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En una era donde la información fluye más rápido que nuestra capacidad para verificarla, la desinformación se ha convertido en una de las mayores amenazas para la democracia. ¿Cómo afecta la desinformación a la democracia y qué impacto tiene en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? ¿Podrán las democracias mantener su integridad y funcionamiento efectivo en un entorno saturado de falsedades que no solo confunden a los votantes, sino que también minan la confianza en las instituciones públicas? ¿Qué papel juegan las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, tanto en la propagación como en la detección de desinformación, y cómo podemos utilizar estas herramientas para fortalecer, en lugar de debilitar, nuestros sistemas democráticos?
Además, ¿cómo podemos asegurar que la lucha contra la desinformación no comprometa la libertad de expresión, un pilar fundamental de cualquier sociedad libre? Finalmente, ¿qué estrategias específicas deben adoptar los países para que el camino hacia el desarrollo sostenible no se vea obstaculizado por la manipulación informativa y cómo pueden las instituciones educativas y los medios de comunicación colaborar para fomentar una ciudadanía global bien informada y crítica? Estos interrogantes son cruciales para entender la relación compleja entre la desinformación, la democracia y el desarrollo sostenible y requieren un enfoque coordinado y multifacético para abordarlos efectivamente.
Frente a este desafío, Uruguay se presenta una vez más como un faro de responsabilidad y compromiso ético. El reciente refuerzo del Pacto Ético del Sistema Político Uruguayo contra la Desinformación, promovido por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y firmado por representantes de todos los partidos políticos con participación parlamentaria, no es solo un acto simbólico, es una acción crucial para preservar la integridad de la democracia en el país y para destacar en este día Mundial de la Libertad de Prensa.
La desconfianza ciudadana hacia la información es una seria amenaza para los cimientos de cualquier sociedad democrática. En una era donde las redes sociales y las nuevas tecnologías han revolucionado el ecosistema informativo, nunca había sido tan fácil buscar, recibir y difundir información. Sin embargo, este hecho ha impulsado la propagación de la desinformación y el discurso de odio, especialmente problemáticos en contextos electorales. Varios países de la región y del mundo han experimentado cómo la desinformación ha generado confusión, miedo y, sobre todo, una polarización extrema. Una reciente encuesta realizada por la Unesco con Ipsos revela el alcance de esta inquietud: el 85% de los encuestados en 16 países expresó preocupación por el impacto de la desinformación en general, y un 87% mostró preocupación específica por su influencia en las próximas elecciones. Estas cifras cobran importancia al considerar que en 2024 se celebrarán 76 elecciones que afectarán a más de la mitad de la población mundial. En estos procesos, se espera que la inteligencia artificial juegue un papel sin precedentes en la generación y difusión de contenido. Uruguay se destaca por la robustez de su democracia y el respeto al Estado de derecho, y sin embargo no está exento de los desafíos que la desinformación impone; por ello son tan importantes iniciativas como el Pacto Ético del Sistema Político Uruguayo contra la Desinformación para fortalecer y proteger su estructura democrática frente a estas amenazas emergentes.
Este pacto, firmado originalmente en 2019 y ratificado en un significativo acto en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, subraya el compromiso continuo de Uruguay para combatir las campañas de desinformación y promover un ambiente de respeto en las redes sociales. Durante la firma del acuerdo la vicepresidenta Beatriz Argimón recalcó con razón que “la democracia uruguaya, que es un símbolo que nos identifica en el mundo, se debe defender todos los días”. Este no es solo un compromiso político, sino un reconocimiento de la fragilidad de nuestras instituciones frente a las olas de falsedades que pueden socavarlas.
La iniciativa uruguaya ofrece un modelo de cómo los actores políticos pueden y deben unirse en la defensa de la verdad y la integridad electoral. El apoyo a la verificación de datos, la capacitación de profesionales electorales y la alfabetización mediática son solo algunas de las medidas prácticas que se están implementando para fortalecer esta lucha.
Este pacto no es solo un acuerdo para evitar falsedades, sino un compromiso para actuar basados en un conjunto compartido de valores democráticos donde la verdad y la transparencia son fundamentales.
El papel de los medios y de la educación no puede ser subestimado. La “alfabetización mediática e informacional” es crucial para formar “ciudadanas y ciudadanos digitales” que no solo consuman información, sino que también la cuestionen y la verifiquen.
Uruguay, por lo tanto, no solo está defendiendo su propia democracia contra la desinformación, sino que también está trazando un camino que otros países harían bien en seguir. En un mundo inundado de información, tener la capacidad de discernir la verdad es más que una habilidad, es un imperativo cívico. Uruguay ha reconocido esta necesidad y ha actuado en consecuencia, reforzando un compromiso que es esencial no solo para su futuro, sino para el de la democracia global.
*Director de la Oficina Regional de la Unesco Montevideo.
**Representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay.
