributaria Global fue creada a partir de encuentros en el Foro Social Europeo en Florencia en 2002 y en el Foro Social Mundial en Porto Alegre de 2003, como una reacción a las “tendencias perniciosas del sistema global de tributación” —que según sus integrantes elevan la carga tributaria sobre el ciudadano común y el pequeño negocio— y los llamados paraísos fiscales.