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La Asociación Rural del Uruguay respalda la reforma del INIA y el objetivo de alcanzar “déficit cero”
La reforma produjo reparos de la Asociación de Profesionales Universitarios del INIA, que advirtió sobre eventuales efectos en la autonomía técnica, riesgos comerciales para los recursos del instituto y conflictos de interés vinculados al conocimiento financiado con fondos públicos y de los productores
Patricio Cortabarría, delegado de ARU en la junta directiva de INIA.
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) necesita ordenar sus cuentas y alcanzar el “déficit cero”, mientras incorpora herramientas para obtener ingresos a partir de las tecnologías que desarrolla. Así lo afirmó a Agro de Búsqueda Patricio Cortabarría, delegado de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en la Junta Directiva del instituto, quien respaldó los cambios incluidos en el proyecto de ley de competitividad.
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El expresidente de la ARU sostuvo que el INIA arrastra un déficit de funcionamiento desde 2013, cubierto con reservas acumuladas durante la pandemia de Covid-19, cuando la reducción de las operaciones permitió aumentar esos fondos, que luego se utilizaron para sostener la actividad.
“Un objetivo de esta junta es déficit cero”, señaló. Explicó que se busca adecuar los gastos a los ingresos y evitar que el desequilibrio siga consumiendo reservas. La situación fue presentada a los recursos humanos del instituto, a quienes se les solicitó que realicen propuestas para mejorar la eficiencia. “Las cuentas del INIA y el plan de reforma fueron presentados a los funcionarios del INIA y a los consejos asesores regionales”, enfatizó el representante de los productores.
El esquema original de financiamiento del INIA preveía un aporte estatal al menos equivalente al realizado por los productores mediante el adicional del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba). Esa correspondencia dejó de cumplirse hace más de una década y luego la contribución estatal pasó a fijarse mediante una partida presupuestal.
Sin embargo, Cortabarría advirtió que el problema no se resolvería solo con mayores aportes públicos. La evolución de los costos —no solo de la masa salarial, sino también de servicios que el INIA presta a privados, entre otros— obliga a revisar el funcionamiento. Como antecedente, recordó los acuerdos con los trabajadores durante la crisis de la aftosa: “El INIA tiene antecedentes de poder negociar con sus funcionarios en buenos términos y poder salir adelante”.
Posibilidad de asociarse con empresas privadas
Sobre la reforma, defendió la posibilidad de asociarse con empresas privadas para desarrollar productos y obtener ingresos mediante participaciones, patentes o regalías. “Hoy INIA está un poco atado de pies y manos en ese sentido”, afirmó.
Aclaró que esas herramientas no implican orientar toda la investigación hacia productos comerciales. Parte del aporte del INIA consiste en recomendaciones de manejo que mejoran la productividad y la sostenibilidad de los establecimientos, sin crear necesariamente una patente. “Esto nos puede ayudar a generar nuevos ingresos, pero el enfoque fuerte es y va a seguir siendo la producción”, subrayó.
La reforma produjo reparos de la Asociación de Profesionales Universitarios del INIA, que advirtió sobre eventuales efectos en la autonomía técnica, riesgos comerciales para los recursos del instituto y conflictos de interés vinculados al conocimiento financiado con fondos públicos y de los productores.
Intervención del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria
Otro de los puntos discutidos es la intervención del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria en las asociaciones empresariales. Cortabarría recordó que ese órgano asesor existe desde la creación del INIA y señaló que se promueven ajustes para aclarar su papel.
La posición institucional difundida el 14 de octubre sostiene que los cambios no alteran la naturaleza ni la gobernanza del instituto. También propone considerar el asesoramiento de los consejos asesores regionales y la unanimidad de la junta directiva para crear sociedades, además de revisar las exoneraciones tributarias para evitar efectos sobre la competencia.
El delegado de la ARU destacó la actual gestión del instituto, que contrató a gerentes de Investigación, Innovación, Recursos Humanos y Administración y Finanzas, cargos que estaban ocupados de forma interina.
Respecto a la propuesta de la Federación Rural de que los productores tengan doble voto mientras sus aportes superen a los del Estado, Cortabarría consideró que ahora “hay temas más urgentes por resolver”.
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