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La víctima de este repudiable atentado ocupa —por subrogación— el cargo de fiscal de Corte. Sobre su continuación en el desempeño de esa función, los distintos partidos políticos tienen posiciones diversas. Desde el Frente Amplio sostienen que debe designarse para ese cargo a otro funcionario, para evitar que en vez de una subrogante lo ocupe alguien designado por la Asamblea General. Sostienen que, así, el titular de esa repartición gozaría del apoyo y la legitimación derivados de haberse cumplido con el trámite constitucional que regula ese nombramiento.
Por su parte, la oposición ve con buenos ojos la continuidad de Ferraro como fiscal general. Para ello, argumentan su idoneidad profesional y su satisfactoria experiencia como fiscal cuando tuvo que actuar, precisamente, en el combate al narcotráfico, actividad desde la cual se presume que se originó el atentado. A ello se suma la nada despreciable gestión que viene cumpliendo como jerarca de ese servicio. El atentado del que acaba de ser víctima opera como elemento catalizador que resulta insoslayable incluir en el análisis.
Debido a su ejecución se puede sostener que las distintas posiciones sustentadas por el oficialismo y la oposición en lugar de ser opuestas pueden considerarse complementarias. Las declaraciones de integrantes de todo el espectro político nacional han sido contestes en enfatizar su apoyo a la Dra. Ferrero y cerrar filas sin ceder un paso contra la modalidad de atentados como los que ella padeció.
A estas declaraciones debe agregarse lo expresado a la prensa por el ministro del Interior, la reunión convocada por el presidente de la Republica y los representantes de los partidos políticos, como así también las declaraciones que, sin excepción, realizaron sus respectivas autoridades. La consecuencia natural de esta situación sería que la Asamblea General apruebe la venia para designar a la Dra. Mónica Ferrero como fiscal general.
Ello supondría las siguientes ventajas:
Ferrero tendría el apoyo formal que toda la dirigencia política, sin excepción, declaró estar dispuesta a darle.
Todo el sistema político estaría materializando su vocación de defender la institucionalidad.
El atentado es prueba de que se perpetró contra una funcionaria incorruptible.
Sería una señal clara para los delincuentes de que no se está dispuesto a dar ni un paso atrás, como lo expresó el Poder Ejecutivo.
