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    Vaz Ferreira, Pinchinatti y Tortorelli

    N° 1706 - 21 al 27 de Marzo de 2013

    Si determinadas opiniones no estuvieran respaldadas por la firma, la voz o la imagen y fueran anónimas, se podría suponer que son de un aprendiz de filósofo o de un guionista de humor. El más prolífico autor es el presidente de la República, José Mujica, quien en sus discursos y declaraciones se empeña en parodiar simultáneamente a Vaz Ferreira, Pinchinatti y Tortorelli (*).

    No reflexiona, no estudia, no se asesora y, con un bajo umbral de ira, insulta. Se calienta y, en lugar de un arma de fuego, ahora el anciano y frustrado presidente se atrinchera y dispara insultos. Viola algo nuclear en una democracia como es el Estado de derecho: el conjunto de normas, leyes e instituciones que manan de la Constitución de la República. Desprecia el derecho que tiene como esencia preservar la paz, el orden y la convivencia pacífica. Eso es totalitarismo.

    Lo dicho es consecuencia de su opinión sobre la millonaria demanda contra el Estado de un empresario que comenzó hace varios años y que ahora, cuando llega el momento de pagarle por ineficiencia o errores de la administración, el gobierno y sus adláteres —que sólo se preocupan de temas jurisdiccionales cuando pueden sacarle provecho político— se escandalizan pretendiendo un estado en el Olimpo como Dios omnipotente con licencia para dañar. Más totalitarismo.

    Hace pocos días, Mujica intentó trampear al ciudadano haciéndole creer que el mundo jurídico y judicial está copado por monstruos perversos que intentan despojarlo de lo que le pertenece.

    Se quejó de los abogados “picapleitos que terminan robándole suculentas sumas al Estado”. Los definió como “formas parásitas” y “una de las peores patologías que tiene el país”. El indigno insulto —dirigido al abogado del demandante, Daniel Hugo Martins, pero multiplicado por el uso del plural— es terrible en boca de cualquiera, pero más en la de un presidente. Según el diccionario, “picapleitos” es un “abogado sin pleitos que anda buscándolos”, un “enredador y rutinario”, además de “embustero y trapisondista”. ¿Con qué autoridad jurídica y moral se atreve a calificar como trapisondista, tramposo, enredador y ladrón a un jurista de la trayectoria de Martins? Por elevación también ubica en ese terreno al abogado de la administración en ese caso, el prestigioso catedrático de Derecho Civil Juan Andrés Ramírez, quien varias veces, del otro lado, ha demandado con éxito al Estado.

    ¿Son todos los abogados tramposos, trapisondistas y ladrones? ¿Merecen esos calificativos los profesionales que, con pleno derecho, han ganado cuantiosas demandas, locales e internacionales, contra el Estado por los abusos a sus clientes durante la dictadura? ¿Les atribuye la condición de “picapleitos” a los abogados que militan en su partido e integran o asesoran a su gobierno? ¿A quién consulta el presidente cuando tiene que decidir sobre cuestiones legales? ¿Al Pato Celeste? A veces así parece.

    También insulta a los nueve jueces (abogados) que intervinieron en ese juicio (uno en primera instancia, tres ministros de tribunal y cinco de la Corte), así como a todos los que juzgan demandas similares. ¿Los supone enemigos del Estado o cómplices de los demandantes? No importa quién gobierna cuando el Estado comete errores y lesiona al ciudadano. Ocurre en todos los gobiernos de todos los partidos. El Estado es uno solo y debe responder por el daño moral o material que ocasiona. En los últimos 20 años las sentencias son centenares y los jueces fallan sin fijarse en partidos ni gobiernos. Para evitar fallos en contra, los gobiernos deben tener funcionarios eficientes en lugar de burócratas y no deben apartarse de la ley, como suelen hacer por razones políticas.

    Como si le hubiera quedado bronca atragantada, unos días después el gaucho del asfalto, en su papel de filósofo-humorista, volvió a la carga con dardos contra el economista Gabriel Oddone que había criticado decisiones de su gobierno. “Estamos infectados (corromper con malas doctrinas o ejemplos) de economistas, escribanos y abogados”, disparó.  Esa es una “visión antiintelectual” y “estigmatiza al boleo”, advirtió el historiador Gerardo Caetano.

    ¿Qué tienen en común Oddone, Danilo Astori, Alberto Breccia, Fernando Lorenzo, Jorge Batlle, Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti, Ariel Davrieux, Gonzalo Fernández, Pedro Bordaberry, Luis Lacalle Pou, José Díaz, Javier de Haedo, Mario Bergara, Jorge Larrañaga, Ricardo Pascale, Daoiz Uriarte, Jorge Orrico, Walter Cancela, Eduardo Pérez del Castillo y Homero Guerrero, por citar unos pocos? Son todos titulados en las profesiones denostadas.

    Como es natural, los ciudadanos debemos preocuparnos por la salud del presidente, especialmente la psíquica y emocional. Tranquiliza que no haya descalificado a los profesionales que en algún momento deberán tratarlo por su incontenible ira, frustraciones y trastorno obsesivo compulsivo contra los egresados universitarios. La terapia será larga y dura.

    (*) Domingo Tortorelli fue un político que en la década de los 40 proponía, entre otras cosas, instalar canillas de leche en cada esquina, carreteras en bajada para ahorrar combustible, techar las plazas para evitar que los pobres durmieran a la intemperie y rebajar a la mitad el precio del azúcar, la yerba y el vino. Su lista, la Nº 200, convocaba con el mensaje: “Su fe y esperanza con el salvador de la patria”. Cualquier similitud no es coincidencia.