“Las poblaciones carcelarias están creciendo en los cinco continentes. En los 15 años desde la primera edición de la Lista de Población Penitenciaria Mundial, la cantidad de personas presas ha crecido entre 25 y 30%, pero en ese período la población mundial aumentó cerca del 20%”, según un estudio del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (ICPS según sus siglas en inglés), una institución de referencia para las autoridades carcelarias uruguayas.
Si bien el aumento de la población reclusa no es un problema solo uruguayo, parece ser más acentuado que en otros países. El informe del ICPS del 2013 indica que Uruguay registra 281 presos cada 100.000 habitantes, la tasa de prisionización más alta en América del Sur (el índice aumenta si se calcula con la cantidad de presos a mayo del 2014). En segundo lugar se ubica Guyana Francesa (278), tercero Brasil (274), cuarto Guyana (260) y quinto Colombia (245).
El índice uruguayo es menos de la mitad que el de Estados Unidos (716), el país con el nivel más alto del mundo (sin contar a China, Corea del Norte Eritrea, Guinea Bissau, Somalia, sobre los que no hay datos precisos). Los países de Europa Occidental tienen, en promedio, una tasa de prisionización inferior a la de Uruguay: 98 personas recluidas por cada 100.000 habitantes; lo mismo ocurre en los países del sur de África (205).
El aumento de la cantidad de presos estuvo acompañado en los últimos años por un incremento de la inversión pública para mejorar el sistema penitenciario, lo que permitió bajar 38% el índice de hacinamiento en los centros de reclusión. Entre 2010 y 2013 se construyeron 2.800 plazas y se mejoraron 2.000 que estaban en mal estado, informó el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas que envió la semana pasada al Parlamento.
Al respecto, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Álvaro Garcé, advirtió que dada la tendencia de incremento permanente de los presos, “es posible que en el futuro, agotada la descompresión generada por las nuevas plazas, se reedite el problema del hacinamiento”.
Varios motivos.
Si el aumento de la cantidad de presos en Uruguay no se explica por un aumento de la población general, ¿por qué sus cárceles alojan cada vez a más personas?
Consultado por Búsqueda, el director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, Javier Donnángelo, sostuvo que para explicar el fenómeno no se puede recurrir a “afirmaciones livianas” como decir que “las poblaciones con tasas de población carcelaria más altas son sociedades punitivas más firmes que las otras”.
“Dos sociedades pueden tener la misma cantidad de delitos y sin embargo tener número de presos muy diferentes”, explicó Donnángelo. Y añadió que el nivel de esclarecimiento de los delitos es un factor que incide en ese fenómeno. La Policía uruguaya, por ejemplo, aclara cerca del 65% de los homicidios, mientras que en “muchos países” de América Latina la resolución de asesinatos no alcanza al 30% de los casos.
El aumento de la tasa de prisionización también se explica, según el sociólogo, por el comportamiento que han tenido los delitos en Uruguay. Determinadas modalidades delictivas que tienen penas más duras, como las rapiñas, son más frecuentes hoy que 20 o 30 años atrás. En los hechos, cerca del 30% de los presos están en la cárcel hoy por cometer un robo violento, informó el lunes 30 “El País”.
Más allá de compartir las hipótesis de Donnángelo, el subdirector del INR planteó otra posible causa para la “inflación penitenciaria”. Belarra señaló como uno de los “puntos de inflexión” la aprobación de leyes sobre seguridad ciudadana durante gobiernos blancos y colorados, que tipificaron nuevos delitos y aumentaron las penas de otros.
Al respecto, Donnángelo dijo que un “elemento tan o más importante” que la sanción de esas leyes, es que el porcentaje de las personas procesadas por la Justicia que tienen antecedentes “no ha parado de crecer”: en 1996 eran un tercio del total y hoy están cerca del 60%. “Eso hace que la probabilidad de que recaiga una pena de prisión sobre las personas imputadas de cometer un delito sea mucho mayor, porque tener antecedentes es una circunstancia agravante de la pena y restringe el margen de maniobra de los jueces de penar con medidas alternativas”, explicó.
El comisionado Garcé, en tanto, atribuyó la tasa de prisionización uruguaya al “incremento real de la criminalidad, a lo que se agrega un exagerado empleo de la prisión preventiva”, según escribió en el informe que presentó el jueves 27 al Parlamento.
Medidas alternativas.
Mientras la población carcelaria sigue creciendo, el gobierno no logra solucionar otro problema que le marcan los organismos internacionales vinculados a los derechos humanos. En su último informe, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas afirmó que “valora las medidas adoptas por el Estado parte para mejorar las condiciones y eliminar el hacinamiento en los centros penitenciarios”, pero “expresa su preocupación ante el hecho de que dos tercios de la población reclusa se encuentre en espera de juicio y que la legislación del Estado parte no establezca aún un plazo límite de duración de la prisión preventiva”.
Las estadísticas del INR indican que al 31 de mayo 6.354 reclusos (65% del total) todavía no tenían condena frente a 3.432 (35%) que sí la poseían.
El gobierno considera que una de las vías para disminuir esa diferencia pasa porque los jueces apliquen medidas alternativas a la prisión. “Creo que ahí opera el factor del Código Penal que tenemos”, opinó Belarra. “En otras partes del mundo tenés muchos casos de personas que están esperando su condena con otras penas, como la prisión domiciliaria. Están viviendo el proceso penal, que es más abreviado, afuera de la cárcel”.
El subdirector del INR dijo que muchas veces los jueces no aplican penas alternativas a la prisión porque las personas a las que procesan no cumplen con los requisitos necesarios —porque no son reincidentes o cometieron delitos de gravedad. No obstante, añadió: “Uno siempre siente, al menos cuando mira el mapa comparativo, que son demasiado pocas las medidas alternativas que se aplican”.
Mientras que en Argentina y Brasil las penas alternativas alcanzan a más del 30% de la población procesada, en Uruguay no llega ni al 5%, lamentó. Según datos de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), hay 363 personas realizando tareas comunitarias y 94 cumpliendo prisión domiciliaria.
Para Belarra, la creación de la OSLA en 2011 le da más garantías a los jueces de que las medidas alternativas se van a controlar mejor. Con el objetivo de mejorar esa confianza, el Ministerio del Interior prevé recurrir a las tobilleras electrónicas para controlar los movimientos de las personas a las que se les decrete la prisión domiciliaria.
Las autoridades del Ministerio creen que las tobilleras demostraron ser muy efectivas cuando se aplicaron en casos de violencia doméstica y por eso funcionarán para el control domiciliario.
El encierro.
El subdirector del INR considera que las medidas alternativas facilitan cumplir el objetivo último de la institución que integra: rehabilitar a las personas que cometen delitos.
“El concepto de rehabilitarse para vivir en sociedad en un lugar que priva de la libertad es incongruente”, explicó Belarra. “No hay duda de que el mejor proceso de inclusión se genera en el afuera, operando en el territorio, con tus vínculos, en los espacios educativos, con tus grupos de pares”.
“Si uno se para en el deber ser, desde la Criminología Crítica, que dice que las prisiones no deberían existir, tendría que cerrarlas”, añadió. Pero Belarra no es “tan inocente” como para pensar que hoy es posible eliminar las cárceles. “En la realidad que vivimos, lo que podemos tener son mejores centros de reclusión, a los efectos de disminuir al máximo las condiciones negativas del encierro” y otorgar las “competencias mínimas para insertarse en la sociedad”.
Una de las cifras que denuncian la falla del sistema es el índice de reincidencia, que en Uruguay supera el 50%, según el Instituto Técnico Forense. Ese porcentaje es superior al de Brasil (47,4%) e inferior al de Chile (68,7%).
“Si bien el sistema carcelario no es el único factor que influye en la reincidencia del delito, la deficiencia en los programas de rehabilitación, las difíciles condiciones penales y la exposición a redes delincuenciales en las cárceles se combinan e influyen negativamente como aspectos reproductores de la violencia y del crimen”, advierte el Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Las tasas de reincidencia de los liberados de los centros de reclusión son altísimas” en todo el mundo, afirmó Donnángelo. “Rehabilitar a través de un modelo de privación de libertad, parece una empresa, si no imposible, sí muy dificultosa”.
