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El exsenador Charles Carrera denunció a la fiscal general subrogante, Mónica Ferrero, ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por presuntos hechos de corrupción. El exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior sostiene que la jerarca abusó de su poder y violó las normas para “digitar” la designación de una fiscal en una sede que lo investiga.
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El escrito presentado este miércoles por los abogados de Carrera en la “junta anticorrupción” dice que Ferrero ocultó dos solicitudes presentadas por Adriana Porteiro, la fiscal que investigaba su causa, quien pidió abstenerse de continuar en el caso. Once días después de la primera solicitud, Ferrero decidió trasladarla a otra sede y designó en su lugar a Sandra Fleitas.
“Con el ocultamiento de las solicitudes de abstención y los traslados abruptamente dispuestos, se alteró intencionalmente el orden normal y objetivo de asignación de asuntos en la Fiscalía General de la Nación”, dice el escrito. “Esta gravísima irregularidad, que por sí misma expone una clarísima y evidente desviación y abuso de poder de la directora general (interina) de la Fiscalía General de la Nación, claramente violatoria de principios generales de derecho, tales como el debido proceso y especialmente los que refieren a la ética pública”.
Carrera sostiene en el escrito presentado a la Jutep que Ferrero no dio trámite a los dos pedidos de abstención de Porteiro, porque eso implicaría que su caso lo tomara otro fiscal tras un sorteo.
“Todo este actuar irregular y oscuro trajo por consecuencia una elección y digitación oblicua del fiscal en el caso”, dice el escrito. Y agrega que Ferrero, “en un ejercicio abusivo de sus atribuciones, eligió a la doctora Sandra Fleitas para dicho asunto”. Los abogados del exsenador recuerdan que el artículo 12 del Código de Ética de la Función Pública dice que hay “corrupción” cuando existe un “uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal”.
Cuestiona que la fiscal general subrogante le mintió a su abogado cuando este le preguntó por las versiones de prensa sobre los pedidos de abstención de Porteiro. Adjunto al escrito, el exsenador incluyó un intercambio de WhatsApp entre su abogado Juan Manuel González Rossi y Ferrero que ocurrió el 8 de mayo.
—Buenas tardes doctora. Espero que esté bien. Me informa una periodista que tiene información de que la Dra. Porteiro presentó su abstención de seguir en la causa. Mañana va el procurador a hacerse de una copia.
—Buenas tardes. Yo no tengo ningún escrito de tal tenor —respondió Ferrero.
Porteiro había pedido por escrito la abstención dos veces: 5 y 7 de mayo. En ambas ocasiones mencionaba los recursos de recusación que había presentado Carrera y también los cuestionamientos públicos sobre su desempeño.
Decisión rápida
Poco más de una semana después de asumir al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Fleitas solicitó la formalización de Carrera.
La jueza Lorena Juliano formalizó la investigación contra el exsenador por presuntas irregularidades durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, en una audiencia que duró cerca de cinco horas. La magistrada lo imputó por tres delitos: fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada, por la atención que recibió un civil, de forma excepcional, en el Hospital Policial.
El caso se remonta a 2012, cuando Víctor Hernández quedó parapléjico como consecuencia de una bala perdida. Según denunció, la bala que lo lesionó salió de la casa del subcomisario de La Paloma, donde se celebraba un cumpleaños, aunque nunca se llegó a comprobar. Sin embargo, Hernández recibió de forma gratuita desde julio de 2013 hasta finales de 2016 atención en el Hospital Policial (lo que incluyó atención médica, psicológica y rehabilitación), así como la cobertura de sus gastos de alimentación por tiques equivalentes a $ 20.000 de forma mensual.
Ni bien Fleitas había pedido su formalización, Carrera la acusó de tener una “clara filiación política” y pidió su recusación.
El lunes 11, el exsenador denunció a Ferrero también ante el Ministerio de Educación y Cultura por lo que entiende como una “grosera digitación” en el proceso de designación de Fleitas, informó el programa Así nos va.