Según diversos estudios, este tipo de fenómenos serán cada vez más frecuentes y, eventualmente, costosos en términos económicos. Un estudio del Banco Mundial estimó que, a futuro, Uruguay tendría una pérdida de Producto Interno Bruto (PIB) de 0,4 puntos porcentuales debido a las continuas crisis climáticas convencionales que se han dado en el pasado y hasta de 2,3 puntos ante un shock climático y macroeconómico negativo combinado del tipo que se observa una vez cada seis años en promedio. En extremo, podría perder 4,1 puntos porcentuales de PIB bajo un shock adverso conjunto —macro y climático— de los que suceden cada 40 años.
Impacto del cambio climático
Otras investigaciones ponen la lupa en el posible impacto del cambio climático sobre geografías específicas, si bien sus hallazgos pueden ser referencia de lo que podría pasar en lugares con semejanzas. Es el caso de una asistencia técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y a la Intendencia de Rocha que estableció, para el Municipio de La Paloma, la “línea de base” —la situación previa al desastre ambiental, también conocida como modelo de exposición—, que es una estimación de los activos y los flujos expuestos. Para el caso de los activos, esa línea es el costo de reposición de uno similar al que se tenía, descontando el estado de deterioro. Con respecto a los segundos, son los ingresos que se generan “normalmente” en los distintos sectores, esto es, sin desastre.
El estudio de la Cepal, publicado recientemente, analizó los sectores de vivienda, salud, educación, agua y saneamiento, electricidad, transporte, comercio y turismo. La elaboración de la línea de base para cada uno se llevó a cabo utilizando datos oficiales públicos y proporcionados por instituciones gubernamentales, entrevistas con el sector público y con el privado, así como visitas al lugar.
Las estimaciones para cada sector contenidas en esa investigación suman un costo de reposición de activos de $ 24.810 millones (a precios de 2024) que, convertidos por Búsqueda al tipo de cambio utilizado para los cálculos en el mismo informe, significan US$ 625,8 millones.
Apoyada en la experiencia adquirida en más de 120 evaluaciones de desastres, la Cepal ha desarrollado y promovido la metodología Damage and Loss Assessment para evaluar efectos e impactos de esos fenómenos en la región. Según explica el estudio, su uso permite no solo cuantificar el costo del desastre para un determinado país, sino obtener un diagnóstico de la situación posdesastre que sirva de guía para desarrollar un plan de reconstrucción resiliente.
En el caso del Municipio de La Paloma, el costo más alto de reposición es de las viviendas, el transporte y la infraestructura turística.
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Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Caracterización y riesgos
La Cepal explica que los desastres son consecuencia de la combinación de dos factores: los fenómenos naturales capaces de desencadenar procesos que provocan daños físicos y pérdidas de vidas humanas y de capital; y la vulnerabilidad de las personas y los asentamientos humanos.
El municipio rochense de La Paloma abarca 247,7 kilómetros cuadrados y alberga a 9.056 personas, según el censo del 2023, aunque durante la temporada de verano la localidad ve incrementada en una “cantidad significativa su población regular”. Los grupos de 35 a 64 años son los más numerosos en la estructura de edades. Los habitantes tienen un promedio de 9,5 años de educación.
De acuerdo con el atlas de riesgo de Uruguay, la región donde se emplaza este municipio es el área con el Índice de Riesgo ante Eventos Extremos más alto de todo Rocha, con un valor de 0,61. “Su ubicación privilegiada en la costa atlántica, que impulsa su economía basada en el turismo, también la convierte en un área altamente vulnerable. Este riesgo se refleja en su ‘Riesgo físico’ elevado, de 0,49, debido a su exposición a amenazas como inundaciones costeras, incendios forestales y vientos fuertes”, señala el documento. En este sentido, la actividad turística, que es “uno de los pilares económicos” de La Paloma, “también incrementa su exposición al riesgo, particularmente durante la temporada alta, cuando la población flotante y la infraestructura temporal podrían amplificar los impactos potenciales de desastres por fenómenos naturales”.
Aunque su “Factor de agravamiento”, de 0,24, es “moderado en comparación con otras localidades de Rocha, sigue siendo un desafío la limitada preparación para emergencias y las deficiencias en infraestructura, como sistemas de drenaje insuficientes”, según la Cepal. Agrega que en los niveles municipal o departamental “no se evidencia un plan de gestión de riesgos de desastres”, si bien sí existe uno a escala nacional.
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El balneario La Paloma, en Rocha
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Sectores y posibles costos
En el Municipio de La Paloma hay cinco unidades educativas públicas de distinto nivel a donde asisten unos 1.600 alumnos. La Cepal estimó un costo de reposición de esa infraestructura edilicia ante un escenario de desastre climático de $ 120 millones, que se explica sobre todo por el Liceo Cabo Santa María. En mobiliario y equipamiento son otros $ 7,7 millones.
En cuanto al sector vivienda, el estudio caracteriza el municipio como un balneario costero, con una significativa concentración de viviendas situadas a menos de un kilómetro del mar, la mayoría de una sola planta; destaca un único edificio de altura ubicado en la avenida Nicolás Solari, construido en hormigón armado. Esta proximidad con la playa tiene un impacto directo en el estado de conservación de las viviendas.
El costo total de reposición de las viviendas fue calculado en $ 9.365 millones, y de $ 1.686 millones para el mobiliario.
En el municipio hay cinco edificaciones para la atención médica; el costo de reposición de esa infraestructura y su equipamiento ronda los $ 47 millones. El análisis calculó en $ 7 millones los activos del cuerpo de bomberos, lo cual hace un total de $ 54 millones para el sector.
Para el turismo, la línea de base de activos de este sector —que abarcan 259.688 metros cuadrados de construcción en inmuebles destinados al alojamiento— fue de $ 5.437 millones. De ese monto, $ 431 millones corresponden al costo de reposición del mobiliario.
En el Municipio de La Paloma existen 33.269 metros cuadrados de construcción dedicados a actividades comerciales; su reposición ante un evento climático adverso sería de $ 582 millones. A eso se le agregan $ 110 millones de costos en equipamiento, $ 302 millones en mercadería (“inventarios”) y $ 6,8 millones en “otros activos” relacionados con este sector.
Para el sector de agua y saneamiento se estimó un costo de reposición de la infraestructura operacional de aproximadamente $ 1.886 millones, de los cuales casi dos tercios corresponden a los sistemas de tratamiento individuales de aguas residuales.
En el caso del transporte, el cálculo involucra la modalidad terrestre y la marítima. El costo de reposición de esta infraestructura fue estimado en $ 4.264 millones, distribuidos de la siguiente manera: caminos, 86,3%; Puerto de La Paloma, 7,8%; estaciones de ómnibus, 2,9%; puentes, 2,1%; y ciclovías, 0,9%.
Para el cálculo del costo de reposición del sector eléctrico, los activos físicos considerados por la Cepal fueron principalmente las líneas de transmisión de alta y media tensión, las líneas de distribución de media y baja tensión, las subestaciones de transformación o maniobra y plantas de generación. Sumó $ 989 millones, casi la mitad por los 527 kilómetros de líneas de distribución de electricidad de UTE.
A modo de cierre, el informe señala que, aunque en la literatura sobre desastres existe un sesgo hacia el estudio de las amenazas, este trabajo, por el contrario, pone énfasis en los activos expuestos. Subraya la necesidad de contar con una actualización de estas líneas de base, que “no son estáticas”, y agrega que su estimación, “aplicada a todos los municipios del país, no solo es útil para la gestión del riesgo de desastres, sino que también puede servir a otros ámbitos de política pública, como: recaudación impositiva; planificación sectorial; inversión pública; seguimiento y reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y otros temas de interés nacional”.
