A ver: en el preámbulo del contrato, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez dice que Uruguay tiene una “estrategia nacional (…) que promueve un desarrollo econo´mico productivo e innovador, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial” y, por eso, quiere atraer “inversiones que contribuyan sustantivamente a la creacio´n de empleo de calidad, la incorporacio´n de tecnologi´a de punta y el fortalecimiento de las capacidades dome´sticas para la expansio´n de actividades con mayores niveles de valor agregado y conocimiento nacionales, en un contexto de descentralizacio´n de las actividades productivas”. Reconoce “la importancia de la cadena forestal maderera en el desarrollo econo´mico nacional, al haberse constituido en uno de los principales complejos agroindustriales impulsores del crecimiento, con un papel sustantivo en la dinamizacio´n y diversificacio´n de las exportaciones, la generacio´n de empleo de calidad en el interior del pai´s y la incorporacio´n de conocimiento en las actividades productivas”. Y destaca la “relevancia de UPM en el mercado internacional de la celulosa y sus derivados, y en otras li´neas de negocios de punta en el a´mbito de la bioeconomi´a y las energi´as renovables, con una presencia en el pai´s de ma´s de dos de´cadas, habie´ndose constituido en uno de los principales inversores externos y generado un denso entramado de relaciones comerciales que involucra a ma´s de 500 pequen~as y medianas empresas uruguayas”.
Ya con esto, la liberación nacional y el socialismo retrocede un casillero.
Peor aún para los “luchadores sociales”: si se lee con atención, el contrato entre Uruguay y UPM es un programa de gobierno. UPM se propone instalar, en régimen de “zona franca” (o sea, sin pagar una cantidad de impuestos), una planta gigante en Paso de los Toros, capaz de producir cada año entre 1.900.000 y 2.400.000 toneladas de celulosa, e invertir en eso 2.000 millones de euros. A cambio, el Estado uruguayo ya se comprometió formalmente y por escrito a: 1) dejar en funcionamiento un sistema ferroviario moderno que unirá el centro del país (Paso de los Toros) con el puerto de Montevideo, antes de febrero del año 2022; 2) construir un viaducto sobre la rambla; 3) construir, reconstruir y reforzar cientos de kilómetros de carreteras, caminos vecinales y decenas de puentes; 4) dragar el puerto capitalino; 5) crear allí una terminal portuaria especializada y exclusiva para celulosa, productos qui´micos y productos forestales; 6) reestructurar la Dirección Nacional de Medio Ambiente; 7) organizar y financiar la mejora de las universidades te´cnicas (UTU), principalmente de Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembo´, para mejorar su capacidad de brindar instalaciones y recursos educativos con respecto a las disciplinas meca´nicas, de instrumentacio´n y ele´ctricas; 8) facilitar la cooperación entre la UTU y las universidades te´cnicas de Finlandia; 9) organizar y financiar programas para apoyar a las personas de la regio´n de influencia a efectos de mejorar su capacidad de completar los estudios educativos ba´sicos; 10) trabajar con UPM para desarrollar un nuevo ti´tulo te´cnico llamado “tecno´logo en Control de Procesos” que se ofrecera´ en la Universidad Tecnolo´gica (Utec); 11) incorporar al Derecho Positivo uruguayo, antes de diciembre de 2019, normas nuevas sobre relaciones laborales, particularmente en lo referido a “piquetes” u “ocupaciones” sindicales; 12) conceder u obtener la concesio´n de derechos de uso del agua para los procesos industriales asociados a la planta de celulosa; 13) obligarse a establecer un flujo mínimo de agua en el río Negro, aguas abajo de la represa de Rincón del Bonete; 14) garantizar agilidad para la aprobación de nuevos proyectos de plantaciones forestales solicitados por UPM; 15) crear un “sistema de localidades” en un a´rea geogra´fica que comprende a los departamentos de Durazno, Florida, Cerro Largo y Tacuarembó, donde impactarán las operaciones forestales de UPM, para atender “las necesidades de salud, vivienda, educacio´n y transporte de los contratistas de UPM, sus empleados y familias”; 16) “brindar conectividad a Internet con un mi´nimo de tecnologi´a LTE en el a´rea principal de influencia de las operaciones forestales que puede, en algunos lugares, ampliarse ma´s alla´ del Sistema de Localidades”; 17) comprarle a UPM la energía excedentaria que produzca la planta de celulosa a US$ 72,5 por megavatio/hora, durante por lo menos 20 años. El gobierno dice en el contrato que ese es un “precio inferior al valor promedio de los generadores privados”, algo que ha sido fuertemente controvertido por algunos expertos y dirigentes de la oposición.
El gobierno cree que la nueva planta de UPM (ya tiene una en Fray Bentos) es “una oportunidad extraordinaria” para aumentar en forma permanente el PBI en dos puntos porcentuales, generar nuevas exportaciones agroindustriales por US$ 1.000 millones y permitir al Estado recaudar unos US$ 120 millones al año. Por eso y mucho más, el gobierno de Uruguay “reconoce que el proyecto UPM es de intere´s pu´blico y relevante para el desarrollo del pai´s”. UPM manifiesta en el contrato que “esta´ continuamente en busca de oportunidades de crecimiento de sus negocios”. O sea, UPM no es una obra social sino una tremenda empresa multinacional capitalista constituida como sociedad anónima, con ventas anuales de 10.000 millones de euros, 19.300 empleados desparramados en 12 países y 85.000 accionistas. UPM-Kymmene (así es el nombre completo de la empresa) cotiza en la Bolsa de Valores de Helsinki y es producto de una fusión en 1996 de Kymmene Corporation y Repola Ltd. y su subsidiaria United Paper Mills Ltd. La planta más antigua de la compañía es Papeteries de Docelles, en el noroeste de Francia, que produce papel desde fines del siglo XV. Hace 11 años, UPM despidió a 3.600 empleados, 3.000 de ellos en Finlandia. Fue el mayor despido de la historia de Finlandia.
Dos casilleros más atrás para la liberación nacional y el socialismo.
El gobierno y UPM ya acordaron que la nueva planta disfrutará de los beneficios fiscales de las zonas francas durante 30 años a contar desde la finalización de la construcción. Serán, entonces, más de tres largas décadas de “flexibilidad táctica” para la revolución.
Tres casilleros atrás para la liberación nacional y el socialismo.
UPM y las empresas que trabajen para este proyecto no pagarán IRPF ni IRNR (Impuesto a la Renta de los No Residentes) y gozarán de exoneraciones en el IRAE, el IVA y el ITP. UPM se asegura, asimismo, trámites rápidos para conseguir las autorizaciones ambientales necesarias para operar. Además, UPM tendra´ derecho a nombrar personal propio y asesores independientes para monitorear el proyecto ferroviario, la construcción o reconstrucción de carreteras, caminos y puentes, y el Estado uruguayo “debera´ proporcionarle a los observadores ferroviarios de UPM informes de progreso integrales que contengan toda la informacio´n relevante y actualizada relacionada con el proyecto ferroviario”. Esos observadores tendrán acceso irrestricto al trabajo que se vaya desarrollando; podrán inspeccionar hasta el último durmiente de las vías. O sea: los tipos no confían en que el Estado uruguayo y sus socios circunstanciales puedan hacerse cargo de semejantes obras por su cuenta. Hacen bien.
Cuatro casilleros atrás para la liberación nacional y el socialismo.
El contrato dice que “el 12 de setiembre de 2017, las partes celebraron un acuerdo marco de mano de obra con respecto a la planta de celulosa junto al PIT-CNT, la Ca´mara de la Construccio´n del Uruguay y la Ca´mara Metalu´rgica del Uruguay para asegurar, entre otras cosas, “que las actividades relacionadas con la construccio´n, el montaje y la puesta en marcha de la planta de celulosa puedan completarse en tiempo y conforme a lo planificado”.
¡Uy! Hasta el PIT-CNT se dio vuelta. La liberación nacional y el socialismo retroceden 10 casilleros más.
Para el montaje de la nueva planta de celulosa, UPM y el gobierno acordaron que por cada 100 trabajadores, 25 podrán ser extranjeros (aunque pueden ser más si no encuentran en Uruguay mano de obra calificada). Más importante todavía en esta materia es que el gobierno asumió un “firme compromiso” en cuanto a convocar un a´mbito de negociacio´n conjunta entre el PIT-CNT, UPM, las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para acordar procedimientos de prevencio´n y solucio´n de conflictos, asi´ como la regulacio´n de “piquetes” y “ocupaciones”. Según el contrato, UPM dejó “expresa constancia de que si el resultado de las negociaciones en ese a´mbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del proyecto de UPM, (eso) podra´ constituir una causal para que UPM no tome una decisio´n final de inversio´n positiva”. Así que, muchachos, no se hagan los locos porque esta vez va en serio.
Cinco casilleros menos para la liberación nacional y el socialismo.
El gobierno ya acordó con UPM crear un “Fondo de Innovacio´n Sectorial” como fideicomiso de administración, integrado por representantes uruguayos y de la empresa, para que funcione 20 años (aunque UPM podrá salir del Directorio a los 10 años). UPM aportará anualmente US$ 1.500.000 a ese Fondo durante 20 años para financiar, total o parcialmente, un Centro Tecnolo´gico Forestal Maderero en Tacuarembó (con gobernanza público-privada), un Centro Tecnolo´gico en Bioeconomi´a (con gobernanza público-privada), proyectos de I+D+i (que analizarán “eventuales nuevas líneas de negocios”), un programa de becas para maestri´as y doctorados y un Centro de Desarrollo Empresarial para habilitar asistencia te´cnica a las empresas medianas y pequeñas en el territorio que puedan ser incluidas en la red de proveedores uruguayos de UPM.
En todo esto, hay palabras diabólicas como “empresas”, “privados” y “negocios” que no van con la liberación nacional y el socialismo. Dos casilleros para atrás.
El contrato prevé “causas extrañas” que pueden hacer caer todo el negocio. Entre ellas, menciona “guerra u otro conflicto armado, un estado de emergencia nacional, revuelta, insurreccio´n o rebelio´n en Uruguay”.
Demasiado para la “flexibilidad táctica” con vistas a la apuesta estratégica de la liberación nacional y el socialismo. Otros 10 casilleros hacia atrás.
El gobierno aceptó, por otra parte, que el contrato caerá “automáticamente” y sin consecuencias para UPM si la fecha de la decisión final de su inversión no ocurre antes del 15 de febrero de 2020 o si las partes no suscriben el Contrato Complementario antes de ese día.
Y, en caso de existir desacuerdos entre las partes, el contrato prevé la posibilidad de que la controversia se resuelva “mediante arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) establecido por la Convencio´n sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierta a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965. Las audiencias arbitrales tendra´n lugar en la ciudad de Washington, Estados Unidos, y estara´n dirigidas por un tribunal compuesto de 3 (tres) a´rbitros. Cada parte designara´ 1 (un) a´rbitro, y el tercer a´rbitro, quien presidira´ el tribunal, sera´ designado de mutuo acuerdo por las partes. Todas las disputas se resolvera´n conforme a las reglas de arbitraje del Ciadi y sus reglamentos vigentes a la fecha de presentacio´n de la solicitud de arbitraje”.
De modo que si hay líos, se resolverán en la capital del imperio. Esto deja mucho que desear para los forjadores del hombre nuevo, la liberación nacional y el socialismo. Retroceden veinte casilleros y se cayeron del tablero.
Por supuesto que el gobierno ha hecho muchas concesiones en este contrato. ¿Pero cómo quieren, quienes lo critican, conseguir inversiones y emprendimientos industriales de este porte sin hacerlas? Por si no lo han advertido, Uruguay no es el ombligo del mundo y nadie vendrá acá a colocar cientos de millones de dólares sin asegurarse de que no sufrirá “piquetes”, sin saber si harán un buen entramado ferroviario, sin monitorear que realmente draguen el puerto y construyan una nueva terminal o sin controlar que las carreteras sean efectivamente modernizadas. ¿Qué se creen? Los finlandeses ya saben hace rato que la mano de obra uruguaya es de baja calificación. Y por eso plantean hasta una minireforma educativa.
Parece evidente que, mediante la suscripción de este contrato, el presidente Vázquez quiere eludir la “máquina de impedir” instalada en la dirección del Frente Amplio y en el PIT-CNT. Si lo consigue, será su gran legado. Si no, el Uruguay seguirá pastando en su mediocridad.
