“Nos preocupa la situación de desigualdad que se genera por el ajuste paramétrico en el sector de la construcción”

En entrevista, la Dra. Victoria Fernández, socia de Teijeiro Abogados, hizo referencia a los principales inconvenientes y retos.

—¿Entiende que el ministro de Trabajo y su equipo están siendo pragmáticos?

—Creo que no está bueno calificar a un equipo de gobierno que recién lleva seis meses trabajando. Comparto con Tomás Teijeiro la idea de que no hay que criticar al que recién asumió y está dando todo lo que puede, pero me parece que el balance es positivo. Hay un equipo ágil que está presente, hay que esperar lo mejor, tener talante negociador y siempre estar preparados para las eventualidades. Nuestros clientes no ganan con los conflictos, ganan con evitarlos.

—¿Cómo vio las pautas establecidas por el gobierno para la negociación colectiva?

—En términos generales, y en lo estrictamente económico, no tengo mucho para agregar, más que decir que era lo esperable. Todos sabemos lo injusta que resulta esta forma de negociación para determinadas empresas que la padecen, ya sea por su tamaño, por su ubicación geográfica o por otros perfiles que las dejan en situación de vulnerabilidad frente a las del mismo palo que tienen la oportunidad de sentarse a negociar. Es un dato de la realidad y del mercado, la negociación colectiva interfiere en la competencia que debería ser libre y favorecer al más eficiente. Sería mucho mejor la negociación por empresa, pero es una discusión que Uruguay se debería dar sin ideología. Por otra parte, entiendo que no está bien introducir en ella elementos ajenos, como las condiciones de trabajo. En los consejos solo se debería discutir sobre salarios y categorías. Quien discuta condiciones porque crea que con eso mejora su estatus está escuchando cantos de sirenas. La experiencia indica eso. Las empresas deberían ser más firmes en este punto y evitarlo.

—¿Qué reflexión le merece el conflicto de la pesca?

—Ha sido un absoluto abuso por parte del sindicato, y lo actuado por el sector empleador marca un antes y un después. Fue un conflicto que no defendía una causa justa, que no lo entendieron ni apoyaron la mayoría de los trabajadores, y en el que la sociedad en general empatizó con las empresas y con quienes no podían trabajar. Pero que, además, marcó una diferencia con otros conflictos porque quienes lo ocasionaron no se enteraron, hasta que la oportunidad estaba configurada, de que con su actitud levantaron el centro para que las empresas pusieran en conocimiento del mercado que había un gran cupo de puestos de trabajo muy bien remunerados para quienes quisieran trabajar en serio. Seguramente veremos que esta modalidad se replique en el futuro; ha pasado en otros países. El mercado y las empresas son más ágiles que los sindicatos porque los primeros no razonan en clave ideológica, sino en función de tiempo y beneficio. La pesca está siendo refundada, es una realidad.

—¿Cómo ve al sector de la construcción, siendo este uno de los que emplea mayor cantidad de personas y que posee un sindicato históricamente fuerte?

—A pesar de algunos altibajos, veo dinamismo en el sector. En el estudio llevamos los temas laborales y sindicales de varias empresas y coincidimos con ellos en sostener que la Ley de Vivienda Promovida es un instrumento muy útil. Creemos que tiene razón la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) cuando dice que también estaría bueno avanzar en otros programas ajustados a otra gama de necesidades y demandas. Se puede crecer por ahí. Sí nos preocupa la situación de desigualdad que se genera por el ajuste paramétrico en el sector de la construcción. Ahí hay un tema que no es equilibrado para con los distintos empleadores y que lo provoca la dinámica de la negociación colectiva entre las empresas que se dedican mayoritariamente a obra pública y su incidencia en las que ponen el foco en la obra privada. Es un factor que en definitiva distorsiona el precio final. Es decir, el conocido efecto negativo de toda intervención del Estado en las relaciones entre privados. ¿Por qué tres actores, cuando pueden ser dos? ¿Por qué sectores similares, pero no idénticos, tienen que padecer las mismas contingencias?

—¿Qué papel juega el Sunca en todo esto?

—El sindicato de la construcción es una organización bien estructurada; quizás a veces sean duros en la negociación, pero sin duda son un interlocutor confiable. Ojalá muchos sindicatos fueran así.

—¿Qué juicio le merece la reciente reglamentación de la ley que regula el trabajo por aplicaciones?

—Creo que la ley es muy buena, ya que tiene una impronta moderna en la que el legislador no se entromete en el mercado definiendo cuándo existe trabajo autónomo y cuándo trabajo dependiente. La reglamentación sin duda tiene otro espíritu, pero creo que ley y reglamento se complementan muy bien y entre ambas arriban a una solución a la uruguaya. Tiene algunos puntos objetables que podrían dar lugar a eventuales nulidades, pero es un gran avance de todos modos. Hay que esperar y analizar cómo reaccionan los actores ante la aplicación de la misma.

—¿Cuáles son para usted los principales temas que el actual gobierno debería encarar en materia de derecho laboral?

—Entiendo que en forma urgente deberían buscarse soluciones prácticas y no ideológicas ni teñidas por intereses sindicales en materia de tiempos de trabajo. Con esto no hago referencia a la denominada reducción de la jornada laboral, para lo cual entiendo que nuestro mercado aún no está preparado ni mucho menos los actores sociales, sino a la forma de cómputo de las horas extras y de goce de la licencia anual. Es un disparate que en pleno siglo XXI un trabajador común no pueda llevar una suerte de cuenta corriente de horas extras y compensar las mismas con inasistencias en acuerdo con el empleador. También está mal —y es algo que todos sabemos que no se aplica en la práctica— que la licencia anual deba gozarse de un tirón o en dos períodos con mínimo de días. El sistema obliga a buscar, en los hechos, otros caminos para obtener la flexibilidad que no da la ley. Nosotros aconsejamos respetarla a rajatabla, pero sabemos que quien no lo hace tiene una ventaja competitiva con quienes sí. Es injusto para con quienes cumplen.

—¿Por qué dice que los actores sociales en Uruguay no están preparados para la reducción de la jornada laboral?

—Por varias razones. La primera es que ese tema debería —como todos— discutirse por empresa y no por rama de actividad. Por rama sería terrible. Consolidaría estructuras de poder y resultaría terriblemente injusto para muchísimas empresas. La segunda es que un país en vías de desarrollo, como el nuestro, no puede darse el lujo de priorizar el ocio, debe focalizarse en más trabajo, más eficiencia y más productividad. Y estamos lejos de estándares que nos permitan siquiera soñar con reducir la jornada si lo analizamos en esa línea. La tercera y última es que para hacer eso, las empresas deberían compartir información sensible con los sindicatos. ¿Quién estaría dispuesto a ceder soberanía en ese terreno? Nadie, ni siquiera a sindicatos con personería jurídica y solventes. Nadie correría ese riesgo. Es ilusorio pensar que una empresa volcaría su información con este fin.

—¿En qué sectores de la economía ve más oportunidades?

—En el estudio seguimos de cerca a la banca y las fintech, la salud, la educación, el transporte, las renovables, y todo lo que tiene que ver con el comercio y los servicios, sobre todo lo vinculado a turismo y hostelería.

—¿Cuál es el principal desafío del mercado de trabajo de cara al futuro?

—El impacto de la inteligencia artificial, sin dudas. Pero lo más preocupante es que en Uruguay el Estado y los actores sociales aún no caen en que ese tema incidirá fuertemente en las relaciones de trabajo, cambiándolas en forma determinante y redefiniendo el rol de gremiales y sindicatos en un mundo que otorgará más oportunidades —aquí y en otros países— y libertad de trabajo a las personas.