Aun con matices entre sí, políticos y académicos consultados por Búsqueda coinciden que es improbable ver escenas de esa magnitud en Uruguay, dado que su sistema político y social está mejor plantado para amortiguar y canalizar ese tipo de crisis. No obstante, algunos sugieren estar atentos, porque a escala local hay signos de deterioro en la confianza con el sistema y la crisis económica puede ambientar un mayor descontento.
Recientes elecciones en Chile. Foto: AFP.
Experimento o salto al vacío
Manuel Alcántar Saenz se toma la cabeza calva, incrédulo por lo que pasa en Chile. “Es una locura”, dice el politólogo español especializado en América Latina durante una entrevista vía Zoom con Búsqueda. Todavía no puede creer que los chilenos hayan resuelto instalar una asamblea constituyente como camino de salida a la crisis. “Están usando instrumentos del siglo XVIII como lo es una constituyente para atender los problemas del siglo XXI”, sostiene. Aunque aclara enseguida que tampoco es que tenga claro cuál sería la mejor alternativa.
La instalación de una constituyente para elaborar un texto que reemplace a la Constitución aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet fue uno de los acuerdos claves que pudo desactivar las manifestaciones del 2019. Entre el sábado 15 y el domingo 16 de mayo los chilenos votaron a los constituyentes sabiendo de antemano que habría paridad entre hombres y mujeres y una cuota para los pueblos originarios. La elección supuso un golpe para el sistema de partidos tradicionales, que obtuvieron una representación menor a la esperada.
“Hay una sensación de experimento democrático que es lindo, pero también una sensación de salto al vacío”, explica Atlman, que trabaja en la Universidad Católica de Chile.
Los constituyentes tendrán un plazo de un año para alcanzar un acuerdo sobre un texto que debe contar con el respaldo de al menos dos tercios de la asamblea. Lograr ese tipo de acuerdos parece complicado, dado que no hay ningún grupo que haya obtenido ni siquiera un tercio de los representantes. “El mago está fuera de la lámpara, hay que ver qué hace ahora”, añade el politólogo uruguayo.
Uribismo y guerrilla
La crisis desatada en Chile en 2019 parecía no tener fin. El politólogo sostiene que desde Uruguay se solía evaluar a ese país solo por sus “éxitos” económicos, sin tener en cuenta sus dificultades, entre las cuales se encuentran sus “redes de protección social, muy débiles”.
La crisis en Colombia está ambientada en la pandemia, que deterioró su economía. Si bien el disparador en ese caso fue la propuesta del gobierno de reformar el sistema tributario, también hay problemas estructurales. De hecho, el país venía de varios años de crecimiento económico, pero mantenía altos niveles de desigualdad.
Los acuerdos de paz firmados entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “no son un tema cerrado para los colombianos”, opina Alcántara Saenz. “Hay una parte muy dura de la derecha colombiana, representada en el uribismo, que pone cualquier tipo de dificultades para lograr avances; y luego hay una parte insurgente que está todavía vigente, que no son los desmovilizados, y que aprovechan cualquier oportunidad para generar desestabilización”. Y a eso, añade el politólogo, se suma que en Colombia no hay tradición de “pactos políticos”.
Aclántara Saenz desdeña la hipótesis de que haya “olas” de cambios de signo político. Sí encuentra un punto en común que no es solo regional, pero que dada la precariedad institucional puede ser más intenso en América Latina. Hay un malestar que “se traduce en la gente en la calle, la gente no confía en las instituciones, valora menos la democracia y eso va de la mano de una crisis en la representación política, en el sentido clásico del término, que sobre todo viene canalizada por los partidos políticos”, afirma. “No es que sea una crisis de los partidos políticos, porque hay literatura de la crisis de los partidos desde hace años, pero es una crisis de la representación, o sea, de la propia idea de la representación. Esa desconfianza en las instituciones se añade a varios fenómenos, uno universal, que es el tema de las nuevas tecnologías: Internet, las fake news, el empoderamiento que la gente siente con su celular; pero también a los efectos de soledad de la gente, ese profundo individualismo”.
Esa crisis de representatividad se veía con claridad en Chile, según Altman. El sistema electoral heredado de la dictadura generaba una desconexión importante entre los partidos y “lo que pasaba abajo”. Así, la “única manera de hacerse escuchar en el país era cortar la Alameda y tirar tres molotov”, sostiene.
Movilización de organizaciones sociales contra la Ley de Urgente Consideración. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Solidez y advertencias
Aunque cada vez más lo que pasa en un país repercute en otros, los especialistas ven pocas chances de que haya un “efecto contagio” que provoque un estallido social en Uruguay de magnitud similar a la de Chile o Colombia.
En Uruguay “hay resortes institucionales” que permiten “lidiar con ciertas cosas” y “amortiguar” algunos descontentos, opina Altman.
El director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, comparte ese punto de vista porque el sistema uruguayo tiene “niveles de institucionalización comparativamente altos, una tasa de sindicalización fuerte y organizaciones empresariales fuertes”, todos ámbitos donde se pueden canalizar a tiempo los reclamos.
“Estamos equipados con mejores anticuerpos que nuestros vecinos regionales para este tipo de estallidos, de descontentos tan generalizados, de episodios de violencia”, dice el sociólogo uruguayo, aunque aclara que “nadie está vacunado” contra esos fenómenos. Mucho menos cuando los indicadores económicos y sociales están cada vez más complicados producto de la pandemia.
Pese a esa visión general positiva, Porzecanski señala algunas “luces de advertencia” a tener en cuenta, aunque todavía no sean “señales de alerta”. Las encuestas nacionales y regionales muestran una “confianza decreciente en los partidos políticos, una menor satisfacción por la democracia”. Claro que en el caso de Uruguay ese deterioro en la confianza parte de guarismos positivos más altos que los que se registran en otros países de la región.
El director de Opción Consultores añade otro aspecto a considerar: la apatía. “En Uruguay hay un porcentaje de la población muy desconectado de temas políticos, que no sabe, que no conoce a los líderes, sus propuestas, no está enterado, por ejemplo, de la campaña de recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración. Y cuando tenés una ciudadanía poco involucrada en la política, tenés una democracia representativa más debilitada”.
Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
El descontento local
Si bien comparten el diagnóstico de que es poco probable ver imágenes en Montevideo como las que llegan ahora desde las principales ciudades colombianas, dirigentes políticos oficialistas y de la oposición uruguayos tienen algunos matices.
“Los sistemas de protección social uruguayos son infinitamente mayores a los del resto de América Latina, por lo que no veo un escenario de radicalización como esos”, dice el senador blanco Sebastián da Silva. Y augura con optimismo que el país va a lograr inmunizar a la población, lo que permitirá salir de la peor parte de la pandemia y desatar “un despegue grande desde el punto de vista económico”. Ese repunte “le ganará al descontento, hartazgo y las complicaciones de todo tipo” que trajo el Covid-19.
Su correligionario Jorge Gandini comparte la opinión de que “no hay condiciones objetivas como para generar ese grado de movilización violenta, destructiva y fuertemente cuestionadora” que se vivió en otros países latinoamericanos.
Gandini deja abierta la posibilidad de que grupos u organizaciones sociales quieran intentar medidas de desestabilización. Da Silva afirma que la izquierda que había en 2002, cuando la crisis económica, “nunca permitiría” desbordes tan dramáticos, pero “hoy es otra izquierda, sin referentes, sin liderazgo y sin un rumbo que puede permitirse que algunas pocas voces que buscan protagonismo puedan gritar demasiado”.
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi evalúa que las crisis sanitaria y económica son “un combo que no puede subvalorarse”. Por eso, añade, “hay que tener cuidado con lo que se dice y lo que se hace”. Para Goñi, “sería un error inexcusable minimizar la acumulación de tensiones contenidas y dar posibilidades a esos oportunistas que siempre están al acecho para alentar la desestabilización política como un atajo”.
Sobre esos puntos, en el Frente Amplio hay matices. “Si no pasan cosas como pasan en otros países, es porque vos tenés al PIT-CNT, tenés al Frente Amplio y porque tenés encauzada la protesta a través de las firmas, pero no porque los jóvenes colombianos, los chilenos, los paraguayos o los ecuatorianos sean más rebeldes que los uruguayos”, dijo la semana pasada el ex secretario político del Frente Amplio Rafael Michelini (Búsqueda Nº 2.123).
Consultado al respecto, el diputado del Frente Amplio Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) dice que “la disconformidad social” que hay en Uruguay “va a tener alguna expresión”, pero los de Chile y Colombia “no son sistemas políticos y sociales comparables”.
“Lo que no descarto es que existan mayores niveles de movilización a partir del descontento social y económico, que se va a agudizar”, acota. “Mayor crispación política seguramente va a existir, pero aquí se puede encauzar mejor”. Eso dependerá, al menos en parte, de “cómo se construyen las respuestas del sistema político y las organizaciones sociales”.