El entrevistado se defiende diciendo que los métodos utilizados para combatir a la guerrilla fueron en base a un decreto de octubre de 1975, aún en democracia, que ordenó “aniquilar” a los brotes subversivos, lo que fue interpretado como una “licencia para matar”.
En cuanto al término “Solución final” acuñado por los nazis en 1942 para denominar al Holocausto judío, Videla tomó distancia.
“Esa frase ‘Solución final’, nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando por ejemplo se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final. Ya no tiene vida útil”, dijo Videla a Reato.
El término fue mencionado también al autor del libro por el ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy y figura asimismo en el único documento encontrado hasta ahora sobre los desaparecidos, en el cual al lado de 195 nombres de una lista de 293 detenidos en la provincia de Tucumán figura la abreviatura “DF”.
“Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión; no podíamos fusilarlas. ¿Cómo íbamos a fusilar a toda esa gente? Tampoco llevarlas ante la justicia”, dice este católico que reza el Rosario a diario a las 19 horas y cada domingo asiste a misa y comulga.
“Nosotros no tomamos esa decisión antes del golpe sino cuando se nos presentó el problema de qué hacer con esa gente que no podía ser fusilada públicamente ni tampoco podía ser condenada judicialmente. (…) La solución fue apareciendo de forma espontánea, con los casos de desaparecidos que se fueron dando (…) ordenados por un capitán que, a su vez, recibía la orden del jefe de la brigada, que a su vez recibía la orden del comandante o del jefe de zona”, relató.
El ex teniente general negó que hubiera un plan para el robo de bebés. Sin embargo —sostiene Reato en el libro— a setiembre de 2011 las Abuelas de Plaza de Mayo habían encontrado 105 chicos sustraídos a sus verdaderos padres e incluso Elliot Abrams, el ex subsecretario de Derechos Humanos del conservador presidente Ronald Reagan, afirmó que su gobierno estaba convencido de la existencia de un plan, porque las familias de los subversivos era consideradas “no aptas”.
“Me ha tocado transitar un tramo muy sinuoso, muy abrupto del camino, pero estas sinuosidades me están perfeccionando a los ojos de Dios, con vistas a mi salvación eterna”, expresó el ex dictador en uno de los nueve encuentros.
Videla admitió que “los medios para ganar la guerra fueron tremendos” y dijo que tenían como objetivo “disciplinar a una sociedad anarquizada”.
Su camino ante los tribunales humanos comenzó el 9 de diciembre de 1985, cuando fue condenado a prisión perpetua y degradado. Cinco años después, el ex presidente Carlos Menem indultó a militares y ex jefes guerrilleros. En 1998, Videla fue encarcelado de nuevo en el marco de un juicio por robo de bebés: pasó 38 días en la cárcel de Caseros y luego la justicia le concedió arresto domiciliario. Diez años después, cuando había cumplido 83, el juez federal Norberto Oyarbide lo envió al Instituto Penal Federal Número 34, ubicado en la guarnición del Ejército en Campo de Mayo. El 22 de diciembre de 2010 Videla volvió a ser condenado a prisión perpetua por la muerte de 30 detenidos en Córdoba. Finalmente, luego de publicado el libro de Reato, fue trasladado a una cárcel común y la semana pasada condenado a 50 años de prisión en el juicio por el robo de bebés.
“Hice lo que quise”.
El ex teniente general trazó su propio retrato: “No era un dictador típico, modelo Pinochet, por razones orgánicas, dado que el poder supremo estaba dividido en tres. Además, tampoco he sido un militar autoritario. Sí fui un dictador en el sentido romano del término, como un remedio transitorio, por un tiempo determinado, para salvar las instituciones de la República”, dijo, pero al mismo tiempo expresó que “la verdad es que durante cinco años hice prácticamente todo lo que quise. Nadie me impidió gobernar; ni la Junta Militar ni ningún factor de poder”.
Reato, que fue editor jefe del diario “Perfil”, sostiene que si bien no cabe duda que los militares arrasaron con el Estado de derecho y con todas las instituciones democráticas y que usaron un método sangriento contra la guerrilla que provocó miles de muertos y desaparecidos, es igualmente cierto que muchos argentinos los recibieron con los brazos abiertos, hartos de la muertes, los secuestros y las bombas de las guerrillas y de los grupos paraestatales; la inflación, el desabastecimiento, la ineficacia, el estilo y el entorno de la viuda del general Juan Perón, y las denuncias de corrupción.
El autor del libro dijo a Búsqueda que, a diferencia de lo que hace el kirchnerismo, es necesario buscar la verdad y ponerla en contexto.
“La verdad no interesa demasiado en la Argentina de hoy, donde muchas organizaciones de derechos humanos, intelectuales y medios están a sueldo del gobierno”, se quejó.
En su opinión no es posible comprender la lucha armada de la década de 1970 sin analizar el golpe de Estado que dio el general Juan Carlos Onganía en 1966, como tampoco la dictadura que encabezó Videla sin entender la lucha armada, y destacó las declaraciones del ex dirigente montonero Roberto Perdía, acerca del poder de fuego con que contaba la organización cuando Videla asaltó el poder y destituyó a Isabel Perón.
“El golpe no fue ‘un rayo en un cielo sereno’ como dijo Marx en ‘El 18 brumario de Luis Bonaparte’”, resumió.
“Molestia en el alma”.
“Yo soy creyente y esta situación me molesta. Confieso que tengo una molestia en el alma, que es cómo hacer para darle una solución a este problema” de los desaparecidos, dijo Videla al periodista.
Luego se explayó dando su punto de vista: “Fue una guerra justa en los términos de Santo Tomás, una guerra defensiva. No acepto que haya sido una guerra sucia; la guerra es siempre algo horrible, sucio, pero Santo Tomás nos introduce ese matiz importante de las guerras justas, y esta lo fue”.
“No soy afecto a Perón ni al peronismo, pero nunca fui un gorila con pelos. (…) Ojo, no estoy arrepentido de nada, duermo muy tranquilo todas las noches; tengo sí un peso en el alma, pero no estoy arrepentido ni ese peso me saca el sueño, aunque me gustaría hacer una contribución para asumir mi responsabilidad”.
En otro de los nueve encuentros agregó: “Estoy en la cárcel como en un puesto de combate. Mi condición de preso político es un símbolo de la lucha por la reivindicación de la guerra victoriosa que las Fuerzas Armadas libraron para defender a la república, atacada por el terrorismo marxista. (…) Preso o libre, siempre reivindicaré la victoria sobre la subversión”, declaró.
Autorización tácita.
Videla admitió que los militares bajo sus órdenes cometieron “errores y excesos”, pero no en el caso de los desaparecidos, que fueron resultado de decisiones tomadas por una pirámide de mando cuidadosamente diseñada.
“No era que la decisión sobre el destino de una persona la tomaba un cabo. No; había responsabilidad en cada zona, subzona, área y subárea. Pero por encima de ello existía la responsabilidad del comandante en jefe del Ejército, tomada en la más absoluta soledad del mando, al aceptar como realidad irreversible la penosa figura del desaparecido”.
Respecto a cómo se dio el proceso al interior de cada fuerza para llegar a los miles de desaparecidos, Videla sostuvo que no hubo una orden sino “una autorización tácita” a los cinco jefes de zona que —interpretó Reato— actuaron como “señores de la guerra” feudales.
No todos estuvieron de acuerdo en utilizar métodos de combate tan atroces.
El general Arturo Amador Corbetta era jefe de la Policía Federal en julio de 1976 cuando Montoneros colocó una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Corbetta era partidario de reprimir duramente a la guerrilla pero con la ley en la mano, y tuvo que irse.
Otro caso, recuerda el propio Videla, fue el general Juan Antonio Buasso, a quien se le ofreció la dirección de la Policía Federal y dijo que aceptaba solamente si todo se hacía “bajo la ley”. Pasó a retiro.
El ex dictador no negó la influencia de los paracaidistas franceses que aplicaron el método de las torturas y desapariciones para obtener información y al mismo tiempo causar terror entre los argelinos que luchaban por la independencia a comienzos de la década de los 1960. “Viene mucho de ella” reconoció, acerca de la doctrina francesa, cuyos oficiales exportaron conocimientos incluso a Brasil, Chile y Estados Unidos, y que desde épocas tempranas tenían una oficina en el piso 12 del Estado Mayor del Ejército argentino.
Aún hoy, mientras el general Harguindeguy afirma que los desaparecidos “fue un error” porque a diferencia de Argelia, en Argentina las víctimas eran connacionales, Videla sigue en sus trece: Fue “el precio a pagar para ganar la guerra (…) necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta”.
Experiencia uruguaya.
Las fuentes documentales estadounidenses y las entrevistas del autor confirman que los militares golpistas argentinos, para adoptar la política de desapariciones, tomaron en cuenta las experiencias de Uruguay y Chile respecto a las reacciones de Estados Unidos, sobre todo porque contaban con que se avecinaba una era del Partido Demócrata encabezada por el presidente James Carter.
Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, los argentinos consideraron también la posibilidad de “bordaberrizar a Isabel” y sobre todo, por el gran desgaste de esta, en un gobierno con el presidente del Senado Ítalo Lúder como “mascarón de proa”, pero este se negó a ser “el traidor de la viuda de Perón”.
El libro describe varias reuniones entre civiles y militares en los días previos al golpe, algunas de las cuales contaron con la participación del entonces embajador argentino en Montevideo, Guillermo de la Plaza, sindicado como hombre de la logia masónica italiana P-2 en la región.
El ex secretario privado de la presidenta, Julio González, que estaba de acuerdo con seguir el “modelo uruguayo” de colocar un presidente decorativo, explica en el libro que incluso tenía en su portafolio “los documentos del procedimiento que para tal fin se había usado en el Uruguay” .
“Doctor —me explicó Isabel con voz grave— las Fuerzas Armadas están dispuestas a dar un golpe de Estado que ya se está gestando. Este señor que vino con (Raúl) Lastiri, viajó expresamente desde Europa para avisarnos. Él va a hacer de mediador junto con el embajador De la Plaza frente a los tres comandantes. Por eso esta precipitada reunión. Este hombre pertenece a la sociedad que permitió el regreso de Perón al país y que llegásemos al gobierno. Ellos quieren que nosotros sigamos”, habría dicho la presidenta antes de pedirle que convocara de forma urgente al embajador en Montevideo.
Videla contó a Reato que el 5 de enero de 1976 fue convocado junto a los otros dos comandantes a una reunión en la residencia presidencial de Olivos en la cual estaban presentes, entre otros, el ministro de Defensa José Deheza y el embajador De la Plaza.
Luego, el ex ministro de Bienestar Social y creador del grupo paramilitar Triple A, José López Rega, desde Madrid habría sugerido a la presidenta que convocara nuevamente a De la Plaza, pero esta no le hizo caso y en cambio citó al masón Juan Vicente Vignes, quien le confirmó pocas horas después que había hecho gestiones pero sin garantías, porque “era demasiado tarde”.
Política
2012-07-12T00:00:00
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