Tenfield ya había anticipado la probabilidad de una demanda en agosto, cuando todavía la licitación estaba en diseño y no había sido elevada al Consejo de Fútbol Profesional de la AUF, compuesto por las 30 instituciones de Primera y Segunda División. “Confiamos en que la AUF dará estricto cumplimiento a todos los términos contractuales en el venidero proceso competitivo, a efecto de evitar las consecuencias legales de su inobservancia, lo cual incluye la aplicación de una multa, más los daños y perjuicios previstos”, indicó la empresa en una carta firmada por Carlos Moyano, uno de sus ejecutivos.
Aún más contundente fue Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, durante la sesión del 25 de setiembre del Consejo de Fútbol Profesional donde se aprobó la licitación. “A mí me preocupa la contingencia judicial que puede crear esto. Porque la verdad que esto nos puede traer un problema si mañana tenemos un reclamo”, dijo dirigiéndose a Ignacio Alonso, presidente de la AUF. “¿Usted sabe que podemos tener una multa de US$ 15 millones? Y súmele a eso daños y perjuicios. ¿Cuánto nos va a quedar si mañana no tenemos éxito en una contienda judicial? ¿Cuánto nos puede quedar? Y usted sabe que los juicios son juicios y se pueden ganar o perder. Después, a no quejarse”, señaló.
Cerro Largo es uno de los miembros de la Unión de Clubes, una organización formada por instituciones que critican la gestión de Alonso, a quien acusan de irregularidades económicas y falta de transparencia en la administración de fondos, de favorecer a gremios como los futbolistas y los árbitros en detrimento de los clubes y de abrir una licitación en bloques y con un piso alto de ingreso anual en un contexto incierto sobre las empresas dispuestas a ofertar. El club patrocinó al abogado Daniel Ochs en una acción de amparo presentada en agosto ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º turno, donde reclamó que la AUF no proporcionó debidamente la información utilizada para elaborar la licitación. El caso quedó archivado.
¿Qué puntos cuestiona Tenfield?
El pliego que licitará los derechos del fútbol uruguayo fue realizado por el Comité Ejecutivo de la AUF con el asesoramiento de empleados argentinos de la consultora británica Ernst & Young. También participaron el equipo de compliance interno y la Comisión de Contralor y Transparencia de la AUF, dos abogados externos —Martín Risso y Gonzalo Ramírez— y dos comisiones —una jurídica y otra comercial— integradas por representantes de clubes, algunos más alineados a la AUF y otros a Tenfield, entre ellos Ochs en nombre de Cerro Largo.
La licitación se organiza en tres bloques: el primero agrupa los derechos comerciales, el segundo la producción técnica de las transmisiones, el tercero la explotación comercial en los estadios. La suma total de los derechos asciende a US$ 184 millones por los cuatro años, un monto que la AUF fijó como piso garantizado en su pliego, equivalente a US$ 46 millones anuales.
Antes de poner el pliego a consideración de las instituciones, la AUF solicitó un informe legal sobre la división de los derechos a Risso, profesor de Derecho Constitucional y director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. El informe se sustentó en el acuerdo actual entre la AUF y Tenfield, firmado originalmente en 2012 y renovado en 2016, que contiene una cláusula según la cual “el objeto del contrato de cesión es indivisible”. Para Risso, esta cláusula no es de excepción, sino que se trata de “una típica disposición contractual que vencerá el 31 de diciembre de 2025”, por lo cual no existe “incumplimiento alguno de la AUF en la paquetización” de derechos que realizó en la licitación. “Lo no comprendido en la cláusula de excepción forma parte de la libertad contractual del único titular de los derechos, la AUF”, concluye el catedrático en el análisis entregado a la AUF el 15 de setiembre.
“Es un pliego jurídicamente incuestionable”, dijo Alonso en su cuenta de X, el 25 de setiembre.
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Francisco Casal, propietario de Tenfield, será quien decida si la empresa participa de la licitación abierta por la AUF.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Nacional, que aprobó la licitación, justificó esta decisión por mandato de su asamblea de socios y tras asegurarse de que no infringía el acuerdo AUF-Tenfield. “Analizada particularmente la regularidad jurídica de ese llamado por rubros”, se descarta que dicho llamado “vulnere la indivisibilidad del objeto regulada en el contrato vigente, prevista para su ejecución y no regulada para el (futuro contrato) o los futuros contratos, todo con fundados informes jurídicos”, informó el club en un comunicado de prensa publicado el 24 de setiembre, un día antes de la votación en la AUF.
Además de la posición divergente entre la AUF y Tenfield respecto a la división de los derechos, otro de los puntos legales en discusión refiere a otra cláusula del acuerdo vigente, que establece que en forma previa a la finalización del contrato las partes negociarán de buena fe la celebración de un nuevo contrato. Ese período venció el 4 de julio sin que se lograra la renovación. Según Giménez, la AUF no cumplió con el acuerdo, ya que rechazó una oferta presentada por la empresa sin devolver ninguna contrapropuesta cuando aún había plazo para negociar. “Estábamos negociando de buena fe y se rompió la buena fe. La tercera reunión ustedes la suspendieron”, le dijo a Alonso durante el programa Polideportivo de Teledoce el 14 de setiembre. La propuesta de Tenfield consistía de US$ 25 millones anuales más US$ 5 millones de merchandising también al año.
En el análisis legal que presentó a la AUF, Risso también abordó este debate con una opinión favorable a la asociación: “Se realizaron tres extensas reuniones presenciales, innumerables llamadas de teléfono, comunicaciones por WhatsApp. El último día de negociaciones varios miembros del Comité Ejecutivo de la AUF y abogados aguardaron hasta tarde, en la sede de la AUF, una contraoferta de Tenfield o una solicitud para prorrogar el plazo, pero no ocurrió ninguna de las dos cosas, sino que solo se presentó una nota de Tenfield invocando que la AUF había negociado de mala fe”.
La decisión de los clubes del fútbol uruguayo
El Consejo de Fútbol Profesional apoyó el pliego de la AUF con el respaldo de Albion, Artigas, Atenas, Boston River, Central Español, Cerro, Cerrito, Colón, Danubio, Defensor Sporting, Deportivo Maldonado, Fénix, Juventud de Las Piedras, La Luz, Montevideo City Torque, Montevideo Wanderers, Nacional, Oriental, Plaza Colonia, Racing, Rampla Juniors, Rentistas y Tacuarembó. En contra votaron Cerro Largo, Liverpool, Miramar Misiones, Peñarol, Progreso, River Plate y Uruguay Montevideo. Antonio Palma, presidente de Liverpool, se refirió al pliego como “la carta de defunción del fútbol profesional”.
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Antonio Palma, presidente de Liverpool, durante una reunión de clubes en la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
Palma ha sido, junto con Dehl e Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, uno de los directivos que más ha criticado a Alonso, quien fue electo presidente de la AUF en 2019 y reelecto en 2023 hasta 2027. Indicó que la licitación “es muy poco transparente” y que la Unión de Clubes, integrada también por Liverpool, tenía una versión más sencilla que la AUF nunca evaluó.
El pliego que recibirán los interesados se divide en tres bloques. El primero regula la adjudicación de los derechos comerciales del fútbol uruguayo, incluyendo la transmisión televisiva nacional e internacional (televisión abierta, cable y plataformas OTT), la explotación de resúmenes y cápsulas de video, el merchandising oficial, el uso de datos estadísticos y los derechos de patrocinio. El segundo bloque abarca la producción técnica de las transmisiones, como cámaras in situ, móviles de producción, distribución de señal y producción de VAR (video assistant referee, “árbitro asistente de video”). El tercer bloque se centra en el componente comercial visible en los estadios durante los partidos: kits de marca, cartelería física y luces led perimetrales, tapetes publicitarios 3D, señalética y logística de montaje y desmontaje de estos elementos. La modalidad busca maximizar los ingresos para los clubes.
En un comunicado, la AUF destacó la votación de la licitación como “un momento histórico, el comienzo de una nueva era y un hito trascendental” para el fútbol uruguayo. “Un proceso sin precedentes” que desembocó en “la confección en un escaso margen de tiempo” de un proceso licitatorio abierto, internacional, público y al mejor postor. “El resultado es un pliego que no solo incorpora los fundamentos más modernos a nivel de mercado, sino que también se alinea con las prácticas de las ligas más importantes a nivel global”, indicó la asociación, que espera tener vendidos los bloques para los primeros días de diciembre.
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Ignacio Alonso, presidente de la AUF, a la salida de uno de los encuentros que mantuvo con Tenfield en julio para intentar renegociar el contrato de televisación del fútbol uruguayo.
Daniel Rodríguez/adhocFOTOS
Más allá de Tenfield, entre los probables oferentes que se han comunicado con la AUF están DirecTV, TNT y Clarín, así como canales abiertos uruguayos y empresas locales que buscan asociaciones para competir en algunos de los bloques. Guillermo Tofoni, empresario argentino que ha trabajado en la organización de amistosos para la selección uruguaya e intermedió para la llegada de una sociedad anónima deportiva a Rampla Juniors, busca reunir fondos de inversores europeos.
En la sesión del Consejo de Fútbol Profesional, Dehl advirtió que el piso de US$ 46 millones establecido por la AUF parece alto en relación con la situación del mercado local y regional de televisación del fútbol, en un contexto de incertidumbre porque la forma de consumo de fútbol está en plena transición con el auge del streaming. “Vio que ahora el cable está muy mal y mucha gente se va hacia la piratería”, afirmó el presidente de Cerro Largo. Una postura similar tiene Giménez. “El cable se está cayendo mes a mes, no es un cuento. Hay que invertir más de US$ 100 millones en cuatro años. Es mucho dinero el que se puede perder. Te podés pegar un palo grande por como viene la cosa”, sostuvo a Búsqueda.
El actual frente judicial de la AUF
Autoridades actuales y pasadas de la AUF ya libran una batalla en la Justicia tras una demanda presentada el año pasado ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez. Firmada por Cerro Largo y Liverpool, entre otros clubes, argumenta que Alonso y otros integrantes del Comité Ejecutivo (el vigente y el que gobernó entre 2019 y 2023) efectuaron balances falsos y desvíos de fondos. El 14 de setiembre, en el programa Polideportivo, Alonso admitió públicamente que la demanda tiene el respaldo de Tenfield. “Me ofende que una consultora prestigiosa se haya prestado para hacer un informe a través del cual se presentó la denuncia. Casualmente es la empresa auditora de Tenfield, ¡mire usted que casualidad! Eso configura claramente que por detrás de la denuncia penal hubo toda una intención de desestabilizar al Comité Ejecutivo de la AUF de cara a este año de la venta de derechos de televisión”, dijo refiriéndose a UHY Gubba & Asociados, una consultora local.
El caso sigue investigándose y Rodríguez ha solicitado la comparecencia de Alonso, así como la entrega de informes financieros y contables a la AUF. El 12 de setiembre, la AUF emitió un comunicado donde destaca las conclusiones de un informe técnico producido por la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación. “Respalda de manera inequívoca la transparencia y la correcta gestión financiera y administrativa de nuestra asociación”, afirma sobre algunos de los puntos cuestionados por los demandantes, como diferencias contables con ingresos recibidos desde la Confederación Sudamericana de Fútbol, incremento de gastos y el mecanismo utilizado por la AUF para la transferencia de anticipos a los clubes.
