“Mi abuelo decía que plantar árboles está bien, y eso lo voy a defender a muerte, soy hincha de la forestación”, dijo el presidente de la Federación Rural (FR), Rafael Normey, al comparecer ante la Comisión de Ganadería del Senado, el jueves 15 de octubre, para el tratamiento del proyecto de ley que regula la compra de tierras por parte de extranjeros. Y sostuvo: “Plantar árboles está bien y esa manera de pensar no me la va a sacar nadie, (pero) sí creo que le erramos al bizcochazo en el modelo forestal”.
En medio de la discusión del proyecto de ley, impulsado por el Frente Amplio (FA) y ante consultas de algunos legisladores por la posición de la gremial ruralista sobre la forestación y la extranjerización de tierras, Normey cuestionó varios efectos derivados de la adquisición de miles de hectáreas por parte de grandes compañías del sector forestal y de la celulosa, específicamente sobre los campos ganaderos.
En cuanto a la forestación, que fue el “gran disruptor” de todos estos números, Uruguay tiene más de 1 millón de hectáreas forestadas, dijo. Y luego señaló: “El sistema, grosso modo, dio excepciones (mediante la Ley 18.092, de sociedades anónimas en el agro) a las multinacionales que compraron tierras, con todos los beneficios que tenían de punta a punta —no vamos a estar discutiendo ahora todo el detalle, pero creemos que sí fueron un problema— y en base a todo ello se generó ese millón de hectáreas de forestación, básicamente, con dos grandes empresas”.
“Esto produjo que hoy haya tierras ganaderas en manos de esas empresas que están prácticamente perdidas, porque han generado un sistema de trabajo en el que la tierra gandera para ellos es residual”, sostuvo. Y afirmó: “Hoy hay tierras abandonadas que son una mugrera bárbara, y el que se meta va a salir despavorido de allí, porque las vacas se le van a morir por las garrapatas y tristeza (parasitaria)”.
El directivo ruralista dijo: “No queremos hacer un juicio de valor de lo que se hizo en el pasado, pero visto lo que hoy vale una vaca es una oportunidad que estamos perdiendo”.
Por eso, según dijo, es que se paran “firmes” en el documento presentado en esta comisión de la Cámara de Senadores en cuanto a que se tienen que eliminar las excepciones. “No puede haber más excepciones, y el que quiera comprar tierras lo tiene que hacer mediante sociedades anónimas nominativas”, recalcó.
Propuso, además, que para el desarrollo de nuevos planes de inversión forestal se establezca la posibilidad de arrendar las tierras en lugar de adquirirlas. “Si el día de mañana aparecen proyectos tipo UPM, no va a haber ningún problema para que arrienden. ¿Por qué tienen que comprar la tierra?, que arrienden la parte que van a forestar, así la parte ganadera la desarrolla un ganadero”, señaló.
Sistema saturado
En esta reunión de la Comisión de Ganadería, el senador del Partido Nacional Carlos Camy pidió a la FR una opinión por otro asunto que está trabajando esa instancia y tiene que ver con la forestación.
“Hemos planteado la posibilidad de que el Senado de la República tenga una sesión a efectos de considerar lo que desde algunas organizaciones con conocimiento específico en la materia se ha planteado como un desafío en el país: apostar a forestar 500.000 hectáreas más en las tierras aptas a esos efectos”, señaló.
Destacó que hoy “Uruguay tiene 46.000 empleos sostenidos por la cadena —según los datos oficiales— y se exporta por algo más de US$ 3.000 millones por año, y por primera vez en la historia del Uruguay, como Estado, la forestación es el primer rubro de exportación”.
“En 2022 y 2023 creció apenas un 2,2 % la reforestación, y los datos de 2024 a 2026, que aún no están terminados, indican que la tendencia es que disminuya”, advirtió.
Consideró además que “todo este logro de valor agregado, de aumento de exportación y de generación de empleo —fundamentalmente en el interior profundo, porque es donde más se planta— se está sosteniendo con una inversión de hace 20 años”.
Entonces, si se hace una proyección al 2040, “ese ciclo de inversión” debe pensarse hoy, “y las proyecciones implicarían pasar de 46.000 a 64.000 puestos de trabajo y aumentaría la exportación en US$ 1.300 millones” en ese período, sostuvo.
Varios de estos datos sobre el desarrollo forestal fueron divulgados en los últimos meses por la Sociedad de Productores Forestales, al destacar el efecto derrame de la actividad en la economía uruguaya.
Camy luego preguntó: “¿Qué opinión tiene la Federación Rural sobre la lógica de considerar esto?, que no le implicaría dinero al país, porque estamos hablando básicamente de aspectos vinculados al marco regulatorio, a la infraestructura, al desarrollo industrial y a los nuevos mercados”.
En respuesta a esta consulta puntual, el presidente de la FR respondió: “Si vamos a forestar 500.000 hectáreas, entiendo que eso significa una suerte de anuncio de que va a haber otra planta de celulosa”. “Sin planta de celulosa no entendemos bien cómo podría ser”, acotó.
Normey advirtió que “hoy el sistema ya está saturado con las tres plantas” de pasta de celulosa” que operan en el campo uruguayo. Y “cualquier hectárea extra que se plante marginalmente por encima de lo que existe estaría quedando en una situación bastante compleja, sobre todo, en la forestación, que necesita cierta previsibilidad a largo plazo, porque se demora 10 años en cosechar”, sostuvo.
Enfatizó: “En un escenario de saturación de la planta de celulosa actual, si pensamos en 500.000 hectáreas nuevas, en principio, no sabemos bien por dónde se destaparía la olla”.
Contra el desarrollo del riego
Al plantear sus argumentos en defensa de la posición institucional desde el punto de vista “más agronómico”, el titular de la FR dijo en la Comisión de Ganadería que se estaba enfocando la discusión en los suelos forestales y que ahí se le está errando, “porque está probado que la forestación cambia la dinámica del agua, aunque todavía es necesario profundizar en la investigación científica” al respecto.
“No es que los árboles gasten más agua, consuman más, no”, aclaró. Normey sostuvo “que la canopia (capa superior del bosque) hace que el agua se infiltre más en los suelos, percole (filtre) más hacia las aguas profundas y escurra menos hacia las cañadas, los arroyos”. Esto “cambia la dinámica, se da de frente contra una visión de desarrollo del riego”, cuestionó el ruralista, en alusión a la política estatal del manejo del agua que impulsa la actual administración en el sector agropecuario.
El gran miedo
A la comparecencia en el Parlamento también acudió la vicepresidenta de la FR, Mercedes Silva, quien manifestó: “Podemos promover 500.000 hectáreas de cualquier rubro y, si le exoneramos de todo, seguro van a andar bien, seguro”. “Imagínense lo que sería la ganadería, hasta la fruticultura o la lechería”, dijo la dirigente.
Y a continuación planteó que el tema “no es cuánto, sino el modelo que se va a utilizar”: si se va a “seguir utilizando el mismo modelo que se utilizó con la forestación hasta hoy” o se va “realmente a evaluar cuál es el mejor modelo y asegurar que las empresas que vienen con un nuevo modelo realmente sean equitativas con el resto de las producciones y de los productores, y que estén dispuestas a invertir”.
“(Ese es) el gran miedo que como FR tenemos: que no se fomente una producción con muchas exoneraciones de todo tipo en desmedro de otras”, sostuvo.
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