Cárceles y delincuencia

Comenzó la legislatura y ya hay proyectos de ley. Bien ahí, inicio quieren las cosas. Sobre todo si tratan cuestiones que arrastramos hace décadas sin lograr superarlas, por ejemplo, las cárceles y su correlato con la delincuencia que compromete el futuro nacional.

Sobre el tema cárceles, dejé estampadas un par de páginas. Parece oportuno traerlas a colación (Quo vadis, 2020, pág. 77 y 78).

“Seguridad

Poco puedo aportar que no haya sido dicho, corroborado, vivido y sufrido. El declive es enorme. Trastocó tradiciones. Mutiló vidas. Lo breve del texto es inversamente proporcional al descalabro. Por enésima vez cabe remarcar la carencia y falencia nacional: no se sistematiza. Ahí andan todos los involucrados mirándose de reojo y echándose culpas para no reconocer las propias. Tamaña irresponsabilidad debe tener coto.

No es cuestión estadística: Al inicio fue ‘herencia maldita’, luego ‘sensaciones térmicas’, más tarde ‘algo pasa pero vamos bien’, hoy el ‘código del proceso penal’. Mañana, Venezuela está peor. Mientras no se asuma que los derechos se sustentan en obligaciones y que el fiel de la balanza son las responsabilidades compartidas, seguiremos a la deriva. Nos hemos empachado de derechos sin su contraparte. De seguir así, perderemos lo logrado al enunciarlos y no practicarlos. Un corpus legislativo adiposo con escaso músculo ejecutivo. Así no.

Aclaro: La idea no es derogar derechos, es asumir las obligaciones que conllevan. Nos estamos deslizando hacia una democracia declarativa y poco ejecutiva. Descuidamos el Estado de derecho. Expertos en explicar por qué no hacemos lo que debemos. Y nos creemos muy vivos. Somos patéticos.

No soy experto, soy lego y diría que ignorante. Simple ciudadano. Las cárceles son consecuencia y causa del delito. Si es cierto, y lo es, algo hacemos mal. Configurado el delito en la Justicia, la responsabilidad del Estado es ejercer la autoridad —según el poder consentido— con la interacción del Poder Ejecutivo y el Judicial. Y aislar al delincuente para rehabilitarlo si corresponde. No entro en el proceso de prever, prevenir, combatir y reprimir el delito. Lo dejo a los lectores y expertos. Tampoco a las causas, la infantilización del delito, la falla educativa, la falta de oportunidades.

Sí dejo algunos mensajes obvios que es necesario dar y recibir:

1. El delito no paga; se paga. Mensaje claro y terminante. Derechos sí, deberes y obligaciones también. Y que no corra más lo de quedar sin antecedentes registrados más de una vez escasísimas excepciones especiales de las cuales habrá que llevar un registro ‘reservado’ a buen recaudo.

2. El delito se paga con aislamiento productivo y reflexivo, y en ese período se trabaja, se estudia, se aprende, se produce, se convive, se reflexiona, se forma. Se socializa. Con disciplina: trabajo y estudio ocho horas; deporte, recreación y socialización ocho horas, descanso ocho horas. ¿Régimen de cuarteles? Puede ser, no es el tema. Pupilos al estilo del viejo Colegio Pío, con amor y empatía. Del primero al último día de detención.

3. La libertad se dará con la cuasi certeza del deber cumplido:

• a) por parte del Estado brindar, exigir y controlar su misión, rehabilitar,
• b) por parte del imputado, aprovechar la oportunidad para reintegrarse a la sociedad,
• c) por parte de la sociedad, tener la garantía de que al liberado se lo controlará.

Y si alguna instancia falla, ir al hueso, a las responsabilidades: del delincuente, de los jerarcas, del Estado. Garantías a dar y a exigir.

4. La reincidencia tendrá una sanción penal que duplique lo que les corresponda a los primarios. Sin posibilidad de excarcelación antes de cumplir la totalidad de la pena. Cumplirla en el mismo régimen integral de recuperación del individuo. Y si vuelve a rerreincidir, jugar al truco: ‘Vale cuatro’. Hay que poder reconocer el fracaso. La cuestión es evitar la delincuencia. Se hace desde la familia, la escuela, la sociedad, el trabajo: con leyes claras y preclaras.

¿Cómo es que no hay un sistema de transición que abarque todo el período de prisión —del primer al último día— que les y nos asegure el goce de la libertad con mínimas garantías sociales? Esta es una cuestión a resolver.

El tema no es si la seguridad resulta onerosa, es que no tiene precio, sí valor. ¿Cuánto cuesta la ‘no seguridad’? Carísima en lo económico, ni hablemos de lo social y humano. Hora de rehabilitar. A delincuentes y a la política”.

Lo escrito hace cinco años sigue vigente. Hasta ahora, durante más de dos décadas, no hemos dado con la voluntad inteligente ni la disposición a acordar lo elemental: el interés general y el bien común.

Hay razones para ser optimistas. Tantas como para ser pesimistas. ¿Serán capaces? ¿Habrá voluntad? ¿Les alcanzará con un año o les llevará un quinquenio?

El tema y el problema no es de Uruguay. Es de nosotros, los uruguayos.

Nos falta ir a la secuencia del pienso, digo, hago, controlo, audito y evalúo. Si no lo logramos, seguiremos soñando con macroinversiones foráneas mientras emigramos neuronas. En proyectos o en cuerpo y alma. Un despropósito.

Gonzalo Pou