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El presidente Tabaré Vázquez posterga los dos procesos iniciados por su antecesor, José Mujica, para regular y digitalizar los medios audiovisuales. Por un lado, puso en suspenso la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como “ley de medios”, y por otro generó incertidumbre sobre el futuro de la televisión digital.
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La última señal al respecto se vio el lunes 31 de agosto cuando el Poder Ejecutivo entregó el proyecto de Presupuesto quinquenal al Parlamento. En ese texto, el gobierno no incluyó los fondos necesarios para implementar la “ley de medios”, según informó “La Diaria” ayer miércoles.
La “ley de medios” fue aprobada el 29 de diciembre del año pasado y varios de sus artículos no podían ser instrumentados por tratarse del último año de gobierno.
Entre otras cosas, era imposible crear los cinco cargos previstos para el Consejo de Comunicación Audiovisual, un organismo que tiene como objetivo garantizar que se cumpla la ley, diseñar los pliegos para usufructuar las frecuencias y asesorar al Poder Ejecutivo.
El gobierno de Mujica esperaba que la administración de Vázquez llevara esto adelante, pero el texto no contempla el presupuesto para conformar el Consejo ni para sus gastos operativos, al menos en los primeros dos años.
La no aplicación de la ley implica un “retroceso” respecto a los “avances” obtenidos en el período pasado, dijo a Búsqueda Gustavo Gómez, miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática y asesor de la Presidencia durante la anterior administración.
En estos días la organización presentó un proyecto a legisladores del Frente Amplio (FA) para garantizar, al menos, el presupuesto para crear el Consejo de Comunicación Audiovisual, un aspecto “medular” de la ley. “Todavía estamos a tiempo de corregir” la situación y, si no se hace, “se corre el riesgo de no cumplir con el programa de gobierno”, apuntó Gómez.
Al margen del presupuesto, Vázquez todavía no ha reglamentado la aplicación de otros artículos de la ley. El mandatario argumenta que todavía no ha avanzado en este aspecto porque espera a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falle sobre varios pedidos de inconstitucionalidad presentados por empresas del rubro.
La corporación, a la que se acaba de incorporar la nueva ministra Elena Martínez Rosso, ha dicho públicamente que no se pronunciará al respecto hasta fin de año.
Promotores de la ley y empresarios vinculados al sector audiovisual dijeron a Búsqueda que Vázquez “perfectamente” puede decretar aquellos artículos de la ley que no fueron impugnados.
“Incertidumbre”.
A su vez, los dos nuevos operadores comerciales de televisión digital abierta —VTV y Giro— consideran que está comprometido su plan de negocios si quedase firme un decreto que prepara el gobierno de Vázquez. Por ese motivo contestarán el borrador del texto legal que recibieron para vista, confirmaron a Búsqueda fuentes del sector audiovisual.
El decreto que diseña Vázquez apunta a revivir el marco legal y tecnológico para la televisión digital, que cayó luego de que un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) a favor del grupo argentino Clarín dejara sin efecto tres decretos aprobados en la administración de Mujica.
El consorcio Giro, que integran la cooperativa “La Diaria” (que está en dificultades a causa de la reducción de la publicidad oficial) y la productora Demos, tiene plazo hasta el 4 de setiembre para fundamentar su punto de vista.
Giro considera que el nuevo texto, si bien ratifica la adjudicación de los canales a pesar del fallo del TCA, omite fijar fecha para el llamado “apagón analógico”; es decir, el momento en el que el actual sistema de televisión abierta sea totalmente sustituido por el sistema digital, y por lo tanto perjudica la obtención de financiación para su proyecto. Ello se debe a que los obligaría a competir en condiciones desventajosas con las empresas ya instaladas, Saeta, Monte Carlo y Teledoce, que emiten en ambos sistemas.
El sábado 22 “El Observador” informó que la dirección del canal de cable VTV comunicó a sus trabajadores que “en las condiciones actuales” a la empresa le resultaría “imposible” lanzarse a competir en la televisión abierta digital, ya que en este momento solo 10% de los hogares tiene acceso a esa tecnología.
Si el apagón analógico no se concreta por ahora, como prevé el gobierno, VTV “evalúa seriamente” no hacer uso del canal digital abierto, indicó el diario.
Se prevé que el artículo 6 del nuevo decreto, que aún no está vigente, dispondrá que la TV digital deberá comenzar a emitir en las capitales departamentales antes de abril de 2016 y un año después en el resto del país.
Las críticas al gobierno, sin embargo, venían desde antes del fallo del TCA. En junio, cuando se esperaba que el 21 de noviembre se pasara definitivamente a este sistema, VTV y Giro señalaban que la poca iniciativa de las autoridades respecto a la televisión digital generaba “incertidumbre”. Desconocían, por ejemplo, en qué lugar de la grilla de canales de cable estarían ubicados por la falta de instrumentación de la ley.
También indicaban que el gobierno no cumplía su promesa de llevar adelante una campaña de información y subsidios para facilitar la adquisición de receptores necesarios para sintonizar los canales de la televisión digital (Búsqueda Nº 1.821).
