Por un lado se encuentra la denominada ruta paraguaya, que básicamente comprende la salida de aeronaves desde Bolivia a distintos puntos de Paraguay y luego desde allí a Uruguay. La otra vía, denominada boliviana, también despega de Bolivia pero va hacia Argentina antes de arribar a Uruguay; se traslada en concreto por las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe y Corrientes, en un corredor noroeste–sureste que conecta parte de la zona andina de Sudamérica con la costa atlántica del Río de la Plata.
En ambos casos, los vuelos no se realizan de forma directa entre el punto de despegue y el de aterrizaje, sino que incluyen paradas intermedias previstas en el esquema de seguridad y logístico de las organizaciones de narcotráfico. Estas escalas pueden destinarse a la descarga parcial de droga, el reabastecimiento de combustible, el cambio de piloto, el pago de sobornos a agencias de seguridad locales o a detenciones forzadas por condiciones climáticas.
Los datos sobre el tema integran un informe elaborado por el Servicio de Información de la FAU, el organismo encargado, entre otras tareas, de asesorar al comandante en jefe de la institución en las áreas de inteligencia y contrainteligencia. Denominado “Amenazas y desafíos en el combate al tráfico ilícito de drogas en vuelos transnacionales”, el análisis fue presentado por videoconferencia en junio, en el marco de la Reunión de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas que funciona en el Mercosur.
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Agentes de seguridad bolivianos durante el allanamiento al aeródromo Mondaca, uno de los operativos más importantes contra la narcotráfico aéreo en la región
Agencia de Noticias Fides
En el documento, la FAU menciona uno de los procedimientos policiales más emblemáticos ocurridos en la región respecto al narcotráfico aéreo: un operativo realizado en 2022 por el Grupo Especial de Asalto Táctico y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia en el aeródromo Mondaca, ubicado en Santa Cruz de la Sierra. El trabajo policial culminó con el arresto de 38 personas y el secuestro de 66 avionetas, cinco vehículos y 4.870 litros de combustible de aviación. La investigación, aún en curso, determinó la participación de grupos bolivianos, brasileños y paraguayos y también la posible conexión con personas radicadas en Uruguay.
Desde el punto de vista técnico, el informe de la FAU admite la existencia de pistas clandestinas para aterrizaje de vuelos narcos en todos los departamentos del país, sobre todo al oeste, en las fronteras con Argentina. La Fuerza Aérea describe además cuatro tipos principales de aeronaves que emplean las organizaciones criminales: los bimotores ligeros estadounidenses Beechcraft Baron y Piper Seneca, con capacidad de carga de 400 a 700 kilogramos; el monomotor de alto rendimiento Cessna 210 Centurion, también fabricado en Estados Unidos, con carga de 350 a 450 kilogramos; los monomotores utilitarios Cessna 206 Stationair y Cessna 182 Skylane, con la misma carga que el anterior; y aviones agrícolas adaptados para fumigación, que incluyen varios modelos, entre ellos el Air Tractor y Piper Pawnee de Estados Unidos, con capacidad de 350 a 450 kilogramos.
Nueva tecnología contra el narcotráfico
La Reunión de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del Mercosur nuclea a las agencias de los países miembro con competencia en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. Además de la FAU, en el encuentro realizaron presentaciones la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la FELCN de Bolivia, entre otras agencias.
Por la Fuerza Aérea participó Darwin Ramos, director del Servicio de Información, que integró una delegación formada por ocho representantes del gobierno, la mayoría pertenecientes a la Presidencia de la República. Explicó la metodología de la FAU en sus investigaciones sobre narcotráfico, cuyo énfasis es determinar si las pistas de aterrizaje están en un campo, un aeródromo u un aeropuerto; la nacionalidad, la formación, la reclutación y los movimientos migratorios de los pilotos; y la matrícula, la marca, las características y el mantenimiento de las avionetas, entre otros elementos.
También mencionó la integración de Uruguay al proyecto Colibrí, un programa financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo mejorar la colaboración internacional para combatir en Latinoamérica el comercio de cocaína por aviación general, el término con el que se conoce a toda actividad aérea civil que no es transporte comercial de pasajeros ni de carga. El proyecto de la Unión Europea busca aumentar los controles en tripulaciones, pasajeros, equipajes, hangares, escuelas de vuelo, avionetas fumigadoras y de esparcimiento, taxis aéreos y ejecutivos.
El problema que enfrenta Uruguay ante el esquema aéreo de la cocaína fue advertido el mes pasado por el secreterio de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien dijo que el gobierno planea adquirir radares para la vigilancia de vuelos no autorizados que cruzan desde Argentina y Brasil para despachar cocaína en Uruguay, por lo general en caminos rurales. “El año próximo habrá seguramente fuertes anuncios de inversiones que tienen que ver con radares, que tienen que ver con la protección del espacio aéreo uruguayo para dar seguridad. Va a haber inversiones dentro del Presupuesto quinquenal para mejorar la protección del espacio aéreo y de las fronteras”, anunció Sánchez.
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El operativo Arriero Minerva incautó más de 400 kilos de droga con un valor mínimo de US$ 7 millones
Ministerio del Interior
La necesidad de radares ya había sido alertada en 2021 por el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tras un operativo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas que incautó 409 kilogramos de pasta base en Artigas. La droga había ingresado al país mediante una aeronave de vuelo irregular procedente de Argentina. Su valor en Uruguay se estimó entonces por la Policía en unos US$ 7 millones, mientras que, una vez refinada en cocaína y comercializada en Europa, puede superar los US$ 16 millones.
Más allá de los radares, la FAU aguarda para el año que viene la llegada del primer A-29 Super Tucano, una aeronave de ataque e intercepción producida por la compañía brasileña Embraer. El año pasado se compraron seis en total, por US$ 104 millones, con la intención de tener mayores capacidades de combate contra el narcotráfico y para la persecución de vuelos clandestinos, una tarea hoy en manos de los debilitados vectores Cessna A-37 Dragonfly y Pilatus PC-7U Turbo Traine.
En la Fuerza Aérea también esperan la decisión que tomará el gobierno respecto a la “ley de derribo”, aprobada en la administración pasada. Se trata de un protocolo de cinco fases que habilita en última instancia la neutralización por parte de la Fuerza Aérea de una aeronave en situación irregular; es decir, realizar disparos que le impidan mantenerse en vuelo y puedan ocasionar su caída. La norma es sin embargo debatida por Estados Unidos, que entiende que la posibilidad de un Estado de derribar un avión civil puede infringir tratados internacionales y criterios de derechos humanos.
Luis Heber de León, quien fue comandante en jefe de la FAU desde marzo de 2020 hasta febrero de 2025, aseguró días antes de retirarse que la oposición de Estados Unidos a la ley de derribo restringió la posibilidad de Uruguay de comprar aeronaves de combate —entre ellos los Hawk MK67 fabricados por la empresa británica BAE Systems—, lo que indirectamente debilitó la lucha de la Fuerza Aérea contra el narcotráfico. Según información que De León dio públicamente, más del 70% de la droga que entra a Uruguay lo hace por vía aérea. El Ministerio de Defensa Nacional prevé ahora modificar la norma para adecuarla a las exigencias internacionales y acercarla a la posición estadounidense.
El análisis de Bolivia
La producción, las incautaciones y el consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos en 2023, y dicha sustancia ilícita se convirtió en la de mayor crecimiento de mercado, según el informe anual sobre drogas presentado este año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las incautaciones mundiales alcanzaron un récord de 2,275, lo que supone un aumento de 68% con respecto a 2019. Además, el consumo creció de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023.
Dentro de este panorama, la producción mundial de cocaína continúa en manos de tres países sudamericanos: Colombia, Perú y Bolivia, en ese orden. En el encuentro del Mercosur, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia señaló que el tráfico aéreo irregular de la droga “representa una amenaza significativa para la seguridad y soberanía de los Estados” de la región. El informe, al que accedió Búsqueda, tiene como particularidad que nombra a Perú como país productor de la cocaína que llega a Uruguay; las investigaciones de la Policía Nacional de Uruguay indican que, en general, la cocaína que pasa por el país con destino a Europa es de origen boliviano.
“El tráfico de drogas vía aérea es una de las principales modalidades de tráfico de drogas en Bolivia, utilizando nuestro país en su mayoría como un puente aéreo desde Perú hacia Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, donde posteriormente llegan a mercados africanos y europeos”, afirma la presentación de la FELCN. Esta unidad, considerada la principal fuerza antidrogas de Bolivia, ha sido objeto de cuestionamientos por denuncias de corrupción y presuntos vínculos con redes criminales, entre ellas la del uruguayo Sebastián Marset, quien en julio de 2023 aseguró que recibió una alerta desde la institución para evitar su captura en Santa Cruz de la Sierra.
Información-Avioneta-Caída-Chaco-Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina
Policías de la provincia de Chaco, Argentina, revisan una avioneta con matrícula de Bolivia que se estrelló en 2023 al transportar más de 300 kilos de cocaína
Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina
A partir de casos en los que debió intervenir, en la exposición del Mercosur la FELCN detalló el modus operandi de los grupos que emplean rutas aéreas para transportar cocaína en Sudamérica: traslado inicial por avión para, posteriormente, continuar por rutas fluviales y terrestres; ubicación de pistas clandestinas, fábricas y laboratorios en áreas prohibidas que son de difícil acceso, sin comunicación y en zonas protegidas de reserva natural; implementación de métodos para ocultar las sustancias controladas, como caletas (escondites) y mimetización en entornos naturales como selvas; modificación de aeronaves para reabastecimiento de combustible que aumenta la autonomía de vuelo y oculta su matrícula para dificultar las intervenciones policiales; y realización de vuelos irregulares en horarios no establecidos para evadir controles.
