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Planteos que circulan en el ámbito de la salud pública sobre aborto a concebidos con discapacidad son ilegales.
En recientes declaraciones en el programa 970 Noticias, de radio Universal, el subsecretario de Salud Pública, consultado sobre ampliar el plazo para abortar, manifestó que cuando se detectan malformaciones, a las 12 semanas de gestación, o a las 13 o 14, somete a la mujer y la familia a una gran angustia porque saben que hay una alteración en el desarrollo del feto y, si resuelven la interrupción, no tienen la cobertura legal. Por eso sería necesario ampliar el plazo para abortar; no siendo preciso a cuántas semanas más se refería. Es decir, matarlo, porque el niño por nacer “puede” tener alteraciones. Trabajar para seleccionar quién nace y quién no.
Ojalá el subsecretario de Salud Pública tuviera presente la carta que oportunamente la Asociación Down del Uruguay enviara a una exsenadora que pretendía impulsar una idea similar. Solo dos párrafos de esa carta, bien fundados y contundentes, muestran que el tema no admite posición en contrario:
“El aborto en razón de la discapacidad viola el propósito u objeto del Tratado, viola la prohibición de discriminación por motivo de discapacidad establecida en la Convención, viola los principios generales que establece la Convención para su interpretación y aplicación, y viola el derecho a la vida de las personas con discapacidad, reconocido en la Convención (se refiere a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad votada en la Asamblea General de la ONU en diciembre del año 2006, a la cual nuestro país firmó su adhesión y se comprometió a respetar en todos sus principios y derechos).
(…) Como bien afirman Parens y Asch en un artículo emblemático, las decisiones de los padres ante el diagnóstico prenatal estarán bien informadas —es decir, los ejercicios de libertad serán auténticos— sólo cuando las personas que conforman nuestra sociedad se avengan a aprender lo que de verdad la discapacidad significa, tanto para los propios individuos como para las familias. (…) El progreso auténtico consiste en aceptar con amor a ese ser humano y contribuir a que desarrolle sus reales e inagotables capacidades”.
No es posible admitir que se trabaje para matar a nuestros semejantes. Debemos estar atentos al peligro y no permitir que se produzca, porque en este caso lo que aspira el funcionario público aludido es generar, como mínimo, más muertes.
No necesitamos funcionarios públicos que trabajen así, necesitamos personas que lo hagan para salvarnos de “la gran caída” que sufrimos de la natalidad, que ha llevado a los expertos a hablar del “fin del período de crecimiento poblacional en Uruguay”.
