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Neptuno: OSE pagó casi US$ 500.000 a la Udelar para hacer estudios que después “desestimó”
Expertos critican que el organismo utilizara fondos públicos para obtener una información que, entienden, no fue tomada en cuenta durante los procesos de aprobación del proyecto
Manifestación del sindicato de OSE en contra del proyecto Neptuno, en el edificio central de OSE, Montevideo
En 2023, OSE y el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar) firmaron un contrato para desarrollar una serie de estudios técnicos en áreas de interés común en el marco del proceso de aprobación del proyecto Arazatí. Su objetivo era que la academia asesorara al organismo sobre temáticas vinculadas a la caracterización espacio-temporal de la salinidad del Río de la Plata, desde el balneario Arazatí hacia el oeste de la desembocadura del arroyo Cufré.
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Sin embargo, gran parte de la información desarrollada a través de ese convenio “permaneció oculta”, incluso en momentos clave del proceso de evaluación ambiental del proyecto. Así lo denunció Ana Lía Ciganda, bióloga humana y magíster en Manejo Costero, quien solicitó ver ese documento a través de un pedido de acceso a la información pública al que accedió Búsqueda.
En ese sentido, en el contrato —fechado el 14 de julio de 2023 y firmado por el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, el decano de la Facultad de Ingeniería, Pablo Ezzatti, el presidente de OSE, Raúl Montero, y el secretario general de OSE, Jorge Maeso— señalan que OSE se comprometió a abonar a lo largo de dos años la suma total de US$ 476.000 al Imfia. Este costo incluiría la elaboración de informes de mediciones continuas (US$ 371.000), estudios de teledetección satelital e información climática (US$ 15.000) y la creación de modelos numéricos que permitieran producir análisis históricos basados en datos de sondas instaladas en zonas clave, como Boca del Cufré (US$ 90.000). Pero, según Ciganda, esos insumos no solo no se presentaron en las diferentes instancias de participación y audiencias públicas, sino que fueron “tapados o desacreditados” por las propias autoridades de OSE y del ministerio.
“Es dinero público que se gasta en algo que después no se utiliza ni se toma en cuenta, porque es información que incluso tuvimos que salir a buscar como si fuera clasificada”, criticó Ciganda, al poner como ejemplo el informe de teledetección, que fue dado a conocer por Búsqueda en octubre. El trabajo mencionaba entre sus principales conclusiones que los eventos de salinidad en las aguas del Río de la Plata en la zona de Arazatí eran “muy frecuentes”, a diferencia de lo expresado por el director técnico de la iniciativa, Francisco Gross.
“Esos resultados no fueron considerados en el análisis de la autorización; es decir, OSE pagó por una información que no se usó y que solo se conoció porque actores independientes quisimos sacarlo a la luz. Si no, hubiera quedado bajo el tapete”, cuestionó Ciganda. Explicó además que el propio informe fue “desacreditado” públicamente por el entonces gerente general de OSE, Arturo Castagnino, quien planteó que si bien el análisis estadístico del Imfia respecto a la salinidad estaba bien hecho, no era conveniente utilizarlo debido a la posibilidad de incurrir en equivocaciones provocadas por eventos inesperados de la propia realidad, como la crisis hídrica que azotó a Uruguay en 2023.
“Las autoridades anteriores destinaron mucho dinero para hacer estos estudios generados con el fondo del pueblo y luego escondieron la información, en particular Castagnino. Ahora se habla del contrato pero, si este se hizo no solo en términos ilegales y anticonstitucionales, sino pasando por encima de información por la cual se pagó y se escondió adrede, ¿qué se hace? ¿Se asume que el contrato es lo más importante y hay que seguir adelante sabiendo que la evidencia dice otra cosa?”, criticó la experta.
Para Ciganda, OSE debió hacer valer esa información, en el entendido de que se hacía como contralor del proyecto. “Hoy esos datos no nos están sirviendo para tomar decisiones basadas en evidencia”, opinó.
Fuentes de la administración anterior dijeron a Búsqueda que los contratos con el Imfia fueron aprobados “con entusiasmo”, dada la capacidad “de primer nivel mundial” de su personal técnico y profesional. En ese sentido, aseguraron que todos los estudios y los informes del instituto “fueron tomados en cuenta en todas las etapas, durante todos los procesos y autorizaciones”, tanto por OSE como por el ministerio y el consorcio, incluso el correspondiente a las imágenes satelitales, el cual, afirmaron, “fue interpretado inadecuadamente” en su momento.
“Todo está en línea y en correspondencia con los monitoreos, informes y análisis estadísticos realizados por el Imfia y por los estudios de factibilidad realizados por el consorcio e informes y actas labradas por OSE”, agregó la fuente.
Titularidad
Además del contrato entre OSE y el Imfia, Ciganda también solicitó tener acceso al documento que certificara que el Consorcio Aguas de Montevideo actuaba en representación de OSE frente al Ministerio de Ambiente y que, por tanto, tenía la potestad de gestionar la solicitud Autorización Ambiental Previa del proyecto. Esto, sin embargo, “nunca apareció” y tampoco le ofrecieron una respuesta clara al respecto, señaló la bióloga.
“En el expediente de la solicitud ambiental no había ningún documento, solo decía ‘por pedido del gerente de OSE, el consorcio actúa como titular del proyecto’. Y en realidad, en la etapa anterior, que era la comunicación de proyecto, había sido la propia OSE la que había solicitado la autorización”, explicó.
Ese aspecto no es menor, agregó Ciganda, ya que según el procedimiento administrativo habitual el proponente de un proyecto debe demostrar su titularidad. “He visto muchos expedientes en los que casi lo único que le observan al proponente es que no presenta el certificado notarial o que no demuestra de alguna forma su titularidad. Y en este caso lo que hacen es solo decretarlo de palabra, no hay ningún documento que lo certifique”, denunció.
En abril, el Poder Ejecutivo anunció la suspensión por 90 días del proyecto Neptuno para renegociar con el Consorcio Aguas de Montevideo el contrato firmado en la recta final del anterior período de gobierno.