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En una resolución firmada el 2 de setiembre por el presidente Yamandú Orsi y la ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, el gobierno resolvió designar dos representantes “alternos” en la comisión especial que resuelve las solicitudes al amparo de la Ley 20.193, de “reparación a las víctimas de grupos organizados y armados con fines políticos e ideológicos” que actuaron entre 1962 y 1976.
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La norma fue aprobada durante el gobierno anterior, en 2023, y ahora, “para un mejor funcionamiento de la comisión”, las organizaciones de la sociedad civil que integran la comisión propusieron designar los nombres de Adriana Braida López y José Valentín Fajardo en calidad de “alternos”.
Estas organizaciones son la Asociación de Familiares de Víctimas de Terrorismo y la Asociación Patriótica 14 de Abril de 1972 de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad. Sus actuales representantes allí son Diego Burgueño Rebufello y el exdiputado colorado Daniel García Pintos.
Además de los dos integrantes de las “organizaciones más representativas de los beneficiarios” de la ley, como establece la norma, la comisión especial tiene otros tres miembros: uno del Ministerio de Educación y Cultura, que la preside, uno del Ministerio de Economía y otro del Ministerio del Interior.
Ni la Ley 20.193 ni su decreto reglamentario, el 67/024, mencionan la existencia de alternos en la comisión.