Consultada sobre la menor cantidad de ofertas de campos para que Colonización pueda llevar adelante la política de tierras del gobierno, la presidenta de ese ente, Jacqueline Gómez, dijo a Campo que pese a tener menos ofrecimientos “el INC pudo durante los primeros meses de este año optar por algunos campos y desechar otros”. “No se llegó al punto donde el Instituto no pueda elegir qué comprar y dónde intervenir”, agregó.
Gómez señaló que “para que eso ocurra tiene que haber una inmovilidad en el mercado de tierras, que es muy difícil que suceda porque el negocio agropecuario sigue siendo bueno, más allá de las características de algún rubro en particular, y los ciclos de los precios de los productos”.
En este escenario, Colonización “está resolviendo sobre lo que pretende comprar, con un uso intensivo de los recursos”, dijo la jerarca.
Operadores del mercado de tierras manifestaron a Campo la creciente incidencia del Estado en los negocios, que limita la decisión de los propietarios de las tierras en cuanto a quién vender. Apoyándose en la preferencia que tiene ese ente en las compraventas de inmuebles rurales y con los fondos proveídos por Rentas Generales, que comprenden una partida anual que surge de un promedio de recaudación del adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales y otra por el Impuesto a la Renta de ventas de campos previas a la reforma tributaria de 2007, el INC realiza las compras de tierras.
“Socializar las ganancias”
A fines de 2011 fue promulgada la ley que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad del primer capítulo de esa norma, a partir de los pedidos planteados por productores agropecuarios y propietarios de campos el Ejecutivo derogó en 2012 los artículos de esa legislación considerados inconstitucionales.
Tras esa situación, en abril de 2013 el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley con ajustes a la tributación en el sector agropecuario, que reimplantó el Impuesto al Patrimonio en el agro. La ley fue promulgada en junio de ese año.
Esas normas que aumentan la carga impositiva en el sector agropecuario afectan las decisiones de los inversionistas a la hora de comprar o vender un campo, así como la volatilidad de los precios de los productos y el incremento de los costos internos, dijo el empresario Luis Andrade, dedicado a la compraventa de campos y de ganado en Durazno.
En tanto, la titular de Colonización restó importancia al impacto que pueden tener las leyes que aumentaron los impuestos en la agropecuaria local.
“Cuando los empresarios del agro toman decisiones no creo que sean el eje determinante de las mismas las leyes con relación a los impuestos; el negocio trasciende esa situación y el margen (de rentabilidad) que generan y las condiciones se resuelven no porque existe o no un impuesto, sino en cómo se resuelve el negocio en términos generales”, sostuvo.
Consideró que “las empresas dentro del país y en el agro han tenido en los últimos años un desempeño más que positivo y políticas públicas de promoción de la producción agropecuaria y de inserción en los mercados internacionales”.
“El Estado, más allá de que haya definido algunas medidas impositivas vinculadas a la propiedad de la tierra, con las políticas públicas para el desarrollo del agro ha tenido un impacto muy fuerte” en ese sector, opinó.
Otros argumentos planteados por Gómez se vinculan a medidas que favorecieron a las empresas y productores, como “la apertura de mercados que reditúan en los resultados económicos” del agro.
“Este gobierno ha implementado leyes que tienden a detener la concentración de la propiedad de la tierra, a la redistribución de la riqueza y a cómo se socializan las ganancias generadas”, enfatizó.
Analizó, en ese marco, que “hay leyes que se constituyen para el proceso de redistribución de la riqueza y evitar la concentración de la tenencia de tierras, pero también hay leyes de promoción” del sector. “El escenario ha sido más que positivo”, reafirmó.
Integrales
Consultada sobre si no es una contradicción que el gobierno otorgue incentivos fiscales a los proyectos de inversión de algunas empresas y al mismo tiempo crea nuevos tributos que recaen en esas firmas del agro, Gómez respondió: “No creo que sea contradictorio. Al revés, las políticas públicas y la definición de un gobierno tienen que ser integrales, uno tiene que lograr promover el desarrollo económico, asegurar estabilidad en los mercados, el posicionamiento del país en la calidad y cantidad de los productos del agro, y eso, que es una mejora para los que llevan el negocio, también debe visualizarse en una mejora de la sociedad”.
Del 2010 hasta julio de este año fueron incorporadas algo más de 44.000 hectáreas a la cartera de tierras del INC, las compras más recientes fueron un campo en Paysandú de 1.700 hectáreas cercano a una colonia ya existente, otros en Soriano de 400 hectáreas, en Durazno 1.068 hectáreas y 600 hectáreas en San José para la producción lechera.
La presidenta de Colonización contó que “hay otros campos en Lavalleja y en Florida que serán incluidos en un programa conjunto con el Ministerio de Ganadería para el desarrollo de la lechería”.
Fondo de tierras sale al mercado en 2015
Con el objetivo de dar respuesta al reclamo de los productores que aspiran a tener una porción de campo para producir, el Instituto Nacional de Colonización (INC) prevé realizar en 2015 la primera emisión de certificados de participación y/o títulos en el mercado de valores local del fideicomiso de tierras, que será conformado por el Fondo de Colonización, dijo a Campo la presidenta de ese ente estatal, Jacqueline Gómez.
Aclaró que la idea es realizar varias emisiones hasta llegar a los U$S 100 millones establecidos en la ley (19.231) que a fines de junio creó ese fondo y estableció las características de su funcionamiento, entre otros aspectos.
Colonización podrá destinar hasta el 50% de los ingresos que obtiene por la venta, el arrendamiento y otros tipos de cesiones de tierras de su propiedad para el cumplimiento de las obligaciones financieras generadas por el fideicomiso, según la norma legal mencionada.
El fondo será administrado financieramente por la Corporación Nacional para el Desarrollo y el INC se encargará de la compra, el proceso de planificación y adjudicación de los campos. Mientras que el Estado será el garante de los ingresos y activos del fondo en caso de que estos sean securitizados, indica la ley.
“No estamos pudiendo cubrir la demanda de tierras que hoy existe”, reconoció Gómez, al comparecer ante la Comisión de Ganadería del Senado durante el tratamiento de ese tema, en abril pasado.
Destacó que el monto previsto por el fondo “permitirá duplicar la capacidad de intervención” anual del INC en la política de entrega de tierras.
La superficie de campos colonizados en Uruguay es de 509.193 hectáreas, de las cuales 245.000 son arrendadas a productores y existen 3.810 colonos distribuidos en 190 colonias, según registros de ese ente.
Otro proyecto para aumentar la participación estatal en el mercado de campos es la modificación de las leyes que rigen a Colonización y que están vinculadas a la opción prioritaria de compra de predios rurales de más de 500 hectáreas con un índice Coneat 100 (productividad media del país). El objetivo es reducir esa cantidad de hectáreas para algunas zonas del sur del país donde la mayoría de los campos tienen una extensión inferior a las 500 hectáreas, según la propuesta que impulsaron grupos de productores locales en el marco de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur.
