“Poco podemos decir sobre una empresa completamente ajena a la nuestra que no sea que conocimos su sospechoso proceder” desde que nació, escribieron en un comunicado a sus clientes los responsables de Conexión Ganadera. Todavía faltaban unos meses para que les llegara el turno.
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1er turno, Alejandro Machado, solicitó la prisión preventiva para Larrarte en abril de este año por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, estafa y libramiento de cheques sin fondo. La semana pasada, a pedido del fiscal, la Justicia prorrogó la medida cautelar.
El encierro del titular de Grupo Larrarte es insuficiente para algunos inversores que confiaron en el empresario. En una carta dirigida a las autoridades, publicada el jueves 7 en Búsqueda, cuestionaron la falta de avances en la investigación para recuperar su dinero.
“Existen damnificados que han aportado mucha información en Interpol y en la propia Fiscalía, ¿qué pasa con todo eso?”, dice la carta. “¿Ustedes no usan su potestad para investigar? ¿Inteligencia no investiga? ¿La Policía de Rivera y Tacuarembó no investiga? ¿Los damnificados tenemos que pensar que Larrarte tuvo la habilidad para comprar la desidia de todos los actores, primero para materializar la estafa y ahora para tener una pena mínima y luego disfrutar de nuestro dinero que él mismo ha confesado que tiene escondido? ¿Y acá no pasa nada?”.
El fiscal Machado informó en la audiencia en la que pidió extender la prisión preventiva por 30 días más que había activado la “alerta plateada” de Interpol, que tiene el objetivo de localizar activos de Larrarte en el extranjero —como bienes, cuentas bancarias o activos digitales— para que puedan ser recuperados y luego incorporarse tanto al proceso penal como al concurso. Mientras, está a la espera del informe del equipo multidisciplinario para saber si se lo acusará por lavado, porque hasta ahora no se encontraron elementos. Los fiscales consultados señalan que hay que probar el delito y que no es suficiente con gastar el dinero o hacerlo desaparecer para obtener una condena judicial, sino que tiene que haber una “maniobra” detrás.
Es la primera vez que un fiscal usa la alerta plateada, una herramienta nueva, pero destacan que permitirá recibir respuestas de los países de forma más rápida que los exhortos judiciales porque es una comunicación entre las policías, con países que no tienen secreto bancario como el de Uruguay. De hecho, la Fiscalía ya recibió contestación por este caso, pero por el momento no tuvo resultados “positivos” porque no aparecieron bienes.
Está previsto que también se emitan para Conexión Ganadera otros de los 10 cupos gratuitos que tiene el país en este primer año.
Lo que se conoce hasta ahora del caso Larrarte, según se ha informado en instancias judiciales, es que se firmaron 211 contratos entre 2020 y 2024 por US$ 12 millones con la promesa de una rentabilidad de entre el 10% y el 11,3% anual. Esa cantidad debía involucrar a cerca de 16.000 cabezas de ganado, pero el informe del Ministerio de Ganadería determinó que solo había 3.551. Como máximo, los responsables de la compañía reconocieron que solo alcanzaron a tener entre 8.500 y 9.000 en estos años.
Por eso la fiscalía asegura que era una “estafa piramidal”, que consiste en que quien ejecuta la maniobra “obtiene grandes sumas de dinero que destina, en parte, a mantener la apariencia del negocio legítimo y en pagar falsas rentabilidades, que no son más que la devolución fragmentada de inversiones y, por último, a su propio bienestar y sustento”.
A un año de las primeras denuncias, la sensación de que la Justicia avanza lento y que no parece seguir pistas se repite entre las víctimas de otros fondos.
Los juzgados de concurso son otro escenario donde los damnificados por estas empresas ganaderas transitan con distintos grados de avance y expectativas en recuperar algo del dinero invertido.
En el caso del Grupo Larrarte algunos acreedores recibieron ganado que tenían a su nombre y otros, cuyos créditos eran privilegiados, llegarán a cobrar algo tras la liquidación de la empresa.
República del ganado
Las denuncias de estafa contra el Grupo Larrarte habían causado nerviosismo y motivaron consultas a otros fondos de inversión ganadera que advertían que el terremoto podría tener réplicas.
Ocurrió menos de dos meses más tarde. El 27 de noviembre República Ganadera informó que se presentaba a concurso voluntario de acreedores con el fin de “reestructurar” los pasivos y “garantizar la continuidad operativa” de la firma. Esa semana, Conexión Ganadera volvió a marcar distancia y comunicó a sus clientes que colaboraría en la “búsqueda de soluciones” a la empresa que estaba en caída.
El 28 de noviembre Gustavo Basso, cofundador de Conexión Ganadera, murió en un accidente de tránsito. Al día siguiente llegó la primera denuncia penal por estafa contra los responsables de República Ganadera. El 2 de diciembre Pablo Carrasco, el otro titular de Conexión Ganadera, descartaba que su compañía fuera al rescate del fondo caído.
Víctimas de República Ganadera consideran que la investigación de su caso no avanza a la velocidad que debería. Decia, también el primer abogado en presentar una denuncia contra los responsables de la compañía, comparte el enojo de sus clientes. Le parece inverosímil que pasados casi 10 meses de la primera denuncia el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, no haya formalizado la investigación, por lo menos, contra Nicolás Jasidakis y Mauricio Mussio.
Enrique Rodríguez fiscal
Enrique Rodríguez, fiscal especializado en Lavado de Activos
Javier Calvelo / adhocFOTOS
En la sede hay informes pedidos por la sindicatura que “dan la pauta de los faltantes”, “no hay coincidencia lógica” entre la declaración jurada elaborada por la empresa y los datos que presentaron al concurso, enumera Decia. Así, en la declaración jurada de julio había 63.000 animales y en el acuerdo privado de reorganización presentado a los inversores los situaba en 22.000: en cinco meses había 41.000 menos.
El fiscal tiene “denuncias de cientos de inversores que dicen que no tienen las vacas que sus contratos dicen que deberían tener, lo que da la pauta de una maniobra de apropiación indebida o estafa, mínimo”. El pasivo estimado previo a la verificación de créditos era de US$ 86 millones y el activo estimado posterior era en realidad de US$ 17 millones, dijo el abogado. Y agregó que es imposible explicar una pérdida de US$ 70 millones.
En los últimos días, la investigación tuvo pequeños movimientos. El fiscal Rodríguez comenzó a tomar declaración a personal de República Ganadera y prevé pedir la prórroga del cierre de fronteras que pesa sobre Jasidakis y Mussio, informó El Observador.
A algunas de las víctimas les preocupa que el fiscal Rodríguez avance lento porque esté calibrando una posible solución civil que no convence a todos. Los empresarios presentaron un acuerdo concursal que promete una devolución de las inversiones en un período de 10 años. El Observador informó que hasta ahora 340 damnificados, de unos 800, apoyan la iniciativa porque da mayores perspectivas de recuperación superior a la que podría generar una liquidación de la empresa.
“¿Qué buscan?”, se preguntó Decia. Y respondió: “Lo que están encontrando: que el fiscal se escude en ese proyecto de convenio para ir tirando esto y, si llega a salir, va a quedar todo en stand by”. Y volvió a preguntar: “¿Cuál es el mensaje?”. Y respondió: “Hagan la joda, de magnitud inusitada, vayan a concurso y acuerden una refinanciación”.
Denunciantes le enviaron datos potenciales al fiscal para seguir el “rastro del dinero”, que incluye a familiares y allegados de Jasidakis y Mussio, y el fiscal aseguró que están entre sus líneas de trabajo.
En diálogo con Búsqueda, varios denunciantes cuestionaron que, siendo el segundo fondo más grande de los que cayó, la investigación sobre las irregularidades en República Ganadera vaya más despacio que otras. La percepción es que Conexión Ganadera se robó la atención de las autoridades.
“El negocio más seguro”
Conexión Ganadera pasó, casi sin escalas, de ser la potencial salvadora de República Ganadera a la principal protagonista de la zaga de las estafas de “fondos ganaderos”. Era una empresa que estuvo operativa durante 25 años y en publicidades se presentaba como “el negocio más seguro de la historia”.
Cuando a finales de enero los inversores de Conexión Ganadera tuvieron una reunión por Zoom con Carrasco, para tomar conocimiento de qué pasaría con sus ahorros, ya se imaginaron lo que se venía.
Si bien los números finales todavía no están, estiman que el pasivo supera los US$ 300 millones y el déficit será mayor al esperado en un inicio, lo que dificultará el cobro de dinero por parte de los damnificados, que en un principio se estimaron en 4.000, pero fueron menos los que se presentaron para verificar sus créditos. El conteo del ganado, que llevó varios meses, determinó que había cerca de 80.000 cabezas, aunque es una cantidad dinámica porque tienen crías y otra cantidad se subasta para cubrir gastos o entregar los campos.
Por su magnitud, por la cantidad de dinero y de personas afectadas, lo que sucedió con Conexión Ganadera fue definido como una megacausa por el delito de estafa, que al igual que en los otros casos se enmarca en un “esquema Ponzi”, una forma de estafa piramidal.
Como principales causas de la crisis de los últimos años, se señalan las tasas altas que se prometían a los inversores —de entre el 7% y el 12% anual—, también que daban una renta fija, para un negocio que era variable, y los efectos de la sequía de años atrás. Los socios siguieron firmando nuevos contratos incluso a finales de 2024.
Recién a mediados de julio de 2025, seis meses después de que llegara la primera denuncia, el fiscal Enrique Rodríguez formalizó la investigación contra Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, por el colapso de Conexión Ganadera. Los tres fueron imputados por estafa y, en el caso de Carrasco, también por lavado de activos. Carrasco fue el único enviado a prisión preventiva por este caso, los demás permanecen en prisión domiciliaria.
Esto es insuficiente para los damnificados, quienes consideran que Iewdiukow y Cabral también deberían haber sido formalizadas por blanqueo de capitales. “Me quedó la sensación, después de escuchar todo el relato de hechos, de que perfectamente pudo y debió haber imputado la figura de lavado para las dos mujeres”, dijo el abogado Ignacio Durán, porque “el fiscal relató una maniobra de lavado de manual”. Con el dinero producto de la estafa a los ahorristas pusieron inmuebles a nombre de las hijas y desviaron dinero para fines personales, señaló.
Esta semana el fiscal Rodríguez retornó de su licencia y Durán le pidió una reunión para conocer el plan de acción. También le solicitarán que se impute a los mandos medios, como les había prometido el fiscal en la previa de la audiencia anterior.
“El devenir del tiempo sigue conspirando en contra de los intereses de las víctimas”, dijo el abogado. Porque en delitos económicos y en lavado de activos el tiempo apremia y cada día que pasa aumenta la probabilidad de que el dinero se disperse, se mezcle con fondos legítimos o se convierta en bienes difíciles de rastrear.
En el caso de Conexión Ganadera, en liquidación, aún no se sabe cuántos son los créditos verificados por los acreedores comunes, ya que conforman un expediente con más de 300 piezas con 300 folios cada una. Antes de ellos, cobraría la Dirección General Impositiva (DGI), que se presentó tardíamente reclamando el cobro de US$ 6,4 millones por impuestos impagos.
Porftolio Ganadero
Publicidad de la empresa Berruti United Breeders and Packers, titular de Porftolio Ganadero
Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
El último en caer
Cuando parecía que la avalancha sobre los “fondos ganaderos” había terminado, el 20 de mayo Berrutti United Breeders & Packers (Portfolio Capital) comunicó a sus clientes que no estaba pudiendo pagar los intereses ni devolver el capital anticipadamente ante la “corrida” de los inversores. En ese momento Alejandro Berrutti, responsable de la empresa, dijo a Búsqueda que el incumplimiento afecta a 403 inversores que invirtieron entre US$ 13 millones y US$ 14 millones.
Y otra vez empezaron a llover las denuncias penales contra sus responsables. La primera fue el 21 de mayo, un día después del correo de Berrutti.
El 27 de julio el abogado Luis Brambillasca amplió la denuncia que había presentado contra Berrutti en representación de una clienta que había invertido US$ 300.000 y que debería tener 600 terneros a su nombre. Solo encontraron 124.
Al igual que en los otros “fondos ganaderos”, el abogado apuntó contra el empresario, sus familiares y las compañías vinculadas. También denunció en la Fiscalía Especializada de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, que Berrutti había vendido su casa.
De acuerdo con los documentos públicos a los que accedió Búsqueda, Berrutti vendió su casa en Carrasco el 29 de mayo por US$ 775.000, ocho días después de la primera denuncia penal en su contra.
El concurso de Berrutti fue decretado a fines de julio tras la oposición del involucrado.
Fallas estructurales
La caída en efecto dominó de los “fondos ganaderos” expuso una serie de fallas en los controles estatales: del Banco Central, que a partir de estos casos propuso un nuevo marco regulatorio, de la Dirección General Impositiva y del Ministerio de Ganadería en la trazabilidad del ganado que no existió.
Ahora los focos están puestos sobre los fiscales, que son quienes dirigen las investigaciones penales y han sido cuestionados por demoras en el proceso: en los pedidos de embargos, de allanamientos, en el análisis de la información y en las formalizaciones de los involucrados, que han sido tardías e insuficientes según los damnificados.
Los primeros meses de las indagatorias dejaron en evidencia las dificultades que existen en el Ministerio Público para enfrentar los delitos económicos, que incluso han sido señaladas por los propios fiscales consultados por Búsqueda. Frente a las causas sobre “fondos ganaderos”, han insistido que les faltan recursos humanos y materiales, sobre todo para el análisis de datos contables. También hay dificultades por las demoras en la recepción de información de otros organismos como la Unidad de Información y Análisis Financiero y del conteo de ganado que hizo el Ministerio de Ganadería, que en el caso de Conexión Ganadera llevó unos cinco meses, porque eran muchos campos.
En estas causas los fiscales se enfrentaron a informes de las cuentas bancarias, de bienes, exhortos del exterior, balances económicos de las empresas de varios años, además del análisis de otras empresas vinculadas a las estafas; solo en Conexión Ganadera eran más de 15. Cada uno de los fiscales trabaja con entre dos y tres adscritos cada uno, tanto en las fiscalías de Delitos Económicos y Complejos como en la Especializada en Lavado de Activos, y deben hacerse cargo también del resto de las causas que tienen en carpeta.
El malestar con el desempeño de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos es anterior a su trabajo en los “fondos ganaderos”, al punto tal que el gobierno ya anunció que hay un acuerdo con la fiscal general subrogante, Mónica Ferrero, para eliminarla.
Uno de los fiscales consultados, que prefirió mantener su identidad en reserva, cuestionó que no existan una estructura ni equipos multidisciplinarios permanentes para estos casos y que la fiscalía dependa de recursos “prestados”, como una contadora que solo colabora un día a la semana con cada fiscalía. Sin contadores y especialistas trabajando a tiempo completo, investigar delitos financieros complejos “es casi imposible”, dijo, y agregó que actualmente se realiza “a pulmón”. Eso ocurre mientras lo que surge de la investigación “es muy complejo y muy extenso”, dijo otro de los fiscales.
Fuentes que colaboran con las investigaciones desde organismos de contralor sostuvieron a Búsqueda que en los casos de “fondos ganaderos” las demoras y las “actuaciones tardías” se dieron en la investigación del lavado de activos, pero también en la indagatoria de las estafas. Algunas de las dificultades para enfrentar estos delitos, señalaron, se vinculan con una saturación de casos, el desconocimiento y también con una cuestión de “actitud”. Porque, si bien la fiscalía tiene apoyo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU y de la Policía en las investigaciones, señalan que tienen dificultades para sacar provecho de esa colaboración. Los equipos interinstitucionales “no funcionan” y las fiscalías “se limitan a designar, pero no los reúnen ni dirigen”, por lo que “queda en el papel”, dijeron los informantes.
El abogado Leonardo Costa, que patrocina a varias víctimas en el caso de Conexión Ganadera, dijo a Búsqueda que la falta de recursos en las fiscalías es uno de los problemas más graves. En términos generales, “falta experiencia” en investigaciones de delitos económicos complejos en las fiscalías, dijo, y agregó que el gobierno de Luis Lacalle Pou desmanteló los equipos técnicos dedicados al combate al lavado, lo que repercute en la efectividad del sistema.
“No se le puede pedir más a una fiscalía que tiene tres personas y tiene varios casos muy complejos”, opinó quien fuera el secretario de la Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle. De hecho, Costa destacó el ritmo que lleva la causa de Conexión Ganadera. Consideró que los apoyos técnicos que recibió el fiscal Rodríguez, entre ellos de la Senaclaft, fueron clave para alcanzar los “buenos resultados”.
“Para el promedio de velocidad que maneja el sistema, lo de Conexión ha avanzado bastante y a buen ritmo”, coincidió Fernando Posada, que patrocina denuncias de exinversores en Conexión Ganadera y en República Ganadera.
Posada, quien valoró que los fiscales siempre han estado a disposición para consultas, apuntó a la falta de equipos en las sedes penales. Hay una sola contadora para los temas económicos y centró su trabajo en Conexión Ganadera, con lo cual otras causas quedaron relegadas, añadió.
Para uno de los fiscales consultados, a la falta de recursos se suma la falta de voluntad política, tanto del gobierno actual como de los anteriores, de dotar de los recursos necesarios a los distintos organismos para perseguir estos delitos “de cuello blanco”.
