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Cuando trascendió el compromiso que nuestro país asumió con TCP-Katoen Natie respecto a la terminal de contenedores, a través del contrato de 25 de febrero de 2021 y los decretos 114 y 115 que le dieron el marco jurídico, recordando al ilustre presidente de mi querido club Defensor, don Luis Franzini, que utilizaba con frecuencia esa terminología, sostuve que se iba a generar un campo de Agramente en el Puerto de Montevideo.
Con esa expresión quise decir que lo acordado iba a dar lugar a conflictos, controversias, discordias y litigios, y el tiempo transcurrido me está dando la razón por las siguientes circunstancias:
el Puerto de Montevideo redujo su operativa de contenedores en un 40% en números redondos, y solo de enero a junio del presente año en un 30%;
se perdieron las cargas paraguayas;
compañías navieras de enorme importancia, como MSC y Hapag, eluden el Puerto de Montevideo; en el caso de MSC, que hacía completado de cargas en nuestra principal terminal portuaria, ahora opera desde Zárate en el río Paraná con un buque feeder y va, directamente, hasta el Puerto de Río Grande sin hacer más escala en Montevideo;
se ha constituido el tribunal arbitral del Ciadi para laudar respecto a la demanda contra nuestro país por parte de Neltume Ports S.A., que, en su condición de accionista de Montecon y al amparo del tratado de protección de inversiones con Chile, reclama una reparación de US$ 600 millones por los pretensos perjuicios que le ha causado el contrato de la referencia;
mientras tanto avanza el trámite de la acción de nulidad interpuesta por los decretos 114 y 115 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que puede dar lugar a nuevos reclamos de enorme importancia;
no se puede dragar el canal de acceso a 14 metros de profundidad por falta de recursos;
las obras civiles que se comprometió a realizar TCP-Katoen Natie llevan un atraso de más de dos años;
varias empresas que operan en el Puerto de Montevideo, por la significativa baja de la operativa, se encuentran con dificultades por la reducción de sus ingresos y la Administración Nacional de Puertos (ANP) no les asegura el equilibrio sobre la ecuación financiera de las mismas.
Con este escenario, nadie lo gana, todos pierden, en particular la economía del país, los trabajadores que quedarán cesantes y, sobre todo, como siempre, el pueblo uruguayo, que deberá pagar las deudas que se generen. Por eso, hay que procurar soluciones conciliatorias y negociar.
Con TCP Katoen-Natie y Montecon, debe de triangularse una negociación entre esas empresas y la ANP, partiendo de una premisa: ambas pueden convivir en el Puerto de Montevideo, y el Estado uruguayo debe darles el marco de seguridad y estabilidad para que continúen efectuando inversiones en tecnología para el mejoramiento portuario. Obviamente, de alcanzarse un acuerdo, con recíprocas concesiones, dejamos fuera al Ciadi y al TCA, nada menos.
Hay que acordar, también, con las compañías navieras un marco comercial que les resulte atractivo para operar en el Puerto de Montevideo.
También se debe continuar negociando el retorno de las cargas paraguayas.
La profundización del canal de acceso puede dilatarse, creo que ante el panorama antes descrito podría dilatarse la inversión, hasta alcanzar los acuerdos referidos.
Con los operadores que están sufriendo financiera y comercialmente la sensible baja de la operativa, el gobierno y la ANP deben contemplarlos, buscar fórmulas conciliatorias, porque lo peor que le puede pasar a nuestro principal puerto es encontrarse con cientos y cientos de trabajadores cesados o despedidos.
Por último, una enfática recomendación al señor presidente Yamandu Orsi y a la señora ministra Lucía Etcheverry, como mediadores o moderadores en esas rondas de negociación, no pongan ignaros en esos temas, designen a especialistas.