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Preocupa en el Frente Amplio falta de presupuesto para sitios de la memoria
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la fuerza política, Adriana Barros, dijo que la Inddhh debería pedir más recursos para cumplir con la ley y calificó las actuales asignaciones como una “limosna”
Algunos dirigentes frenteamplistas se fueron preocupados de la Mesa Política del pasado 22 de setiembre. En la sesión del ejecutivo de la coalición de izquierdas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Adriana Barros, alertó por problemas financieros para designar nuevos sitios de la memoria si la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), cuya financiación depende del Parlamento, no recibe un incremento presupuestal.
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Según relataron fuentes que participaron en el encuentro, Barros compartió con la comisión un informe en el que sostuvo que existen dificultades presupuestales no solo para la designación de nuevos sitios, sino también para el mantenimiento de los ya existentes. Los recursos con los que actualmente se cuenta para aplicar la Ley de Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente, dijo la dirigente frenteamplista, son una “limosna”.
Según Barros, es la Inddhh la que debe solicitar los recursos necesarios ante el Parlamento, que es quien aprueba su presupuesto. “Si el Consejo Directivo de la Inddhh no solicita los recursos necesarios, los Sitios de Memoria quedan sin un respaldo presupuestal estable”, advirtió la dirigente.
Minutos antes, Barros había enfatizado la necesidad de que la casa de Punta Gorda conocida como Infierno chico, donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura, sea declarada como sitio de la memoria. También comunicó que la Comisión de Derechos Humanos respaldaba la propuesta del Partido por la Victoria del Pueblo para que también sea declarado como sitio de la memoria un apartamento ubicado en Ramón Masini 3044, que es propiedad de las Fuerzas Armadas, donde fue secuestrada la maestra Elena Quinteros, hoy desaparecida. Esa declaración no necesariamente implica la compra del inmueble.
Veinte sitios de la memoria
La designación de sitios de la memoria está a cargo de una comisión honoraria creada por la Ley Nº 19.641. Esa comisión depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es, a su vez, un organismo del Poder Legislativo. Por eso su presupuesto es votado de forma separada al del proyecto de Presupuesto Nacional que actualmente está a estudio en el Parlamento.
En 2023, la Inddhh ejecutó unos $ 2 millones para Sitios de la Memoria a través de fondos concursables, el 97% del monto que tenía asignado a esos efectos, según consta en el informe anual que el organismo envió a la Asamblea General el año pasado. Un año antes ya existían 20 sitios de la memoria y 20 señalizaciones en todo el país, distribuidos en 11 departamentos.
Aprobada en 2018, la ley define a los sitios de la memoria como “inmuebles públicos o privados, espacios públicos y otros lugares vinculados a hechos ocurridos con violaciones de los derechos humanos o resistencia de individuos u organizaciones contra el terrorismo y uso ilegítimo del poder del Estado”. Se trata, dice, de sitios “utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades”.
