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En enero pasado la ley 17.616 cumplió diez años. Casi nadie se enteró. Por el contrario. Es grave si consideramos que esa norma llegó para actualizar y modernizar la protección de los derechos de autor que estaban estancados desde 1937 en la ley 9.739. La reforma castiga a quienes copien para vender o comercializar reproducciones no autorizadas por sus autores, con penas que oscilan entre los tres meses de prisión y tres años de penitenciaría. La ley fue reglamentada en 2004, pero para los textos y libros científicos es como si no hubiera ocurrido.
El diccionario establece que la piratería es una actividad ejercida por una “persona cruel y despiadada” con el objetivo del “robo o destrucción de los bienes de alguien”. Perfecta definición: le roban a los autores y destruyen la economía de las editoriales, la estabilidad laboral de sus empleados, de las imprentas, ilustradores y librerías.
La piratería de juegos, videos, películas y música, alentada por padres de niños y adolescentes, cada vez recibe menos censura en el ámbito social o familiar. El vertiginoso avance de la tecnología y su acceso facilitan las trampas. Esos mismos padres, la sociedad y los políticos que se quejan por el avance global de la delincuencia toleran estas violaciones, tan delictivas como las otras.
La venta de películas o música pirata deriva en ocasiones en redadas policiales que incautan material ilegal. Empresas internacionales y sus filiales locales han logrado algunos mecanismos de control y una respuesta eficiente de la Policía y de la Justicia. También influye el peso de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu).
En estos días, Alicia Guglielmo, presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, ha insistido en la preocupación de esa organización por la constante impunidad de estudiantes, profesores, comerciantes e instituciones de enseñanza que violan la ley fotocopiando libros, un área que no parece despertar el interés político o judicial.
Hace varios años, luego de publicar en Búsqueda una nota sobre esta cuestión, un juez penal me reprochó: “¡Encima del trabajo que tenemos das manija con esta pavada! ¿Cómo querés que los muchachos estudien si no es con fotocopias?”. Ni se le ocurrió mencionar la ley. Al menos dijo lo que pensaba. Otros se callan la boca y tiran las denuncias a la cuneta: más de 80% terminan en el archivo.
Muchos jueces y fiscales —quizá por haber pirateado ellos mismos cuando fueron estudiantes— utilizan para su trabajo de juzgar fotocopias de libros: los medios de un delito para combatir otros delitos.
“¿Les parece normal? Si voy por la calle y tengo hambre, ¿puedo robar impunemente bizcochos de una panadería? Si tengo frío, ¿me puedo llevar el abrigo de una tienda? ¡Claro que no! Si eso sucede, la ley me sanciona. En cambio muchos, incluyendo empresas que lucran fotocopiando el trabajo de terceros, son impunes”, me comentó Guglielmo. Tiene razón. Tal vez se deba a que tanto la víctima del robo como los bizcochos y el abrigo se ven, mientras que los derechos de autor son invisibles.
Jorge Mahy, ex gerente de la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), me expresó hace seis o siete años su “alarma” porque en la Facultad de Humanidades se hubiera generado un debate entre el decano y los alumnos sobre cómo financiar máquinas fotocopiadoras. Estaba desconcertado de que entre los estudiantes y el jerarca de un organismo del Estado hubiera un debate financiero sobre algo ilegal y que nadie temiera o, al menos, considerara la violación de la ley.
¿Alguien admitiría que ese decano y los estudiantes discutieran públicamente sobre la mejor forma de utilizar armas para robar o que planificaran estafar, evadir impuestos o pagar con cheques sin fondos? Probablemente muchos dirán que esos actos son de mayor entidad que piratear libros. Tal vez. Pero piratear no deja de ser delito y lo más angustiante es la mentalidad de que “no importa”.
Genera preocupación y sorpresa que desde los gremios y el Estado no haya una militancia activa. El gobierno respalda hoy un proyecto denominado: “Copias gratis a estudiantes”. Me dicen que lo impulsa un grupo de jóvenes con apoyo económico privado y que las fotocopias —en principio para los liceos Zorrilla y Barros Blancos— tendrán como base trabajos de los docentes. Habrá que ver si no incluyen copias de libros, aunque por escrito se advierte sobre la prohibición de fotocopiar.
Es elogiable y necesario que el Estado procure paliar con sentido democrático y social las necesidades de las personas sin recursos para acceder a material de estudio. Pero no alcanza con el espíritu. Debe existir una política clara y sostenida de compras para bibliotecas públicas y centros de enseñanza, de textos actualizados y de libros recreativos. Una excepción es el Plan Ceibal. En 2012 adquirió archivos PDF de textos y libros infantiles que ahora están disponibles en las computadoras del Ceibal.
Para comparar: el gobierno argentino —sin contabilizar la inversión de las provincias— acaba de comprar 13:500.000 libros destinados a la enseñanza pública. Aquí se termina de aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, una instancia ideal para destinar fondos para un cambio en esa dirección. Nada ocurrió.
¿Alguien oyó a los gremios de maestros o profesores exigiendo esa inversión, o a los políticos proponiéndola? ¿A qué no?
