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Gustavo Salle, blancos y colorados presentan denuncia penal por cuatro supuestos delitos en compra de María Dolores
Tres legisladores decidieron acudir a la Justicia para denunciar indicios de abuso de funciones, falsificación ideológica de documento público, fraude y conjunción del interés personal y público
Gustavo Salle junto a legisladores blancos y colorados, en conferencia de prensa por María Dolores.
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De confirmarse, se tratará de la primera denuncia penal de la oposición contra autoridades del gobierno de Yamandú Orsi. En concreto, contra los directores de Colonización que firmaron la adquisición.
Salle anunció que presentaría la denuncia el martes 2, durante la sesión de Diputados en la que, a propuesta de Cabildo Abierto y con votos del Frente Amplio, la cámara pospuso para el 9 de diciembre la votación para crear una comisión investigadora por la compra. El diputado colorado Juan Martín Jorge dijo entonces que le interesaba sumarse y, tras analizarlo con técnicos de su partido, confirmó que lo haría. Luego, el martes 9, en una reunión de bancada, los blancos decidieron acompañar y definieron que el diputado Domingo Rielli representará con su firma a la colectividad.
El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, fue invitado a sumarse, pero desestimó la propuesta.
Los denunciantes —Salle, Jorge y Rielli— solicitarán la declaración testimonial de 12 funcionarios del INC, del delegado del Tribunal de Cuentas, y de anteriores y actuales directores de Colonización.
Instituto Nacional de Colonización
Instituto Nacional de Colonización.
Abuso de funciones
Los denunciantes plantean que pudo configurarse el delito de abuso de funciones, previsto en el artículo 162 del Código Penal, porque observan en la compra “un presunto desvío de los fines de la Administración, utilización ilegítima de facultades y medios del cargo público, y perjuicio económico directo para el Estado”.
Expresan que la adquisición estuvo “condicionada por fines ajenos a los intereses de la Administración”, en particular por un “homenaje” al expresidente José Mujica, como anunció el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el cortejo fúnebre del exmandatario. Destacan que esto fue “respaldado expresamente” por el entonces presidente del INC, Eduardo Viera, y figura en el acta del 14 de mayo de 2025.
Recuerdan que cuando el directorio dictó la resolución de compra, el Área de Liquidaciones informó que el INC carecía de disponibilidad presupuestaria suficiente para afrontar el gasto, lo que contraviene, según los denunciantes, los artículos 15 y 17 del Tocaf. Esto constituye “una posible vulneración de las normas financieras aplicables y evidencia un posible actuar arbitrario y con abuso de funciones en perjuicio de la Administración”.
El precio también es cuestionado: INC pagó US$ 32,5 millones por 4.400 hectáreas. La compra fue de U$S 7.300 por hectárea, mientras que informes recientes del Ministerio de Ganadería señalaban un valor de mercado de U$S 4.400 por hectárea, lo que implicó un pago aproximadamente 40% superior al valor de mercado, plantean los diputados, que ven en ello “un perjuicio económico directo para el Estado”.
A la vez, mencionan que Viera y Karina Henderson se encontraban “inhabilitados” para integrar el Directorio de Colonización, por su calidad de colonos y por lo que estipula el artículo 200 de la Constitución. Además, “Henderson votó favorablemente apenas 45 minutos después de asumir su cargo, sin tiempo razonable para un análisis serio del acto administrativo, lo que lleva presumiblemente a considerar un móvil distinto y privado a los fines propios de la Administración”.
Citan la sentencia de un Tribunal de Apelaciones del año 2013 que afirma que para que se configure abuso de funciones es esencial “la nota de arbitrariedad, entendida como un ‘proceder o dictaminar por capricho o contra las leyes de la razón’”. Y califican el homenaje a Mujica como un “capricho”.
Estancia-Maria-Dolores
Estancia María Dolores en Florida.
FM San Ramón
Falsificación ideológica
Al fundamentar la denuncia por la comisión del delito de falsificación ideológica por funcionario público, tipificado en el artículo 238 del Código Penal, los diputados dicen que la resolución del 14 de mayo de 2025, por la que se ejerció el derecho de preferencia para la compra de María Dolores, “se dictó sin contar con el informe técnico preceptivo previsto en el artículo 28 de la Ley Nº 11.029”. Dos días después, “el informe fue agregado con fecha antedatada al 28 de abril de 2025”.
Además, advierten que “el informe técnico contenía reparos sustantivos —tierras inundables, restricciones ambientales, falta de experiencia en manejo de sistemas de riego de gran escala y exclusión de áreas no colonizables— que no fueron tenidos en cuenta en la decisión final, ni se realizó un estudio económico integral de explotación regular”. Y denuncian que “la documentación fue presumiblemente manipulada para dar apariencia de legalidad a una decisión ya adoptada”.
Fraude y conjunción de intereses
Los legisladores opositores ven un eventual fraude contra la administración (artículo 160 del Código Penal) en que la resolución de compra se adoptó sin cumplir el requisito legal de quorum, con solo tres votos, cuando de acuerdo al Tribunal de Cuentas se requieren cuatro. A eso siguió “la contratación irregular de un informe profesional externo”, de la universidad Claeh, “pese a existir ya un dictamen elaborado por un profesor grado 5 que establecía la necesidad de cuatro votos conformes para la resolución”.
La conjunción del interés público y el privado, penalizado en el artículo 161 del Código Penal, se da, a su entender, porque dos integrantes del directorio eran colonos, razón por la que estarían inhibidos de actuar en este caso.
