El presidente Tabaré Vázquez los había reunido en la residencia de Suárez y Reyes para explicarles la política austera que pretende impulsar su administración. “A ustedes los colocó el Poder Ejecutivo y si no se alinean, tienen que dejar el cargo”, les dijo con tono pausado. Los titulares de las principales empresas públicas José Coya (Ancap), Andrés Tolosa (Antel), Alberto Díaz (ANP), Milton Machado (OSE) y Gonzalo Casaravilla (UTE), escuchaban en silencio aquella mañana del jueves 14 de mayo.
Son casi los mismos jerarcas que en el final del gobierno de José Mujica. Entre un gobierno y otro solo hubo una modificación, en Antel, cuyo timón pasó de las manos de Carolina Cosse, actual ministra de Industria, a las de Tolosa, quien hasta ese momento era gerente general del ente de telecomunicaciones. Y sin embargo las relaciones entre las empresas públicas y el Poder Ejecutivo cambiaron casi por completo.
El episodio más claro en la nueva dinámica de trabajo ocurrió el miércoles 2. Ese día el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, llamó al presidente de Antel para avisarle que Vázquez había resuelto detener las obras del Antel Arena. Cosse, una de las principales impulsoras de esa iniciativa, había quedado fuera de la jugada.
Pero no es solo una cuestión de estilo. Vázquez decidió que la Presidencia de la República, junto al equipo económico y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sigan de cerca el trabajo de las empresas públicas y solucionen algunos problemas financieros que arrastran, según el actual gobierno, producto de decisiones adoptadas en la pasada administración.
Ajustar el cinturón.
Fibra óptica para llevar Internet inalámbrico de alta velocidad a todas las ciudades y poblaciones más grandes, una central de generación eléctrica que funciona tanto con gas natural como gasoil, varios parques eólicos, una planta desulfurizadora y otra de biodiesel, una regasificadora, una fábrica de cal y otra de bioetanol. Esas fueron algunas de las inversiones más notorias efectuadas por empresas públicas en los años recientes con efectos contrapuestos: dinamizaron la actividad económica, pero impactaron en los balances de los entes y, por consiguiente, en las cuentas públicas en su conjunto.
El nuevo gobierno encabezado por Vázquez encaró el tema de un modo diferente. La decisión de ajustar el cinturón en las empresas públicas fue una de las primeras medidas adoptadas por el presidente. El tema había sido conversado durante la transición con Astori. El líder del Frente Líber Seregni le informó que la situación era “muy comprometida” y se deberían hacer “ajustes significativos”.
En marzo el equipo económico citó a los directores de los entes para conversar uno a uno sobre el nuevo panorama. En la interna llegaron a manejar la idea de “recortar salvajemente”, comentaron fuentes del Poder Ejecutivo a Búsqueda.
El foco fue puesto en Ancap, Antel y UTE. Coya sostuvo en las reuniones que la empresa petrolera era “económicamente inviable” e “insostenible”. Por eso planteó la necesidad de ajustar las cuentas para poner en curso a la empresa otra vez, relataron los informantes.
Uno de los que planteó una postura más fuerte fue Casaravilla, presidente de UTE. A la reunión de marzo fue acompañado por la ministra Cosse. En el encuentro los números presentados por el jerarca de UTE no convencieron a Economía, que pidió más esfuerzos para ajustarse “a la estrategia pedida por Tabaré”, comentaron fuentes de esa secretaría de Estado.
Casaravilla dijo que ya que el país había invertido mucho dinero en la generación de energía y en diversificar la matriz energética, era tiempo de “invertir lo mismo o más” en un segundo paso: “la cadena de distribución y transmisión”. El jerarca solicitó U$S 500 millones por año a lo largo del quinquenio.
Las autoridades de Economía le respondieron que esa “aspiración era muy difícil de cumplir”, ya que la realidad del país y la región era muy distinta a cuando UTE invirtió esa cifra para generación de energía. La exigencia de recortar fue repetida varias veces durante la reunión. “Todos los ahorros que teníamos para hacer ya los hice. Si ustedes encuentran algo bienvenido sea. Pero no sé ya por donde recortar”, dijo Casaravilla al equipo económico. El encuentro quedó trunco y las partes decidieron seguir conversando para trabajar en el tema.
Además de las reuniones privadas, Economía planteó su preocupación en ámbitos públicos. “Tenemos que hacer un esfuerzo grande en las empresas públicas, que han venido disminuyendo significativamente su aporte a la Tesorería, y es fundamental revertir esa tendencia(...)”, afirmó Astori al comparecer el 13 de mayo pasado ante el Senado en régimen de comisión general.
Aclaró que el aporte a Rentas Generales de los entes “ha venido cayendo verticalmente en los últimos años” y revertir eso “no se hará por la vía de tarifazos sino de una programación de sus inversiones y una mejora de su gestión”.
Esa decisión del Poder Ejecutivo se tradujo en una comunicación a los titulares de las principales empresas públicas de un instructivo, ordenándoles medidas de austeridad (ver Búsqueda Nº 1.816). Vázquez, acompañado por Astori, el jefe de asesores de esa cartera, Andrés Masoller, y el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, fueron los encargados de pasar el mensaje en la residencia presidencial de Suárez y Reyes a Casaravilla, Coya, Tolosa y Machado. Al encuentro no fueron invitadas la ministra de Industria ni la de Vivienda, Eneida de León, pese a que las empresas públicas están vinculadas a esas secretarías de Estado.
En esos lineamientos por escrito se estableció un tope a los montos autorizados de inversiones, una reducción de 5% en términos reales este año y 8% en 2016 en los gastos en bienes y servicios, y un recorte de 50% en publicidad —en el caso de las actividades en competencia—, reducción de 20% de las horas extras. Deberán dejar sin cubrir el 25% de las vacantes que se generen y su cantidad de empleados no podrá incrementarse respecto a la existente al 31 de mayo.
En la reunión Vázquez les dijo a los jerarcas que confiaba “ciegamente” en que ellos iban a hacer “todos los esfuerzos por ajustar los gastos y priorizar lo que realmente es prioritario para el país”, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno. Y agregó: “Las empresas públicas son autónomas. Y eso lo tenemos todos claro. Pero ustedes también tienen que tener claro que no son autónomos. A ustedes los colocó el Poder Ejecutivo y si no se alinean, tienen que dejar su cargo”.
El presidente le recordó a los titulares de las empresas que son integrantes de “una fuerza política que tiene un programa” y que ese programa fue “avalado por la ciudadanía como el programa de gobierno a cumplir”.
Topes.
Fuentes oficiales informaron a Búsqueda que, en materia de inversiones, el tope anual fijado es el promedio de lo ejecutado en ese rubro en el período 2005-2014. Por estos días las empresas públicas están elaborando sus proyectos de presupuesto para 2015 y 2016 con la intención en general de apegarse a esos lineamientos. Sin embargo, indicaron que con algunos entes, como OSE (para la mejora de la calidad del agua) y el Banco República (para un cambio de sistema informático), se negocia la posibilidad de permitirles superar el límite de inversión establecido dada la importancia que tienen determinados planes.
“El País” informó el martes 7 un detalle de los topes a la inversión de los entes para 2016, discutido en el Consejo de Ministros que se efectuó el lunes 6: Antel U$S 150 millones, Ancap U$S 70 millones, UTE U$S 250 millones y OSE “más de U$S 100 millones”. Según ese diario, a dicho rubro habían destinado un promedio anual de U$S 420 millones en el caso de la empresa de telecomunicaciones, de U$S 144 millones la petrolera, y de U$S 340 millones la generadora y distribuidora de electricidad. OSE invirtió U$S 76 millones.
En 2014 las empresas públicas realizaron inversiones que, en conjunto, representaron el equivalente a 1,8% del PBI. Eso supuso una disminución frente al año previo (habían sido 1,6% del Producto) que se explica básicamente por la caída en los stocks de petróleo y derivados de Ancap.
A su vez, el Poder Ejecutivo discutirá con cada ente un “compromiso de gestión” que se articulará con el Sistema de Retribución Variable al personal creado en el período anterior y en proceso de implementación.
Se espera que con esas y otras medidas las empresas estatales empiecen a recomponer sus resultados y, de esa forma, colaboren a reducir el déficit fiscal anual a 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2019. En los 12 meses cerrados en mayo pasado el desequilibrio se ubicó en 3,3%, es decir unos U$S 1.920 millones, según las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
