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Las autoridades del Ministerio de Salud Pública vuelven a insistir en que es necesario ampliar los plazos para acceder a un aborto, así lo hicieron saber en una actividad llamada Salud sin Miedos realizada los días pasados en el Parlamento uruguayo. Dicha ‘’necesidad’’ proviene de un mayor número de solicitudes de aborto fuera del plazo legal.
Ya no será por la sola voluntad de la mujer/madre, porque tal vez fue un hijo muy deseado y aceptado con ilusión en sus primeras etapas. El motivo es que existe un riesgo o confirmación de anomalías fetales. Sobre todo, se piensa en las trisomías, fundamentalmente la T21, conocida como síndrome de Down, la alteración genética humana más frecuente y principal causa de discapacidad intelectual.
No se entiende la propuesta del gobierno de aumentar la edad gestacional para abortar por esta condición, porque, por un lado, el Ministerio de Salud Pública este año 2025, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down el 21 de marzo, expresa: ‘’Hay que celebrar la diversidad de las personas que viven con este síndrome, (…) lo que es más importante, reconocer y apreciar sus habilidades, contribuciones y alegrías que traen a nuestras vidas y comunidades’’.
El mismo informe del Ministerio de Salud Pública manifiesta que ‘’durante el quinquenio 2019-2023, nacieron 109 niños con síndrome de Down en nuestro país, visualizándose una tendencia decreciente por año: 23, 31, 26, 17 y 12 respectivamente’’. La incidencia del síndrome de Down es de uno de cada 600/700 recién nacidos. Haciendo un simple cálculo, vemos que nacen cuatro veces menos niños con síndrome de Down que los esperables, 30.000 nacidos al año/600 es igual 50, no 12. El hecho no es nuevo, año tras año nacen menos niños con síndrome de Down en el mundo, sin contar con información sobre cuántos embarazos realmente ocurrieron ni de cuántos niños no llegaron a nacer.
A la vez, hay que recordarle al ministerio que existe la Ley 20.014, de Normas para el Diagnóstico Prenatal y Postnatal del Síndrome de Down y esperando ser reglamentada, lo que no significa que no se deba cumplir. La ley establece que existe el derecho de los padres a ser informados de que el feto o recién nacido presenta un diagnóstico de síndrome de Down, desde una perspectiva objetiva y actualizada, sensibilizados en el modelo social de la discapacidad. ¿Cómo se explica que no se le permita nacer a una niña o un niño con síndrome de Down, en una sociedad que considera que se respetan los derechos humanos de las personas con discapacidad? Es absurdo facilitar el aborto en vez de asegurarles a los padres y familia que van a disponer del apoyo necesario para poder criar a su hijo.
Nos manifestamos claramente en rechazo de las prácticas discriminatorias sobre las personas vulnerables y frágiles de la sociedad, todas y más aún las que no han nacido. Se predispone a los padres negativamente con el falso argumento de respetar su ‘’capacidad de decidir’’ y se brinda información sesgada según un modelo de prescindencia, en la que se ve a la persona con discapacidad como una carga o un problema. Proponemos evitar preguntas del personal de salud, como: ¿Lo vas a tener igual?, ¿tomaste la decisión? No te hagas ilusiones hasta hacerte los estudios. Todos son muy provida hasta que les toca un síndrome de Down y allí abortan.
El debate sobre la ética del diagnóstico prenatal tiene larga data y nos lleva a preguntar: ¿es ético promover técnicas que llevan al aborto en más de un 90% de los niños en gestación?
Antes de buscar un artilugio para aumentar la edad gestacional sin tener que pasar por el Parlamento, reflexionemos qué sociedad decimos y decidimos tener. Les exigimos coherencia y respeto por los derechos humanos.
Hacemos un llamamiento a la Asociación Down del Uruguay y a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, por mencionar algunas organizaciones, si hubiera sido mejor que sus hijos no hubieran nacido.
