Estas expropiaciones están en juicio, se espera que haya una marcha atrás por parte del Estado, y que los campos vuelvan a sus dueños originales, comentó a Agro de Búsqueda el productor Diego Bonino, integrante del Grupo de vecinos y productores de Rincón del Pino.
Por ahora hay cautela y no se sabe cuánto puede tardar este proceso, ya que la oposición interpelará al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en la Cámara de Diputados; y además el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) está analizando el caso. “Si bien las noticias son favorables, no hay que descansarse. Confiamos plenamente en que la interpelación al ministro (de Ambiente, Edgardo Ortuño) será favorable, ya que informes técnicos y científicos son contundentes en que Arazatí nos es un buen lugar para colocar una toma de agua”, dijo Bonino.
Los productores consideran, además, el lucro cesante por no poder haber explotado sus predios durante este período. “Hay más que lucro cesante, hay honorarios profesionales y otra cantidad de cosas. Sin embargo, creo que quedan en un segundo plano después de todo el riesgo que corrimos”, planteó el integrante del Grupo de vecinos y productores de Rincón del Pino.
“Después llegarán los tiempos legales, para dar marcha atrás con las expropiaciones, y luego cada uno decidirá si quiere seguir en juicio por lucro cesante o pasar la página y dedicarse a producir, que es de lo que vivimos. De todos modos, se respira otro aire aquí en Rincón del Pino”, comentó.
Bonino explicó que si bien “hubo gente que perdió de producir, no se fue del campo. A nadie le sacaron la casa. En general las expropiaciones fueron partes de campos de cada productor, a ninguno se le expropió todo el campo”.
Señaló que algunos productores dejaron inmediatamente de explotar esas parcelas cuando les llegó el lanzamiento, a otros nos les llegó la comunicación oficial y siguieron produciendo con el riesgo de que le saquen el campo en cualquier momento, con las cosechas por realizarse.
“En nuestro caso, desde el día que nos llegó el cedulón no entramos más al campo”, dijo.
Consultado sobre si llegaron a realizarse obras en el lugar, respondió que se hicieron algunos estudios, con un impacto menor, como alguna perforación y/o cateos, pero “las obras nunca comenzaron”.
Los afectados por las expropiaciones no han realizado gestiones a nivel oficial para que el Estado los habilite a volver a explotar esas tierras. “Es todo muy reciente, el tema sigue dando vueltas. Creo que el gobierno no va a volver atrás con su decisión, pero tiene que salir ileso de la interpelación y del TCA. Hasta que eso no suceda, hacer movimientos me parece que es adelantarse”, analizó Bonino.
E insistió: “apoyamos firmemente la decisión del gobierno de haber frenado este proyecto, que sería muy perjudicial para la zona y el país, porque ha quedado claro que Arazatí no es la solución”.
Para estos productores “fue un gran alivio” escuchar la decisión del gobierno que dejó sin efecto el proyecto Neptuno. El secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, estuvo en San José, se reunió con la intendente Ana Bentaberri, y con organizaciones de la zona, para comentarles cómo fue el proceso y cómo continuará.
El precio
Según Bonino, el precio que se les ofreció inicialmente por la expropiación “era vergonzoso”, porque “era desconocer totalmente la zona”, afirmó. Aunque “entiendo que en toda negociación se arranca abajo para después ir subiendo”, dijo. “Se sabía que serían negociaciones largas, y no habíamos llegado a un acuerdo”, indicó.
Sostuvo que “no era un tema de plata”, sino que “ningún productor quería vender”. “Los productores de acá nos queremos quedar acá”, afirmó.
El 8 de agosto de 2024 Agro de Búsqueda publicó la historia de la familia Link (ver edición N°32), tamberos de Rincón del Pino que perderían 80 hectáreas propias y 30 arrendadas. Según se informó en ese momento, el pago por las tierras expropiadas sería de US$ 12.000 por hectárea, mientras que el precio en el mercado puede alcanzar hasta US$ 22.000, aseguró el productor Ariel Link al ser visitado por Agro de Búsqueda. Además, el productor dijo que no se les ofreció ninguna compensación por lucro cesante.
Producción en Rincón del Pino
La zona de Rincón del Pino se caracteriza por la alta productividad de sus tierras, dedicadas principalmente a la producción de papa, un rubro que requiere de alta inversión y mano de obra. “Todo lo que se hace en esta zona es intensivo, porque los campos lo permiten. Este es el corazón papero del país, es el principal cultivo en la zona”, comentó Bonino al destacar el potencial productivo de esas tierras.
Agregó que mientras un cultivo de soja tiene un costo de U$S 600 a US$ 700 por hectárea, y el maíz entre US$ 1.000 o US$ 1.200, un cultivo de papa tiene un costo de entre U$S 10.000 y US$ 12.000 por hectárea. “Si bien se hace en menores extensiones, requiere riego, más mano de obra, cámaras de frío, lavado y clasificación”, detalló.
Pero en esa zona también se realiza agricultura convencional, hay tambos, se hace ganadería y hay producción hortifrutícola, todo de forma intensiva.
Contaminación del acuífero
Más allá de las expropiaciones, la principal preocupación de los vecinos y productores de la zona de Rincón del Pino era la contaminación que este proyecto podría causar al acuífero Raigón. En tal sentido, los productores quedaron “conformes” con la decisión del gobierno de no realizar la obra de Arazatí. “Sosteníamos que esta agua era de mala calidad, y la construcción del pólder y la planta en pleno corazón productivo iba a impactar en el acuífero Raigón, y eso iba a tener serios inconvenientes en el futuro”, enfatizó.
“El foco del problema del proyecto es que se contaminaba el principal acuífero del sur del país. El impacto de la obra era de más de 1.500 hectáreas, 500 hectáreas desaparecían, y después había 1.500 hectáreas alrededor, que también se iban a ver afectadas, por temas de napa freática”, recordó.
Insistió que “el tema grande era el acuífero”, ya que “después de contaminarlo no habría marcha atrás”. “En eso nos concentramos y encargamos estudios que lo demostraban. Primero nos opusimos a la construcción del pólder, no de la obra, pero después nos fuimos enterando de más cosas que nos llevaron a oponernos a todo el proyecto Neptuno, porque era un gran problema”, sostuvo el productor.
Apuntó que después de la audiencia pública “empezó aparecer cada vez más información, y siguen apareciendo informes contundentes de que Arazatí no era una buena solución”.
En tal sentido, Búsqueda informó que OSE pagó casi US$ 500.000 a la Universidad de la República para que haga estudios que luego “desestimó”.
Gran parte de esa información “permaneció oculta”, incluso en momentos clave del proceso de evaluación ambiental del proyecto. Así lo denunció la bióloga humana y magíster en Manejo Costero, Ana Lía Ciganda, quien solicitó ver este documento a través de un pedido de acceso a la información pública al que accedió Búsqueda.
Además, una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó que Casupá es una opción más segura que Arazatí ante escenarios de sequía, informó Búsqueda el 25 de julio. El expresidente de OSE, Raúl Montero, cuestionó las conclusiones del informe y puso en duda los beneficios ambientales de Casupá sobre el río Santa Lucía.
Bonino enfatizó que le llama la atención que “todo el mundo habla de meterle más agua a caños que están rotos. Se lo dije al secretario de Presidencia: ¿Cuándo van a arreglar las pérdidas? Como país deberíamos encararlo de forma urgente”, planteó.
