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    jueves 11 de julio de 2024

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    ¿Educadores, víctimas o culpables?

    POR

    Sr. Director:

    Los padres somos los responsables por darles a nuestros hijos las mejores posibilidades para que puedan triunfar en la vida. Todos queremos lograr que nuestros hijos sean personas de bien, honestas, educadas, ciudadanos con derechos y obligaciones.

    En todo ese combo, la educación juega un papel fundamental. Es un claro mecanismo de ascensión social. Queremos que nuestros hijos estudien. Todos pensamos que el mejor legado es apoyarlos en sus estudios.

    Esta tarea es compartida con quienes tienen a su cargo la tarea de enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos.

    Queremos que les toque la mejor maestra de la escuela; luego, queremos que sus profesores liceales sean los mejores, los más capacitados, los que saben más, según decimos algunos más ignorantes.

    Luego, llegan a la facultad y su vida estudiantil se modifica. Ahora son ellos los que buscan lo mejor, las cátedras más famosas, los cursos que más les aportan, etc., etc., y nosotros, los padres, hacemos lo posible y lo imposible para que puedan estar en la universidad y obtengan ese tan preciado título que los hará profesionales que podrán enfrentar la vida, formar su familia y ser felices.

    Cuando logramos cumplir con ese objetivo, nosotros también somos felices.

    Pero siempre hay cosas que nos preocupan, y algunas de ellas tienen un valor absoluto muy importante.

    Hace dos años, el Parlamento nacional, a través de una comisión investigadora, descubrió que algunos docentes de nuestro nivel medio, profesores de educación secundaria, habrían realizado algunos actos que los señalaban como posibles delincuentes. Algunos profesores habrían engañado al Estado, cobraban el sueldo sin trabajar, estaban estafando al Estado, habrían falsificado documentación y algunas otras cosas que esa comisión investigadora denunció.

    Esto es muy grave. ¿En manos de quién estábamos poniendo la educación de nuestros hijos?

    Cualquier padre pondría el grito en el cielo si descubre que quien está educando a sus hijos es un delincuente.

    Todo esto fue denunciado en Fiscalía hace ya dos años. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos noticias de que haya pasado algo en Fiscalía.

    Esto es muy preocupante.

    Fiscalía podría tranquilizar a los padres indicando que está todo bien, que fue un malentendido, que no hay pruebas y que los profesores son inocentes. Que fueron víctimas de un error de apreciación. Entonces todos los padres quedaríamos tranquilos porque nuestros hijos reciben la educación de personas honestas, educadores comprometidos con su labor.

    Y, si no fuera así, Fiscalía debería tranquilizar a los padres también indicando que, efectivamente, esos individuos cometieron delitos y deberán marchar presos, abandonando para siempre esa noble tarea de educar.

    De esta forma, los padres reconoceríamos que, cuando alguien se equivoca y comete actos delictivos, no importa quién sea, la Justicia actúa y pone las cosas en su lugar.

    Lamentablemente no es eso lo que está ocurriendo.

    Fiscalía no dice nada, no hace nada; los individuos denunciados siguen su trabajo sin que nadie pueda saber si son víctimas o culpables, y los padres seguimos con la incógnita de saber si quienes están educando a nuestros hijos son personas honestas o son delincuentes.

    Podrán darse cuenta todos los actores de Fiscalía que eso es un calvario para todos los padres que tienen a sus hijos en la educación secundaria. No sabemos quién está con nuestros hijos en los liceos.

    La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) es la que está en el ojo de la tormenta.

    Nos negamos a creer que en este caso haya un problema de corporativismo. La Asociación de Fiscales es del PIT-CNT, y FENAPES es uno de los sindicatos más importantes del PIT-CNT, pero cuando se trata de que cada uno cumpla con la función que tiene asignada, el fiscal designado para este caso debe actuar, independientemente de quién sea que se deba investigar.

    Así entiende el pueblo uruguayo que debe actuar el sistema de justicia.

    La fiscal de Corte debe tomar cartas en este asunto y, si debe cambiar el fiscal asignado, que lo haga. Los padres de alumnos de la educación secundaria necesitamos saber qué pasa con esta denuncia que fue hecha por el Parlamento uruguayo. No fue cualquier hijo de vecino que denunció y, aun en ese caso, igual Fiscalía ya debería de haber dicho algo.

    Si no hay novedades, debemos darle la razón al Sr. Presidente de la República cuando dice que hay casos que van a 180 km/h, pero otros no se mueven. ¿Por qué será? ¿Cuál es el motivo?

    Los padres uruguayos quieren la verdad.

    Prof. Julio Wasen