V de Vendetta

Pero entonces, en medio de la duda sobre cómo pudo llegar hasta este punto un país que siempre se ha felicitado por su maravillosa y republicana convivencia (a pesar de unos golpecitos de Estado acá y allá, a pesar de una brecha cultural y social que de a poco nos va partiendo), a media tarde el portal de Presidencia de la República publica el siguiente comunicado: “El integrante de la Mesa de Colonos que acusó de mentiroso al presidente Tabaré Vázquez es el señor Gabriel Arrieta, ocupante de tierras de Colonización (INC) en Kiyú, San José. Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores. Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en el proceso judicial correspondiente”.

La señal que se emite con ese comunicado es brutal: si el presidente se siente ofendido por alguno de tus dichos, agarrate. Porque tus datos personales, tus deudas, etc. serán expuestos al escarnio público en la web de la autoridad máxima. Y no por estar debiéndole plata al Estado, ya que nadie en este gobierno o en el anterior se molestó en hacer pública la deuda de Paco Casal con la DGI o la deuda de Fripur con el BROU y el BPS. La señal es abiertamente política y en la peor versión de la política: las famosas urnas en donde todos se verán, se pueden apuntalar o sacudir, haciendo uso de las herramientas de información que tiene el Estado.

El argumento recurrente para justificar el comunicado de Presidencia fue que la información también había sido publicada por distintos medios. Y es verdad: horas antes el diario La República recogía unas declaraciones de la presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez, en donde decía que Arrieta “no es colono”, sino “un ocupante ilegal de un predio que hoy está subarrendando”, aportando todos los datos que más tarde publicó Presidencia. De este argumento se desprenden dos cosas interesantes: por un lado, que es irrelevante que la información ya estuviera circulando en prensa, ya que su origen sigue siendo el Estado. Por otro, que para muchos sigue siendo difícil percibir la diferencia que hay entre el Estado y unos medios privados.

Los medios privados están sometidos a las generales del Derecho y si con sus publicaciones transgreden de alguna manera la ley, pueden ser llevados a juicio. Pero, en todo caso, denunciar lo que alguien no quiere que se sepa, es el centro de su tarea. Por el contrario, no es función de Presidencia dedicar sus recursos a incendiar mediáticamente a un ciudadano, usando el peso del Estado y dejándolo indefenso ante el resto de los ciudadanos.

Que la presidenta de un instituto público salga a brindar información de uno de sus deudores, justo después de que ese deudor tuviera un encontronazo con el presidente de gobierno, es de una inmoralidad asombrosa. Tiene el problema adicional de que eso hace que el Estado violente las leyes que está obligado a defender. Por no hablar de que se está usando el Estado como si fuera la misma cosa que el gobierno o que el presidente. Y ya que estamos con Alan Moore en el título, conviene recordar su pregunta clásica “¿quién vigila a los vigilantes?”. El Estado es el garante de los procedimientos democráticos y es difícil creer que esos procedimientos incluyan publicar datos personales sin más razón que la de vengarse de un ciudadano incómodo.

Las reacciones virtuales fueron también bastante asombrosas. Una parte importante de la gente, opositores probablemente, viendo en el hecho una oportunidad de acarrear agua para su molino, comenzaron a pedir una suerte de linchamiento inverso. Sin percibir que en esta línea simplemente no va a haber ni agua ni molino. Y por otra parte, resonó también gente que ha elegido vivir con la venda ideológica firmemente atenazada sobre los ojos, alabando la eficiencia de un Estado que puede localizar a los disidentes que insultan al presidente con tal velocidad. Muchos de ellos gente que en su momento fue disidente y que también fue localizada por el Estado a gran velocidad, aunque tratada con mucha mas ferocidad.

Alguien definió el comunicado de Presidencia como un error. Yo creo que no es un error, creo que es un síntoma y de los feos. Que Presidencia considere correcto y natural patrimonializar la institución de esa manera, es una señal antirepublicana grande como una casa. Para colmo de males, tiene muchas chances de ser ilegal si se confirma que viola la vigente ley de protección de datos personales.

En unos días espantosos, en donde los ánimos crispados se cruzan y aparecen los pedidos de mano dura, de militares en las calles, de reclamos en caliente y sin mediación, el escrache iniciado por la presidenta del INC y convertido en tema de Presidencia gracias a su comunicado, es una pésima señal que se da desde el Estado y desde el gobierno. Nunca puede el Estado señalar a los ciudadanos, salvo cuando incumplen la ley e incluso ahí hay procedimientos que protegen la identidad de ese ciudadano mientras no esté probada su culpa.

El que no quiera ver la severa erosión que está sufriendo nuestro republicanismo quizá debería considerar sacarse los lentes de sol un rato. De paso, alejarse de la fachada, no sea cosa de que le caiga parte encima. Y es que cuando se caiga el edificio republicano, solo nos va a quedar la selva y su ley.

?? Brote de magufos